La Fiscalía de Aysén busca retirar el fuero al senador para avanzar en la causa penal. La audiencia quedó radicada en Puerto Montt tras la inhabilitación de los ministros de la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
Miguel Ángel Calisto podría ser desaforado - Agencia Uno
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt revisará este viernes la solicitud de desafuero del senador Miguel Ángel Calisto, en una audiencia clave para el futuro judicial del parlamentario, investigado por delitos de corrupción como es el fraude al Fisco en calidad de reiterado.
El cambio de tribunal se produjo luego que los cuatro ministros de la Corte de Apelaciones de Coyhaique se inhabilitaran para conocer el requerimiento presentado por la Fiscalía Regional de Aysén, argumentando que ya habían intervenido en una etapa anterior del mismo caso, cuando Calisto ejercía como diputado. Según informó La Tercera, la causa fue derivada a Puerto Montt para garantizar la imparcialidad del proceso.
La solicitud fue presentada por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, luego del cierre de la investigación y de la acusación presentada contra el senador, para quien el Ministerio Público solicita 12 años de presidio por hechos que habrían ocurrido durante su período como diputado.
El desafuero constituye un requisito legal para que un parlamentario pueda ser sometido a un proceso penal mientras ejerce su cargo.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, la investigación apunta a un supuesto esquema de asesorías parlamentarias presuntamente ficticias, mediante el cual recursos provenientes de asignaciones parlamentarias habrían sido utilizados con fines distintos a los autorizados por la ley. El Ministerio Público sostiene que el perjuicio fiscal supera los 100 millones de pesos.
La causa involucra además a otros imputados y se encuentra en una etapa decisiva luego de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique rechazara recientemente una cautela de garantías presentada por la defensa del senador, que buscaba reabrir la investigación. Con esa resolución, el tribunal permitió que continuara la tramitación de la acusación presentada por la Fiscalía.
En la acusación presentada por el Ministerio Público, el fiscal regional Hernán Libedinsky sostiene que parte de los recursos correspondientes a honorarios parlamentarios fueron transferidos posteriormente al entonces diputado Miguel Ángel Calisto y a otro de los imputados, siendo utilizados para beneficio propio, tesis que sustenta la imputación por fraude reiterado al Fisco.
En paralelo, distintos medios publicaron nuevos antecedentes sobre la investigación. BBCL Investiga difundió declaraciones prestadas durante la indagatoria por uno de los imputados, mientras que Ex-Ante publicó información relacionada con la carpeta investigativa y la hipótesis del Ministerio Público respecto del destino de los recursos fiscales. Ambos antecedentes forman parte del debate público, aunque deberán ser ponderados dentro del proceso judicial correspondiente.
Si la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acoge la solicitud de desafuero, la resolución aún podrá ser revisada por la Corte Suprema. Solo una vez que exista una resolución firme, el senador perdería temporalmente su inmunidad parlamentaria para enfrentar el proceso penal en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano.
El caso también tiene repercusiones políticas, ya que un eventual desafuero podría modificar el equilibrio de fuerzas en el Senado mientras se desarrolla el proceso judicial, escenario que distintos analistas han considerado relevante para la tramitación de proyectos impulsados por el Ejecutivo. Con esto, el gobierno de José Antonio Kast perdería un voto para su cuestionada Ley Miscelánea.
