El desafío no es sacar usuarios de cerros y montañas, sino gestionar la diversidad de usos que ofrecen. Para eso necesitamos datos, planificación, infraestructura y diálogo con las comunidades.
Personas haciendo ejercicio en el Cerro San Cristobal / Crédito: Agencia Uno
La discusión sobre las nuevas medidas para los ciclistas en el Cerro San Cristóbal aborda un problema real: cuando distintas actividades comparten un espacio, pueden producirse conflictos y situaciones de riesgo. Pero la pregunta no debería ser solamente cómo controlar a quienes utilizan un espacio, sino cómo gestionarlo para que distintas comunidades puedan convivir y disfrutar de la naturaleza de manera segura.
La normativa del Parque Metropolitano ya establece obligaciones para quienes circulan en bicicleta. Por eso, además de nuevas medidas de identificación, cabe preguntarse cuánto de la solución pasa por mejorar la fiscalización, la señalización, la infraestructura y la organización de los usos.
Compartir un espacio no significa que todas las actividades deban desarrollarse simultáneamente y sobre la misma infraestructura. Se pueden combinar rutas, horarios, zonas de prioridad, límites de velocidad e infraestructura diferenciada.
Una montaña no es una infraestructura genérica. Cada cerro tiene una geografía, ecosistemas, accesos y condiciones de seguridad particulares, además de una relación específica con las comunidades que lo utilizan.
No necesitamos que todas las montañas permitan todas las actividades. Necesitamos una red de espacios naturales y recreativos diversa, conectada y bien gestionada para que distintas comunidades encuentren lugares adecuados.
El San Cristóbal concentra una enorme demanda por actividades al aire libre. El conflicto entre usuarios puede ser también expresión de una oferta insuficiente de espacios capaces de absorber esa demanda.
Medellín reconoce sus cerros tutelares como un sistema de espacios naturales urbanos, pero asume que cada uno tiene características y relaciones distintas con la ciudad. Su planificación incorpora medidas diferenciadas de manejo, educación ambiental, participación comunitaria y senderos e infraestructura de bajo impacto.
La lección es simple: no todos los cerros deben cumplir la misma función. Su gestión puede adaptarse a sus características y a la relación que las comunidades han construido con ellos.
Para gestionar una red de espacios naturales necesitamos conocimiento sistemático: quiénes los visitan, qué actividades realizan, cuándo y dónde se concentran, dónde aparecen conflictos y qué infraestructura requieren.
En 2019, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizó un estudio de usuarios de la Red de Parques Urbanos de la Región Metropolitana, con 3.505 encuestas en 20 parques administrados por Parquemet. El desafío es transformar estos esfuerzos puntuales en una capacidad permanente de observación. Un estudio muestra una fotografía; una política de gestión necesita una película.
Estos temas tampoco son nuevos para la ciencia. La ecología recreacional estudia las relaciones entre actividades recreativas y ambientes naturales: sus impactos y las medidas que permiten compatibilizar recreación y conservación. Más recientemente, esta mirada incorpora también las relaciones sociales, culturales y de bienestar que se construyen en estos espacios.
No basta con saber cuántas bicicletas circulan o cuántos accidentes ocurren. Necesitamos comprender quiénes utilizan estos espacios, qué actividades realizan, cómo se distribuyen y dónde aparecen las tensiones.
Durante la pandemia, junto a distintos actores de la industria outdoor nacional, impulsé esta conversación con el objetivo de explorar la creación de una organización que permitiera generar capacidades permanentes para producir y sistematizar este conocimiento. La propuesta encontró eco e interés, pero no alcanzó el apoyo necesario para transformarse en una iniciativa concreta.
La experiencia, sin embargo, dejó una convicción que sigue vigente: no se trata solamente de hacer estudios cuando aparece un conflicto, sino de construir conocimiento acumulado que permita anticiparlo y tomar mejores decisiones, aun más considerando que Chile se jacta, a nivel internacional, de una amplia oferta de actividades en la naturaleza.
Gestionar el acceso no significa necesariamente restringirlo. También puede significar organizarlo para que más comunidades puedan utilizar los espacios de manera segura y compatible.
El desafío no es sacar usuarios de cerros y montañas, sino gestionar la diversidad de usos que ofrecen. Para eso necesitamos datos, planificación, infraestructura y diálogo con las comunidades.
Lo del San Cristóbal puede abrir una conversación sobre la relación entre nuestras ciudades, nuestras áreas naturales y las comunidades que les dan vida. Proteger la naturaleza también significa permitir que la sociedad construya un vínculo real con ella.
