El reciente informe de Bloomberg, recogido por Emol en el artículo “Bloomberg por Codelco: Corre el riesgo de perderse gran parte del histórico aumento del consumo de cobre" del 7 de Julio de 2026, advierte que Codelco atraviesa una situación “precaria”: deuda cercana a US$25.000 millones, producción en niveles históricamente bajos, problemas operacionales, accidentes y enormes desafíos para financiar sus proyectos estructurales, justo cuando el mundo se prepara para un nuevo ciclo de demanda de cobre.
Los datos son preocupantes y deben ser discutidos con seriedad. Pero una cosa es reconocer la crisis y otra, muy distinta, es utilizarla para instalar la idea de que el problema es que Codelco sea estatal. Ahí está mi discrepancia.
Codelco necesita una transformación profunda. Debe mejorar productividad, controlar costos, revisar proyectos, fortalecer su gobierno corporativo, recuperar producción y, sobre todo, garantizar que la seguridad esté por encima de cualquier meta productiva. Nada de esto debe relativizarse. Pero convertir esas deficiencias en un argumento a favor de privatizar la empresa supone dar un salto lógico que los datos no necesariamente justifican.
La nacionalización del cobre, aprobada por unanimidad por el Congreso Pleno en 1971, fue una decisión soberana respecto de un recurso considerado esencial para el desarrollo nacional. Desde entonces, Codelco ha entregado al Estado más de US$142.000 millones en excedentes. Entre 2004 y 2021 sus aportes representaron alrededor del 8% de los ingresos del Gobierno Central. No estamos, por tanto, frente a una empresa estatal cualquiera: Codelco es el principal instrumento empresarial mediante el cual Chile participa directamente en la renta del cobre.
La pregunta correcta no es si Codelco es perfecta. Evidentemente no lo es. La pregunta es si Chile estaría mejor renunciando al control de una de sus principales riquezas estratégicas.
La nacionalización del cobre, aprobada por unanimidad por el Congreso Pleno en 1971, fue una decisión soberana respecto de un recurso considerado esencial para el desarrollo nacional. Desde entonces, Codelco ha entregado al Estado más de US$142.000 millones en excedentes. Entre 2004 y 2021 sus aportes representaron alrededor del 8% de los ingresos del Gobierno Central. No estamos, por tanto, frente a una empresa estatal cualquiera: Codelco es el principal instrumento empresarial mediante el cual Chile participa directamente en la renta del cobre.
Los países desarrollados tampoco parecen compartir la idea de que propiedad estatal y eficiencia sean conceptos incompatibles. Francia mantiene el control público de EDF; Brasil, el de Petrobras; Colombia controla mayoritariamente Ecopetrol; Argentina conserva el 51% de YPF. Existen distintos modelos, pero todos muestran algo importante: es posible combinar propiedad pública, disciplina empresarial, acceso a capital y gestión profesional.
Además, comparar sin contexto los costos de Codelco con los de compañías privadas puede conducir a conclusiones engañosas. La estatal administra algunos de los yacimientos más antiguos de la minería mundial, con leyes decrecientes, mayores dificultades geomecánicas y enormes inversiones para prolongar su vida útil. No son excusas para una mala gestión; son condiciones que cualquier evaluación seria debe considerar.
Existe, además, una paradoja que no podemos ignorar. Durante décadas Codelco entregó prácticamente la totalidad de sus utilidades al Fisco, mientras debía financiar la renovación y transformación de sus propias operaciones. Entre 2022 y 2025 entregó US$7.039 millones al Estado, mientras su deuda aumentó en US$8.734 millones. Si una empresa necesita miles de millones de dólares para asegurar su futuro, resulta difícil exigir simultáneamente máxima transferencia fiscal, inversión récord y reducción acelerada de deuda.
El verdadero problema, entonces, es institucional: Chile ha pretendido que Codelco funcione como una gran empresa minera de largo plazo, pero muchas veces la ha sometido a decisiones, restricciones y prioridades propias del ciclo político. Una mina no funciona en períodos presidenciales de cuatro años. Sus proyectos requieren décadas.
Por eso el debate no debería ser “Codelco estatal o privada”. Debería ser cómo construir una Codelco estatal con autonomía estratégica, gobierno corporativo profesional, capitalización suficiente, disciplina financiera, metas exigentes y una estrategia que sobreviva a los gobiernos de turno.
Criticar a Codelco es necesario. Exigir responsabilidades, también. Investigar cualquier irregularidad, con absoluta rigurosidad, es indispensable. Pero utilizar sus problemas para concluir que Chile debe desprenderse de su principal empresa minera estratégica es otra cosa. No necesitamos vender Codelco. Necesitamos recuperarlo.
Porque el problema de Codelco no es su propiedad. Es su gestión, su financiamiento, su estructura institucional y, sobre todo, la incapacidad de Chile para darle una estrategia de Estado que dure más que cuatro años.
Y hay algo más que no podemos perder de vista: detrás de Codelco están las personas. Una eventual privatización no sería sólo un cambio de propiedad; podría modificar empleos, proveedores, actividad económica regional y la forma en que los excedentes del cobre se distribuyen en Chile.
Cualquier decisión de esa magnitud debe evaluar no sólo cuánto cobre se produce o cuánto cuesta producirlo, sino también cuánto empleo de calidad genera la principal industria nacional, cuánto valor queda en el país y qué impacto tiene sobre las comunidades y el crecimiento económico. La discusión, en definitiva, no es sólo sobre una empresa: es sobre qué modelo de desarrollo queremos para Chile y quién participa de los beneficios de su principal riqueza natural.
Mientras no discutamos eso seriamente, el debate sobre eficiencia corre el riesgo de convertirse, una vez más, en una larga preparación del terreno para decirnos que la solución era vender.
