Tribunal Ambiental: vecinos de Tierra Amarilla demandan a Lundin Mining y al Fisco por presunto daño ambiental

La demanda fue presentada por Adriana Ximena Rojas Barraza, Yasna Flores Flores, Nicole Robles Marín, Cristina Godoy Velasco, Gustavo Rojas Pérez y Nolfa Esmeralda García Astorga, todos residentes de Tierra Amarilla. La acción está patrocinada por la abogada Sandra Dagnino Urrutia.

En el documento, los demandantes solicitan al tribunal declarar la existencia de daño ambiental, ordenar medidas de reparación y establecer acciones destinadas a evitar la repetición de los hechos denunciados.

El detalle de las acusaciones formuladas ante el Tribunal Ambiental

Uno de los ejes centrales de la demanda apunta a la composición de los botaderos mineros instalados en la comuna.

Según el escrito, en Tierra Amarilla existen “al menos tres enormes botaderos de basura mineral” pertenecientes a las empresas controladas por Lundin Mining, respecto de los cuales —afirman— no existiría información técnica suficiente y actualizada sobre sus características químicas y mineralógicas.

Los demandantes sostienen que los depósitos colindan “a escasos metros con villas, escuelas, jardines infantiles” y viviendas subsidiadas por el SERVIU. Además, cuestionan el rol fiscalizador de las autoridades sectoriales.

“El Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) desconoce por análisis propio cuál es su contenido químico y mineralógico”, señala la acción judicial, agregando que dicho organismo “hace fe” de la información proporcionada por las propias empresas titulares.

El escrito también plantea cuestionamientos respecto de las resoluciones de calificación ambiental que regulan los proyectos mineros. Según la presentación, las autorizaciones vigentes “datan de varios años atrás”, mientras que el volumen actual de residuos sería superior al originalmente contemplado.

En ese contexto, la demanda sostiene que existiría incertidumbre respecto de los posibles impactos ambientales y sanitarios asociados a la presencia de estos depósitos.

Informe citado por vecinos detectó presencia de cobre, arsénico y mercurio

Como parte de los antecedentes incorporados a la demanda, los vecinos hacen referencia a un análisis realizado por la empresa GEO-AV, dedicada a servicios de geología y geoquímica.

De acuerdo con el escrito, dicho estudio examinó material particulado fino presente en sectores cercanos a los depósitos mineros de Tierra Amarilla y Nantoco.

La demanda sostiene que las muestras fueron tomadas en cuatro puntos: la esquina de Punta de Cobre, un sector cercano al colegio Luis Uribe, Avenida Villa Estadio y Villa Emergencia Nantoco.

Según los demandantes, las conclusiones del análisis detectaron “altas cantidades de cobre, arsénico y mercurio”.

En la acción judicial también se menciona un oficio remitido por la Seremi de Salud de Atacama a la Corte Suprema, el que —según los vecinos— advertiría sobre posibles efectos de corto, mediano y largo plazo asociados a los materiales presentes en los botaderos.

“Los materiales presentes en estos botaderos tienen graves y en casos irremediables efectos de largo y corto plazo en la salud de la población”, indica la demanda al citar el documento de la autoridad sanitaria.

Asimismo, los demandantes sostienen que todos los habitantes involucrados en la acción “conviven a diario y directamente con los botaderos urbanos dispuestos a pasos de sus casas, centro de salud y escuelas”.

Apuntan al Estado por omisiones en fiscalización ambiental

Además de las empresas mineras, la acción judicial dirige responsabilidades hacia el Estado. La presentación fue interpuesta en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por Carolina Francisca Cuevas Riquelme, argumentando presuntas omisiones en labores de fiscalización y resguardo ambiental.

Los demandantes solicitan al tribunal que determine si existieron actos u omisiones “culposos o dolosos” por parte de las empresas y organismos involucrados.

En el petitorio, los vecinos piden que se ordene la reparación “tan íntegra y completa como sea técnicamente posible” de las componentes ambientales afectadas.

Entre las medidas solicitadas, la demanda propone acciones orientadas a controlar emisiones de material particulado fino, particularmente ante escenarios de viento, tronaduras, tránsito vehicular o remoción mecánica de residuos.

El escrito también solicita oficiar a distintos organismos públicos, entre ellos la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), para que remitan antecedentes vinculados a denuncias realizadas por vecinos de Tierra Amarilla respecto de “numerosas nubes de polvo” asociadas a faenas mineras.

Sumado a lo anterior, la acción pide antecedentes relacionados con procesos de evaluación ambiental estratégica del Plan Regulador de Tierra Amarilla y del Plan Regional de Ordenamiento Territorial de Atacama.

El documento fue ingresado el 19 de mayo y, hasta ahora, el Primer Tribunal Ambiental deberá resolver la admisibilidad y tramitación de la acción judicial presentada por los vecinos de Tierra Amarilla.