Las familias chilenas no viven de metáforas. Y frente al alza sostenida en el costo de la vida, en combustibles y alimentación, lo que corresponde preguntarse es si existe detrás una política con diseño, financiamiento y trayectoria.
A 82 días del inicio del gobierno, el Presidente acumulaba un conjunto de deudas bien conocidas por la ciudadanía: los compromisos de campaña que tenían fecha de caducidad, sobre todo en materia de seguridad. Pero la cuenta que se esperaba no llegó. Tampoco la explicación. El plan 90 se quedó en algún cajón.
Lejos de referirse a ellos, el Presidente hizo un replanteamiento de su proyecto refundacional. Según sus propias palabras, el gobierno avanza en tres pilares: recuperar el orden y fortalecer la seguridad, impulsar la reconstrucción del país y su institucionalidad, y reactivar la economía para generar empleo. Elementos que ya habían acompañado la presentación de la megareforma que tramita a toda prisa en el Congreso y que bautizó como "reconstrucción".
Su alocución fue más la de un comentarista que la de un Presidente en ejercicio: mucha opinión, abundantes adjetivos calificativos, pocas metas verificables y varios guiños al mundo de la derecha y a su propia coalición, referencias que un lector ajeno a ese universo político difícilmente captaría como lo que son.
El discurso estuvo poblado de calificativos como "enorme", "profundo", "decisivo", "histórico" y "fundamental", aplicados a casi todo por igual, mientras escaseaban los compromisos con fecha, monto y responsable. Lo que abunda en el discurso expone, también, lo que escasea. Gobernar no es solo hablar abundantemente de dos cosas: se requiere visión de Estado para hacerse cargo de un conjunto de realidades simultáneas, con diseño, planes y recursos.
Una parte significativa del discurso parece orientada a demostrar que el Presidente conoce al país. Lo hace a través de un recurso recurrente: dar voz a los relatos de dificultad cotidiana. El paciente que lleva años en lista de espera sin fecha de atención, la mujer joven que postula a veinte trabajos y no recibe respuesta, las noches sin dormir de quienes no llegan a fin de mes. Son imágenes efectivas, pero funcionan como espejo, no como política.
Las familias chilenas no viven de metáforas. Y frente al alza sostenida en el costo de la vida, en combustibles y alimentación, lo que corresponde preguntarse es si existe detrás una política con diseño, financiamiento y trayectoria. La respuesta, en esta cuenta pública, fue esquiva. Se trata siempre de una promesa lejana que requiere fe y esperanza, pero que, al igual que con la megareforma, carece de una ruta demostrable.
La preocupación no es menor: el gobierno parece indolente frente al costo de la vida. El caso más ilustrativo es el bono de $30.000 por hijo para el 80% más vulnerable, presentado simultáneamente como alivio ante la crisis de precios y como política de natalidad, al darse solo una vez. Ninguna de las dos funciones puede cumplir con esa magnitud: es insuficiente como compensación dada el alza en el costo de la vida y es irrisorio como incentivo demográfico.
Más preocupante aún es el silencio sobre el financiamiento del conjunto de medidas anunciadas. El Presidente no hizo ninguna referencia al recorte de $413 mil millones ejecutado en el presupuesto del Ministerio de Salud, ni ofreció una explicación de cómo se sostienen fiscalmente las decenas de iniciativas enunciadas.
En su lugar, el discurso apeló con insistencia a la resiliencia histórica de Chile, a su capacidad de sobreponerse a terremotos, crisis económicas y divisiones políticas. Es una apelación legítima en términos valóricos, pero insuficiente como argumento de gobierno. Resistir no es lo mismo que resolver. Cuando la resiliencia histórica de Chile se convierte en el sostén implícito de una megareforma cuyos costos no se explicitan, se está trasladando la carga a quienes menos pueden absorberla.
Lo que Chile tiene derecho a exigirle a su gobierno es distinto y más preciso que un catálogo de buenas intenciones. Requiere un plan: saber hacia dónde se lleva al país, con qué recursos y a qué costo. Requiere que el gobierno sea capaz de anticipar las consecuencias de lo que propone y de dar garantías de que esas consecuencias no serán negativas para quienes más lo necesitan. La ausencia de un plan de seguridad con resultados verificables en estos primeros 82 días es, precisamente, el ejemplo más claro de lo que ocurre cuando un gobierno avanza con puros eslóganes... Los anuncios se acumulan, los plazos vencen y la cuenta sigue pendiente.
Al final del discurso, el Presidente reafirmó su visión ideológica: que Chile se levanta desde la emergencia, que el orden es condición de la libertad, y que el esfuerzo individual es el motor del progreso. Apeló a los héroes cotidianos, al bombero, a la enfermera, al pequeño empresario, a los padres que se sacrifican en silencio. Es el Chile que él dice querer servir. Pero ese Chile no necesita que le nombren su propio esfuerzo: necesita un gobierno que sea transparente sobre a dónde lo está llevando y que pueda demostrar que el camino no terminará en un costo que, una vez más, paguen los de siempre.