Cuando la responsabilidad policial es utilizada para cometer ilícitos, la traición no recae únicamente sobre las víctimas del procedimiento; recae sobre toda la ciudadanía.
El 18 de julio, el Juzgado de Garantía de Chillán decretó la medida cautelar de prisión preventiva para cuatro funcionarios de Carabineros, identificados por sus iniciales como S. I. T. S.; R. A. T. V.; D. A. D. F. y A. H. L. T.
La Fiscalía los imputó como autores de robo con intimidación, robo en lugar destinado a la habitación, allanamiento irregular, detención ilegal y falsificación de instrumento público, delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones entre 2025 y 2026 en la comuna.
Para un quinto imputado, identificado como C.D.M.M., el tribunal decretó arresto domiciliario nocturno y la prohibición de comunicarse con el resto de los formalizados, tras establecerse que participó bajo la figura de concierto previo, al presenciar los delitos sin tomar parte de ellos de manera directa.
El magistrado Manuel Vilches Meza, a cargo de la audiencia de formalización, ordenó el ingreso a prisión de los uniformados por considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
Según la Fiscalía, el 11 de mayo de 2026 los cuatro carabineros ingresaron de forma irregular y mediante intimidación con armas de fuego a un domicilio de Chillán. En ese allanamiento sustrajeron teléfonos celulares, cadenas de plata y ketamina.
Horas antes, uno de ellos —S. I. T. S.— había ingresado por escalamiento a otra propiedad para robar un bolso. Para encubrir estos hechos, los funcionarios alteraron extemporáneamente el libro de novedades de la unidad policial.
El ente persecutor también estableció que el 26 de marzo de 2025 los imputados detuvieron ilegalmente a un civil dentro de un inmueble habitado, procedimiento que registraron en el parte policial como un “control de identidad en la vía pública”. Durante ese operativo hubo agresiones físicas contra la persona mientras estaba reducida en el suelo, hecho que configuró el delito de apremio ilegítimo.
No estamos frente a funcionarios que habrían abusado ocasionalmente de su cargo, sino ante personas que, de acuerdo con la investigación, utilizaron precisamente el poder que el Estado les entregó para cometer delitos que cualquier organización criminal podría haber ejecutado. La diferencia es infinitamente más grave: la banda portaba uniforme, insignias, armamento fiscal y actuaba bajo la autoridad que la sociedad deposita en la policía.
Lo ocurrido en Chillán no constituye un hecho aislado. El multimillonario fraude conocido como "Pacogate", la Operación Huracán basada en pruebas falsificadas, diversos casos de apremios ilegítimos, montajes policiales, corrupción administrativa, etc. forman parte de un patrón demasiado persistente.
Cuando los escándalos se suceden una y otra vez, la pregunta deja de ser cuántas manzanas están podridas y pasa a ser qué ocurre con el árbol que las produce.
También resulta inevitable recordar a Pierre Bourdieu, quien hablaba de la legitimidad de la violencia simbólica. Esa legitimidad, sin embargo, no nace automáticamente del uniforme ni del arma de servicio; depende de que el ejercicio de la fuerza permanezca sometido al derecho.
Asimismo, en Hegemonía o supervivencia (2003), Noam Chomsky recuerda que ningún aparato estatal puede quedar protegido frente a la crítica pública simplemente por invocar razones de seguridad. Cuanto mayor es el poder institucional, mayor debe ser el nivel de transparencia, fiscalización y responsabilidad. Lo ocurrido en Chillán demuestra exactamente por qué esa advertencia conserva plena vigencia.
Los robos afectan patrimonios, las agresiones lesionan personas, pero la falsificación de actuaciones policiales evapora la confianza en todo el sistema de persecución penal.
Cada nuevo caso obliga a preguntarse por los mecanismos internos de supervisión de Carabineros. ¿Cómo pudieron desarrollarse conductas de esta naturaleza durante más de un año sin ser detectadas? ¿Hubo superiores que ignoraron señales de alerta? ¿Funcionan realmente las auditorías internas? ¿Qué incentivos existen para denunciar irregularidades dentro de la propia institución?
Una organización sana detecta tempranamente las desviaciones. Una organización enferma solo las descubre cuando interviene la Fiscalía.
El filósofo Karl Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, sostenía entre otras cosas que la grandeza de una democracia no consiste en impedir que existan malos gobernantes o malos funcionarios, sino en construir instituciones capaces de detectarlos, investigarlos y removerlos antes de que produzcan daños irreparables. La fortaleza institucional no se mide por la ausencia de corrupción, sino por la capacidad de combatirla eficazmente.
Finalmente, cuando la responsabilidad policial es utilizada para cometer ilícitos, la traición no recae únicamente sobre las víctimas del procedimiento; recae sobre toda la ciudadanía que entrega a Carabineros el monopolio de la fuerza con la expectativa de que ésta sea ejercida conforme a la ley.
