Pese a valorar la salida de Andes Iron de la Corte Suprema, ambientalistas temen que la minera intente presionar al gobierno para insistir en la aprobación del proyecto.
Proyecto minero Dominga.
La decisión de la firma Andes Iron, impulsora del proyecto minero Dominga, de retirar todos los recursos de la Corte Suprema para revertir el fallo que anulaba un nuevo intento de aprobación de la iniciativa fue valorado positivamente por la organización Greenpeace.
“La decisión de Andes Iron de retirar sus recursos ante la Corte Suprema es un reconocimiento claro de que el proyecto minero portuario Dominga está rechazado, y de que sus posibilidades de revertir judicialmente esa decisión eran cada vez más estrechas", expresó Roxana Núñez, abogada de la organización.
Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIRMA, manifestó su inquietud de que este desistimiento sea "un cambio de estrategia" de la empresa con el fin de concretar la aprobación el proyecto.
El abogado explicó que Andes Iron había presentado recursos de casación y de queja ante la Corte Suprema tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que mantenía el rechazo al proyecto.
"Sabían que iban a perder en la Corte Suprema porque la jurisprudencia de la Corte es bastante consistente en que esos recursos que ellos presentaron no tenían mucho futuro". En ese sentido, "desistieron de los mismos para evitarse esa derrota".
Sin embargo, el meollo del asunto no es este, más bien todo "pareciera indicar que lo que están haciendo es intentar presionar al gobierno para que apruebe con algún resquicio legal, con alguna triquiñuela, apruebe su proyecto".
De ser el caso, "sería muy vergonzoso para el gobierno, para la institucionalidad ambiental, pero está muy en la línea de las cosas que han sucedido con este caso".
Por lo tanto, "tenemos que estar muy alerta de lo que venga porque es muy probable que sigan intentando aprobar su proyecto".
La decisión de Andes Iron se enmarca en medio del desarrollo de una investigación penal impulsada por Greenpeace que apunta a eventuales actos de corrupción e irregularidades en la tramitación del proyecto, particularmente indaga delitos de cohecho agravado y revelación de secreto.
Lo anterior, desde el antecedente base del pago de más de $255 millones de la empresa al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber —dos de cuyos socios se encuentran en calidad de imputados en el caso Muñeca Bielorrusa—.
Pese a la desistencia de la empresa ante la Corte Suprema, "creemos que es indispensable que esa investigación avance, se esclarezca el verdadero propósito de esos pagos y que se determinen todas las responsabilidades que correspondan", expresó la abogada de Greenpeace.
Asimismo, en el pasado, la iniciativa se vio salpicada por diversos escándalos judiciales y políticos, figurando en las tramas de los casos Penta, Pandora Papers —donde salió a la luz el nexo del fallecido expresidente Sebastián Piñera con el proyecto— y, más recientemente, el caso Audios, que salpicó al penalista Luis Hermosilla.
La abogada fue categórica en llegar hasta las últimas instancias para detener el proyecto minero: "No podemos permitir que se siga intentando imponer por vía administrativa un proyecto cuya tramitación ha estado marcada por más de una década de cuestionamientos ambientales y de probidad".
En pasado febrero, la Corte de Apelaciones dictó un fallo que anulaba la resolución del Primer Tribunal Ambiental que ordenaba al Comité de Ministros aprobar el proyecto.
El Comité había rechazado por tercera vez el proyecto en enero de 2025. Sin embargo, el Primer Tribunal Ambiental acogió la solicitud de Andes Iron y ordenó el cumplimiento incidental para intentar dejar sin efecto ese rechazo.
Luego, "la Corte de Apelaciones de Antofagasta nos dice que la resolución que rechaza Dominga, hecha por el Comité de Ministros en enero del año pasado, es la resolución final del caso", afirmaba en febrero el abogado Ezio Costa.
Pese al rechazo, la empresa había anunciado el inicio de la construcción del proyecto a finales de agosto pasado, lo que llevó a diversas organizaciones a desmentir la aprobación del proyecto.
Frente a los antecedentes, la abogada de Greenpeace concluyó: "el rechazo de Dominga debe respetarse. En este sentido, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de no caer en presiones, garantizar la transparencia y el respeto a las decisiones institucionales, y de proteger un ecosistema de extraordinario valor como el archipiélago de Humboldt”.
