Responsabilizar y comprender no son operaciones contradictorias. Se puede sostener que una persona es responsable de aquello que hace y, al mismo tiempo, preguntarse qué condiciones subjetivas y sociales permiten que el sufrimiento termine expresándose de esta manera.
Imagen de estudiantes universitarios / Crédito: Universidad de Santiago de Chile (USACh)
El viernes pasado, distintas universidades de Santiago suspendieron sus actividades presenciales luego de recibir correos que advertían sobre un supuesto ataque armado. Horas después, la persona sindicada como autora de las amenazas fue detenida. La reacción institucional parece bien aplicada: frente a una amenaza de esta naturaleza, corresponde activar protocolos, investigar y tomar medidas preventivas.
Estas amenazas, que derivan de una crisis de salud mental, se han ido replicando en instituciones universitarias ocasionalmente desde hace un tiempo, a lo largo de todo Chile. De todas maneras, la temporalidad de estos eventos no significa que sea algo que deba tomarse a la ligera, ni por las universidades ni tampoco el Estado, que al parecer, no quiere hacerse presente.
Las amenazas de este tipo pueden abordarse desde dos perspectivas: a través de una mirada que apunte a la acción o inacción estatal por un lado, y un enfoque desde la psicología y la salud mental, por el otro.
Es difícil calificar a estas acciones como un problema público a secas. Según la definición que se da desde el estudio de políticas públicas a este concepto, Luis Aguilar (1999), académico mexicano de administración pública, lo define como una etapa previa a la agenda de gobierno, situaciones percibidas por la comunidad como algo deseable de ser solucionado por un ente estatal.
Sin embargo, desde esta mirada, también se menciona que es difícil definir un problema público de manera objetiva, ya que estos siempre son interdependientes, dinámicos y se relacionan con otras problemáticas sociales (Subirats, 1994; Osorio y Vergara, 2016).
En ese sentido, si bien podemos tener dudas sobre si las amenazas a comunidades pertenecientes a instituciones de educación superior representan un problema que deba tomar el Estado, es indudable que esto, al menos, es un síntoma de un gran problema público que afecta hoy en día a Chile: la crisis de salud mental.
Una amenaza de este tipo puede ser leída rápidamente como la acción de alguien “loco”, “raro”, “violento” o simplemente irresponsable. Y probablemente esa lectura resulte tranquilizadora, permite ubicar el problema en un individuo y, con ello, cerrar la pregunta. No obstante, esto no es un hecho aislado y nos permite hacernos la pregunta sobre ¿qué ocurre cuando un malestar subjetivo encuentra en la amenaza una forma de expresión?
Vivimos en un contexto en el que cada vez parece más frecuente que aquello que no encuentra una vía de elaboración simbólica busque expresarse mediante actos que interrumpen, incomodan o fuerzan una respuesta del otro. La amenaza, en ese sentido, no necesita concretarse para convertirse en acto. Basta con anunciarla para instalarse en el campo social y obligar a otros a responder.
Si bien la respuesta institucional puede haber sido la correcta, es una medida reactiva y en ese sentido cabe preguntarse ¿Qué se está haciendo desde las instituciones para prevenir, no solamente estos actos, si no con el cuidado que deben tener todos sus miembros? Detrás de ese acto había un discurso sobre el sufrimiento, sobre el cansancio y sobre la necesidad de devolverle a otros aquello que se experimentaba como daño.
Porque responsabilizar y comprender no son operaciones contradictorias. Se puede sostener que una persona es responsable de aquello que hace y, al mismo tiempo, preguntarse qué condiciones subjetivas y sociales permiten que el sufrimiento termine expresándose de esta manera.
De todas formas, sería totalmente injusto responsabilizar a las universidades estos actos, más bien debemos visualizar cómo este tipo de acciones son síntomas de un problema público latente en Chile, el cual, viendo cómo se han ido priorizando áreas de la economía y mercantiles, difícilmente pueda ser leído de esa manera por un gobierno conservador.
La tarea, por lo tanto y por ahora, recae en los agentes que componemos las universidades: estudiantes, docentes, funcionarios, académicos y directivos. Preguntarnos qué está ocurriendo en la vida de nuestros miembros y acompañar, en la medida de lo posible, a quienes son nuestros compañeros y colegas, en ese sentido, deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo con los malestares que, cuando no encuentran otra forma de ser elaborados, terminan buscando un acto que obligue a los demás a mirar.
