La Corte de Apelaciones de Puerto Montt revisó la solicitud para retirar el fuero al senador, acusado por la Fiscalía de fraude al Fisco.
Senador Miguel Ángel Calisto y nuevo desafuero - Agencia Uno
El senador Miguel Ángel Calisto enfrenta un segundo proceso de desafuero por una investigación de Fraude al Fisco relacionada con presuntas asesorías parlamentarias que, según el Ministerio Público, no habrían sido realizadas. La solicitud fue revisada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
La Fiscalía Regional de Aysén cerró la investigación y presentó acusación contra Calisto y otras siete personas. El Ministerio Público busca que se levante el fuero parlamentario del senador para continuar el procedimiento penal en su contra.
El nuevo procedimiento no corresponde a una investigación distinta por los mismos hechos. La Fiscalía ya había conseguido el desafuero de Calisto cuando se desempeñaba como diputado, pero tras su llegada al Senado obtuvo una nueva inmunidad parlamentaria.
Por esta razón, el Ministerio Público debe solicitar nuevamente la autorización judicial para continuar el proceso penal en su contra. La solicitud quedó radicada en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt luego que ministros de la Corte de Apelaciones de Coyhaique se inhabilitaran para conocer el caso, debido a su intervención anterior.
La audiencia realizada el 14 de septiembre permitió a la Fiscalía y a la defensa exponer sus respectivos argumentos. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt todavía debe resolver si concede o rechaza el desafuero. Cooperativa informó que el tribunal dispone de hasta un mes para emitir su resolución sobre la inmunidad parlamentaria.
La acusación del Ministerio Público sitúa los hechos entre 2018 y 2022, período en que Calisto ejercía como diputado. Según la tesis fiscal, se habría concertado con Roland Cárcamo y Carla Graf para obtener recursos del Congreso Nacional mediante contratos de asesorías parlamentarias.
La investigación sostiene que Graf recibió pagos por servicios que no habría ejecutado y que parte de esos recursos posteriormente habría sido transferida a Calisto y a personas de su entorno. Entre los antecedentes expuestos ante la Corte también aparecen ocho contratos a honorarios suscritos entre 2018 y 2022.
La Fiscalía ha sostenido además que los informes utilizados como respaldo para el pago de las asesorías nunca existieron. El perjuicio fiscal fue actualizado en mayo a $105.554.697, cifra que reemplazó el cálculo anterior de $103.664.697.
Tras cerrar la investigación, el Ministerio Público presentó acusación contra ocho personas. Para Miguel Ángel Calisto, la Fiscalía solicitó una pena de 12 años de presidio, considerando los delitos de fraude al Fisco que le atribuye en carácter reiterado.
La acusación mantiene la tesis fiscal sobre un mecanismo de asesorías inexistentes y precisa que el monto del perjuicio atribuido en esa presentación fue de $103.664.697, cifra que corresponde a una estimación anterior. La actualización posterior realizada por la Fiscalía elevó el monto investigado a $105.554.697.
Fiscalía espera obtener el desafuero para avanzar en las actuaciones judiciales correspondientes y solicitar medidas cautelares. La solicitud de desafuero no constituye una declaración de culpabilidad, sino una petición para levantar la inmunidad parlamentaria que actualmente protege al senador.
Durante la audiencia en Puerto Montt, la defensa de Calisto rechazó los antecedentes presentados por el Ministerio Público y sostuvo que no existirían elementos suficientes para justificar el desafuero.
El abogado José Gómez, representante del senador, cuestionó especialmente la declaración de Roland Cárcamo y sostuvo que las imputaciones contra su representado se debilitan a partir de los propios antecedentes reunidos durante la investigación. La defensa también planteó reparos respecto del cambio en la versión entregada por uno de los imputados.
El proceso permanece pendiente de una decisión de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Mientras no exista una resolución sobre la solicitud, Miguel Ángel Calisto mantiene su fuero como senador y las acusaciones formuladas por el Ministerio Público continúan siendo materia de un proceso judicial en curso.
