El Registro Social de Vándalos creado por el gobierno de Kast, penaliza acciones como rayados en vía pública o consumo de alcohol, aplicando un fuerte castigo.
Grafitis en murallas serán sancionados de forma dura, generando críticas - Agencia Uno
El gobierno del presidente José Antonio Kast ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca crear el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, una iniciativa que genera un intenso debate político, jurídico y social debido a las sanciones que contempla para quienes sean incorporados a esta nómina.
La propuesta fue anunciada durante la Cuenta Pública 2026 y posteriormente firmada por el mandatario. Su objetivo, según el Ejecutivo, es combatir conductas que deterioran la convivencia ciudadana, el patrimonio público y los espacios comunes, estableciendo consecuencias adicionales para quienes sean condenados por determinados delitos o faltas.
La iniciativa plantea la creación de un registro para todo el país que incluirá a personas sancionadas por actos catalogados como vandalismo o incivilidades.
De acuerdo con el proyecto, quienes figuren en este listado podrían perder el acceso a diversos beneficios estatales por períodos determinados, incluso si ya los reciben al momento de la sanción.
Entre los beneficios que podrían verse afectados se encuentran la Gratuidad en la educación superior, la Pensión Garantizada Universal (PGU) y el Subsidio de Arriendo, además de otros programas sociales administrados por el Estado.
Durante la presentación del proyecto, Kast sostuvo que quienes dañan bienes públicos o alteran gravemente la convivencia deben asumir consecuencias más allá de las multas o penas tradicionales.
Según los detalles dados a conocer por el Ejecutivo y recogidos por distintos medios, el registro abarcaría una serie de conductas consideradas incivilidades, además de ciertos delitos vinculados al espacio público.
Entre ellas se encuentran:
El gobierno enfatiza que la incorporación al registro requeriría una resolución judicial o una sanción formal, descartando que la autoridad pueda incluir personas de manera discrecional.
La iniciativa ha recibido cuestionamientos desde organizaciones sociales, académicos, juristas y sectores políticos de oposición. Una de las principales críticas apunta a que la pérdida de beneficios sociales podría transformarse en una sanción adicional a la ya impuesta por los tribunales, lo que algunos especialistas consideran contrario al principio de proporcionalidad.
Desde diversos sectores también se ha planteado que medidas como la gratuidad universitaria, la PGU o ciertos subsidios corresponden a derechos sociales o prestaciones estatales que no deberían condicionarse a la conducta de las personas fuera de los requisitos establecidos para cada programa.
Organizaciones y analistas advierten además que la medida podría afectar de forma desproporcionada a personas de menores ingresos, precisamente quienes son los principales beneficiarios de las ayudas estatales que el proyecto contempla restringir.
La propuesta deberá superar una compleja discusión legislativa, donde se analizarán aspectos constitucionales, la definición de las conductas sancionadas y la proporcionalidad de las consecuencias asociadas al ingreso al registro.
Mientras tanto, el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades se ha convertido en una de las iniciativas más controvertidas impulsadas por el gobierno de Kast, enfrentando visiones contrapuestas entre quienes lo consideran una herramienta para reforzar el orden público y quienes advierten que podría abrir la puerta a restricciones de derechos sociales por conductas consideradas menores.
