El debate político sobre migración en Chile ha comenzado a tensionar peligrosamente el lugar de la escuela como espacio de protección social y garantía de derechos. Las recientes propuestas del gobierno orientadas a que establecimientos educacionales reporten a estudiantes y familias migrantes en situación irregular, sumadas a discursos que asocian migración con amenaza, control o expulsión, no solo revelan un endurecimiento de la política migratoria: evidencian también una transformación respecto de quiénes merecen ser reconocidos como sujetos de derecho en nuestra sociedad.
La criminalización del sujeto migrante no es nueva. Sin embargo, cuando esta lógica alcanza a niños, niñas y jóvenes, el problema adquiere una gravedad ética y política mayor. Ya no se trata únicamente de una discusión administrativa sobre fronteras o documentación, sino de cómo una sociedad decide mirar a las infancias más vulnerables: como estudiantes y personas en formación, o como potenciales amenazas asociadas a la situación migratoria de sus familias.
En este escenario, resulta inquietante observar cómo ciertos discursos públicos desplazan el foco desde la protección de trayectorias educativas y de vida hacia la vigilancia y el control social. La escuela, concebida como espacio de inclusión y desarrollo humano, comienza a ser tensionada hacia funciones que contradicen su sentido pedagógico y democrático. Convertir establecimientos educacionales en dispositivos de reporte o sospecha erosiona uno de los principios fundamentales de la educación: constituirse como un lugar seguro para quienes habitan sus aulas.
La contradicción es evidente y lo evidente se vuelve contradicción. Chile ha suscrito tratados internacionales que reconocen tanto el derecho a migrar como el derecho universal a la educación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece la libertad de circulación y reconoce la educación como un derecho humano fundamental, principio también recogido en la Ley General de Educación (LGE) N°20.370.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño obliga al Estado a garantizar el interés superior del niño por sobre cualquier consideración administrativa o política. Desde esta perspectiva, ninguna condición migratoria debiese transformarse en un obstáculo para el acceso y permanencia de niños, niñas y jóvenes dentro del sistema educativo.
Sin embargo, la política pública parece avanzar en una dirección distinta. Mientras el discurso institucional se centró durante años en la inclusión, interculturalidad y convivencia democrática, las señales políticas recientes profundizan la diferenciación entre sujetos “merecedores” y “no merecedores” de derechos. La distinción entre migrantes documentados e indocumentados comienza así a operar no solo como una categoría jurídica, sino también ético.
La problemática se vuelve aún más compleja cuando esta discusión se cruza con la creciente precarización de las infancias y juventudes en el contexto de recortes al gasto público. Las controversias recientes en torno a eventuales restricciones o ajustes en beneficios de alimentación escolar administrados por JUNAEB evidencian una lógica preocupante: la sospecha permanente sobre quienes acceden a políticas de protección social, especialmente estudiantes pobres, migrantes o pertenecientes a sectores históricamente vulnerabilizados.
Más que fortalecer el derecho a la educación pública y las condiciones materiales mínimas para sostener trayectorias educativas reales, pareciera consolidarse una política que normaliza el debilitamiento de garantías sociales y la subordinación de derechos fundamentales a criterios de control, mérito o exclusión.
La escuela chilena conoce bien las consecuencias de la exclusión. Durante décadas, el sistema educativo ha debido enfrentar los efectos de la segregación, la desigualdad y la fragmentación social. Por ello, debiese existir un consenso básico respecto del rol estratégico de las comunidades educativas en la protección de las trayectorias de sus estudiantes. Un estudiante que teme asistir a clases por la situación migratoria de su familia, o que percibe la escuela como un espacio de vigilancia antes que de acogida, difícilmente podrá desarrollar una experiencia educativa significativa.
Lo preocupante es que estos discursos no solo afectan directamente a estudiantes migrantes, también reconfiguran culturalmente el sentido de la convivencia escolar y de la ciudadanía democrática, instalando el miedo a la otredad —a lo distinto, a quien viene de otro territorio o cultura— como un criterio legítimo de organización social. Cuando el miedo y la exclusión ingresan al espacio educativo como mecanismos válidos de regulación, la escuela deja de ser un lugar de transformación y justicia social para convertirse en un espacio atravesado por la desconfianza y la precarización.
Las escuelas no pueden convertirse en una extensión de la frontera ni en un dispositivo de clasificación moral de las infancias según su origen o situación administrativa, pues, cuando el acceso a derechos depende de la nacionalidad, la documentación o la utilidad económica de las personas, el derecho deja de ser derecho y se transforma apenas en una metáfora. Y quizás ese sea uno de los problemas más profundos del Chile actual: acostumbrarnos a que derechos fundamentales como la educación, la alimentación o la protección de las infancias sean defendidos solo para algunos, mientras otros quedan progresivamente fuera del marco de humanidad que una democracia debiese resguardar.
