La pregunta central es si el Presidente velará por el crecimiento y la soberanía energética de Chile, o si permitirá que Estados Unidos, Argentina y los países exportadores sigan ganando a costa nuestra cada vez que los combustibles se encarecen.
Proyectan nueva alza de los combustibles. Créditos: Agencia Uno.
La OCDE acaba de proyectar que la economía chilena pasará de crecer de un 2.5% en 2025 a un 1,7% en 2026. Esta vez el freno no es la caída del cobre ni la baja en inversiones. El principal motivo es el alza de los combustibles, empujada por la guerra de Estados Unidos y Trump en Medio Oriente. Dicho de otro modo, una guerra ajena que afecta nuestro crecimiento.
Para quienes seguimos la economía de los combustibles fósiles en Chile, la noticia no sorprende ni es nueva. Sorprende, más bien, que siga sorprendiendo; que sigamos en una relación tan red flag. Por cada conflicto geopolítico que mueve el precio de los combustibles hay quienes ganan -usualmente quienes producen, como Estados Unidos y Argentina-, y quienes pierden -los que compran, como Chile-. Ahora la OCDE acaba de ponerle número a esa advertencia.
Chile es, con razón, un referente en energías renovables, pues cerca del 65% de su generación eléctrica provino de fuentes limpias en los últimos años. Pero el sistema energético no es solo electricidad. Cuando se mira completo considerando el transporte, industria, calefacción; el panorama cambia: los combustibles fósiles siguen siendo el 66% de la matriz primaria y, en términos absolutos, el país consume hoy un 29% más de energía fósil que en el año 2000.
Las renovables no reemplazaron a los fósiles: crecieron junto a ellos. El sistema no se desfosiliza; redistribuye su dependencia. Cambiamos carbón por gas en la generación eléctrica y crudo por diésel refinado en el transporte. Pero el volumen fósil y, con él, nuestra exposición, no bajó en 25 años.
Esa exposición tiene un precio contante y sonante. En 2025, Chile destinó más de 12 mil millones de dólares a importar combustibles que no produce, una cifra que en las últimas dos décadas ha oscilado entre el 3% y el 8% del PIB. En 2024 bordeó el 5% del PIB: comparable al presupuesto fiscal anual de salud o de educación.
Y los grandes saltos de esa factura que ocurrió en 2008, 2012, 2022 y, probablemente, 2026 no se explican porque consumiéramos más, sino por precios internacionales que no controlamos. El número de la OCDE para 2026 es, simplemente, la próxima cuota de una cuenta que pagamos cada cierto tiempo por no poder liberarnos de esta relación ya un poco tóxica.
¿Por qué ganan Argentina y Estados Unidos? Porque a ellos les compramos buena parte de los combustibles que necesitamos: cerca del 60% del petróleo y sus derivados y del 65% del gas natural. Y el comercio de gas entre Chile y Argentina, que el gobierno de Milei promete expandir, no haría más que profundizar esa dependencia.
El diagnóstico, además, es transversal. El propio plan energético del actual Gobierno lo reconoce: la Ruta Energética 2026-2030, presentada a fines de mayo por la ministra Ximena Rincón, advierte que:
El diagnóstico es razonable; el problema es que, al mirar las acciones, no se identifica un proceso que efectivamente habilite esa seguridad y esa soberanía. El carbón es el único combustible con una ruta de salida definida (en 13 años más). El petróleo se aborda hasta ahí no más desde la electromovilidad, pero sin una mención directa a cómo reducir el consumo de petróleo y sus derivados en otros sectores de consumo.
Y el gas está en la peor situación: no tiene ninguna trayectoria de salida, atrapado entre las etiquetas de "combustible de transición" y "alternativa aceptable" por las mismas políticas públicas del ministerio.
La buena noticia es que la salida está a la vista y converge con nuestros propios intereses. Reducir la dependencia fósil es la política de crecimiento y de seguridad económica más concreta de la que disponemos. El retiro de 14 centrales a carbón, la electrificación de más del 60% de los buses de Santiago y la expansión renovable demuestran que la transición avanza cuando coinciden dirección política, instrumentos y condiciones técnicas.
El potencial de generación renovable del país, según ha señalado reiteradamente la Universidad de Chile, equivale a unas 100 veces su demanda actual. Lo que falta es dar el paso que pocos han logrado articular como política explícita: convertir esa expansión renovable en una reducción medible de la demanda fósil.
La OCDE le puso número a algo que veníamos advirtiendo. El crecimiento que Chile perderá en 2026 no es el precio de la guerra: es el precio de una dependencia que aún no logramos resolver. Mientras no la enfrentemos, cada nuevo shock nos pasará la misma cuenta. Si no reducimos nuestra dependencia de los combustibles fósiles, seguiremos pagando por no hacerlo.
La pregunta, entonces, es si el Presidente velará por el crecimiento y la soberanía energética de Chile, o si permitirá que Estados Unidos, Argentina y los países exportadores sigan ganando cada vez que los combustibles se encarecen.