El filósofo Paul Ricoeur advertía que el mayor peligro para una sociedad no proviene de los criminales comunes, sino de aquellos que poseen poder y lo utilizan sin límites morales. Esta idea describe a la perfección el escándalo que hoy sacude a Carabineros en la Región del Maule, cual es, una organización criminal integrada por quienes precisamente tenían el deber de combatir el crimen.
La resolución Nº793, firmada por el prefecto de Talca, coronel Miguel Ochoa, revela que durante al menos seis meses, equipos especializados del Departamento de Asuntos Internos y de la Sección de Asuntos Internos de Talca investigaron de manera reservada una estructura delictual enquistada en distintas unidades policiales de la capital maulina.
Los involucrados, hombres con años de experiencia y trayectoria institucional, son:
- El teniente Víctor Oñate Pinto (más de 13 años de servicio).
- El suboficial mayor Cristian Miranda Retamal (más de 33 años en la institución).
- El sargento segundo Rodrigo Arriagada Sánchez (más de 17 años vistiendo uniforme).
- Los cabos primero Jorge Bascuñán Meneses, Sergio Alarcón Rodríguez y Leonardo Sáez Quiñones también contaban con extensas carreras policiales.
No se trata de jóvenes inexpertos, se trata de funcionarios que conocían perfectamente la ley, los procedimientos y las consecuencias de vulnerarlos. Y aun así decidieron actuar como una banda criminal.
Tras conocer los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, el magistrado Víctor Rojas decretó la prisión preventiva para los seis imputados, estimando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó un plazo de investigación de cinco meses.
Según la imputación fiscal, los exuniformados son autores de delitos consumados de asociación criminal, robo con intimidación, robo en lugar habitado, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, tráfico de drogas y detención ilegal. Asimismo, los imputados utilizaban uniformes institucionales y vehículos policiales para ejecutar delitos. Ingresaban a viviendas y locales comerciales sin órdenes judiciales, sin flagrancia y sin fundamento legal alguno. Simulaban procedimientos policiales para intimidar a las víctimas y apropiarse de dinero, cigarrillos y otras especies.
La investigación sostiene que los funcionarios falsificaban documentos oficiales, confeccionaban partes policiales con información falsa destinados a engañar a la Fiscalía Local de Talca y alteraban sitios del suceso para justificar procedimientos ilegales.
Los cargos específicospara cada uno de ellos son:
-Al teniente Oñate: asociación criminal, ocho robos con intimidación, nueve delitos de obstrucción a la investigación, seis falsificaciones de instrumento público, siete detenciones ilegales, un robo en lugar habitado y cuatro delitos de tráfico de drogas.
- A Cristian Miranda: asociación criminal, seis robos con intimidación, siete obstrucciones a la investigación, seis falsificaciones de instrumento público, siete detenciones ilegales, un robo en lugar habitado y tres delitos de tráfico de drogas.
- A Rodrigo Arriagada: asociación criminal, seis robos con intimidación, cinco obstrucciones a la investigación, seis falsificaciones de instrumento público, cinco detenciones ilegales y cuatro delitos de tráfico de drogas.
- A Jorge Bascuñán: asociación criminal, seis robos con intimidación, siete obstrucciones a la investigación, siete falsificaciones de instrumento público, seis detenciones ilegales, un robo en lugar habitado y cuatro delitos de tráfico de drogas.
- A Leonardo Sáez: asociación criminal, ocho robos con intimidación, ocho obstrucciones a la investigación, siete falsificaciones de instrumento público, siete detenciones ilegales y cuatro delitos de tráfico de drogas.
- A Sergio Alarcón: asociación criminal, siete robos con intimidación, ocho obstrucciones a la investigación, seis falsificaciones de instrumento público, seis detenciones ilegales, un robo en lugar habitado y tres delitos de tráfico de drogas.
Entonces, surge la pregunta, ¿cómo una organización criminal de esta naturaleza logró operar durante meses utilizando vehículos institucionales, uniformes oficiales, documentación policial y procedimientos simulados sin que las alarmas internas se activaran antes?
El filósofo Karl Popper sostenía que las instituciones no deben evaluarse por las virtudes que proclaman, sino por su capacidad para impedir que los malos actores abusen del poder. Bajo ese criterio, este caso constituye un fracaso monumental.
Finalmente, cuando los antisociales usan insignias oficiales, patrullas policiales y credenciales del Estado no solo se roba dinero, especies o mercancías; también se hurta algo mucho más complejo de recuperar: la confianza pública en las instituciones encargadas de protegernos.