La primera Cuenta Pública de José Antonio Kast buscó exhibir austeridad, responsabilidad fiscal y rumbo económico. Pero mientras él hablaba de disciplina y sacrificios, su gobierno preparaba una solicitud para aumentar la deuda pública en US$6.200 millones.
Minuto a Minuto de El Desconcierto sobre la primera Cuenta Pública de José Antonio Kast - Agencia Uno
Por momentos, la primera Cuenta Pública del presidente Kast pareció menos una rendición de cuentas que una cuidada pieza de ficción política. Durante más de dos horas escuchamos hablar de austeridad, responsabilidad fiscal, crecimiento y sacrificios necesarios. Sin embargo, apenas concluyó la ceremonia, el mismo gobierno anunciaba que solicitaría al Congreso autorización para aumentar el endeudamiento público en US$6.200 millones.
No se trata de una cifra menor. Compromete las finanzas nacionales, acerca la deuda al límite prudencial del 45% del PIB y, curiosamente, no ocupó un lugar proporcional en el mensaje presidencial. Quizás porque hay verdades que lucen mejor escondidas en la letra chica que expuestas bajo los focos.
La ironía es imposible de ignorar. El gobierno que llegó prometiendo terminar con el despilfarro hoy pide más deuda. El que denunció durante años el endeudamiento como prueba de irresponsabilidad fiscal recurre exactamente a la misma herramienta que condenaba. El que aseguró que bastaba voluntad política para ordenar las cuentas públicas reconoce, apenas unos meses después, que necesita miles de millones de dólares adicionales para cuadrar la caja. Al parecer, la realidad fiscal ha resultado bastante menos obediente que los slogans de campaña.
Por supuesto, La Moneda tiene explicaciones. El ministro Jorge Quiroz habla de menores ingresos, mayores gastos, compromisos impagos y un déficit superior al proyectado. También sostiene que parte importante de estos recursos permitirá regularizar deudas con proveedores y pymes. Todo eso puede ser cierto. Pero el problema político no está en las explicaciones técnicas, sino en la contradicción que las vuelve necesarias.
Mientras se anunciaban recortes en ministerios, programas y servicios públicos; mientras se repetía a las familias chilenas que había que apretarse el cinturón; mientras la austeridad era presentada casi como una virtud moral, el gobierno impulsaba una reforma económica cuyo principal alivio tributario favorece a empresas y sectores de mayores ingresos. Y ahora, cuando las cuentas no alcanzan, la diferencia se cubre con deuda.
La pregunta surge inevitablemente: ¿quién paga realmente la fiesta? Porque la deuda pública no la pagan los discursos ni las conferencias de prensa. La pagan los contribuyentes de hoy y de mañana. La pagan futuras inversiones en salud, educación, vivienda e infraestructura. La pagan generaciones que heredarán una mochila financiera más pesada mientras observan cómo los beneficios inmediatos se concentran, una vez más, en los sectores mejor posicionados para capturarlos.
Y aquí aparece una segunda ironía. En la misma Cuenta Pública donde se anunció un aporte extraordinario para niños de familias vulnerables, el beneficio consistió en un pago único de 30 mil pesos. Treinta mil pesos. Una cifra que difícilmente altera la vida de quienes enfrentan diariamente el aumento del costo de la vida.
Mientras tanto, el debate económico gira en torno a miles de millones de dólares destinados a sostener una estrategia fiscal cuya viabilidad ya era cuestionada antes de entrar en vigencia. La comparación no es odiosa; es reveladora. Expone una escala de prioridades que el gobierno probablemente preferiría no explicar en detalle, porque cuando los recursos parecen escasos para la mayoría pero abundantes para ciertos beneficios tributarios, la discusión deja de ser económica y se transforma en una cuestión política.
Lo más llamativo es que nada de esto cayó del cielo. Economistas y organismos especializados advirtieron reiteradamente los riesgos de reducir recaudación apostando a que el crecimiento compensaría posteriormente los ingresos perdidos. Era una apuesta optimista. Algunos dirían temeraria. Hoy la realidad comienza a enviar la factura. Y las facturas, a diferencia de las promesas electorales, sí deben pagarse.
Pero quizás el dato más relevante no está en los balances fiscales ni en los informes económicos. Está en la calle. Porque el malestar comienza a hacerse visible. Todavía disperso, todavía sin una expresión unificada, pero cada vez más evidente. El aumento del costo de la vida, los combustibles, los recortes presupuestarios y la creciente distancia entre las expectativas prometidas y los resultados concretos están generando frustración.
Durante la campaña se prometió orden. Después se pidió paciencia. Más tarde se pidió comprensión. Ahora se pide endeudamiento. La secuencia sería cómica si no fuera tan costosa. Hay gobiernos que sobreviven a promesas incumplidas. Lo que rara vez resisten es la acumulación de contradicciones entre lo que ofrecieron para conquistar el poder y lo que terminan haciendo una vez instalados en él.
Cuando la ciudadanía empieza a sospechar que le vendieron una historia distinta de la que está viviendo, el problema deja de ser contable y se transforma en político. La Cuenta Pública intentó proyectar la imagen de un gobierno firme y con rumbo claro. Sin embargo, la noticia que terminó dominando la jornada fue otra: que el mismo gobierno que prometió austeridad necesita endeudar a Chile en US$6.200 millones adicionales para sostener su propio diseño económico.
La realidad tiene una costumbre cruel con todos los gobiernos: tarde o temprano termina imponiéndose sobre los relatos. Y cuando eso ocurre, ninguna Cuenta Pública alcanza para evitar la verdadera cuenta que termina presentando la ciudadanía.