Hemos rechazado lo ocurrido. Las investigaciones en curso determinarán las responsabilidades. Pero si eso es todo, no estamos tocando nada de lo que generó lo que vimos.
Gráfica de agresión a ministra de Ciencia / Agencia Uno
Cada vez que ocurre un hecho de violencia en una universidad, la respuesta sigue el mismo guión: condena, querella, investigación interna. Y luego, silencio. Hasta el próximo episodio.
El miércoles 8 de abril, la ministra Ximena Lincolao fue empujada, hostigada e insultada al salir de la Universidad Austral de Chile. La condena fue transversal: el Gobierno presentó una querella, la universidad abrió una investigación interna y el Consejo de Decanas y Decanos de Educación del CRUCH rechazó los hechos.
El debate se instaló en el cruce de versiones entre el gobierno y la rectoría sobre quién debía garantizar la seguridad. Es una discusión que tiene sentido. Pero mientras se desarrolla, otra queda sin hacerse: ¿qué condiciones hicieron posible que esto ocurriera?
Los carteles que sostenían los estudiantes dan un insumo: CAE, abandono del SLEP, derechos en riesgo. Demandas legítimas, pero dirigidas a una ministra que no tiene atribuciones directas sobre ninguna de ellas. Esa distancia entre el malestar y su destinatario real es parte del problema: cuando no hay canales claros hacia quienes sí deciden, la rabia encuentra otros blancos.
Vale decir, además, que la estrategia de desescalar antes de llamar a Carabineros no parece descabellada en un espacio universitario. Las universidades no son comisarías, y la presencia policial en contextos de protesta estudiantil tiene efectos conocidos en la radicalización. Que no haya funcionado esta vez no significa que la decisión fuera equivocada.
La investigación sobre violencia en contextos universitarios identifica una tríada que, cuando se presenta completa, hace que la escalada sea mucho más probable. Estudiantes que llegan cargando experiencias de violencia previa y formas de manejar la rabia que, en contextos de alta tensión, terminan dirigiéndose hacia quienes representan la autoridad. Grupos donde enfrentarse a esa autoridad aparece como la única respuesta con sentido. E instituciones percibidas como sordas, lejanas e injustas. Ninguna de estas condiciones por sí sola explica lo que pasó en Valdivia. Las tres juntas sí.
El problema es que el enfoque predominante no toca ninguna de esas tres condiciones. Responder con más reglamentos, más protocolos y más sanciones es moverse en la superficie. La violencia universitaria se trata casi siempre como un riesgo a controlar, no como un fenómeno relacional con raíces que no siempre son ajenas a la institución.
Actuar de otra manera exige cosas distintas. Participación que no sea decorativa: el estudiantado no puede seguir con voto marginal en consejos que deciden sobre su vida universitaria, ni quedar afuera de la elección de quienes los gobiernan. Y reconocer que los líderes estudiantiles son actores clave en estos episodios, no solo protagonistas a sancionar.
Hemos rechazado lo ocurrido. Las investigaciones en curso determinarán las responsabilidades. Pero si eso es todo, no estamos tocando nada de lo que generó lo que vimos: ni la carga que traen algunos estudiantes, ni los grupos donde enfrentarse es la única respuesta con sentido, ni las instituciones que acumulan malestar sin canales para procesarlo. Esa tríada seguirá intacta. Y el próximo episodio, también.