El Tribunal Ambiental rechazó el reclamo de Caldera contra Copiaport-E, proyecto representado por ejecutivos vinculados a sociedades offshore y a los Panama Papers.
El Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación presentada por la Municipalidad de Caldera contra el megaproyecto portuario Copiaport-E. La decisión deja a la iniciativa, valorizada en US$450 millones, un paso más cerca de concretarse. El proyecto aún enfrenta recursos judiciales y permisos pendientes.
El fallo confirmó una resolución previa del Comité de Ministros, que había declarado inadmisible el reclamo del municipio al considerar que las observaciones debían presentarse durante el proceso de Participación Ciudadana. La votación no fue unánime: el ministro Marcelo Hernández estuvo por acoger la reclamación, al estimar que el municipio sí presentó observaciones fundadas mediante oficios. Desde Caldera adelantaron que recurrirán a la Corte Suprema en los próximos días.
Copiaport-E contempla un terminal portuario en Punta Cachos, entre Caldera y Copiapó, en la Región de Atacama. Incluye dos terminales: uno de graneles limpios, con capacidad para 10 millones de toneladas anuales de maíz, trigo y soya, y otro multipropósito para contenedores, carga general y fertilizantes. Ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental en 2020 y obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental en septiembre de 2025.
La iniciativa busca emplazarse en Bahía Chasco, hábitat del pingüino de Humboldt, el yunco y la tortuga verde. Las reclamaciones presentadas, algunas aún sin resolución, apuntan también a los efectos sobre la pesca artesanal, el ecoturismo y prácticas tradicionales como la construcción con totora.
En Chile, el proyecto es representado por Copiaport-E Operaciones Marítimas SpA, encabezada por el ciudadano brasileño Alexandre Soderi Hendzel. La sociedad está integrada por Rex Inversiones S.A., EBX Inversiones S.A. y ECP S.A.
Hendzel figura en el proyecto desde 2018, cuando el puerto aún estaba ligado al grupo EBX del empresario brasileño Eike Batista, condenado posteriormente en Brasil por delitos económicos. Junto a él aparecen Rodrigo Bascuñán Barros y Vinicius Bacca. Los tres integran Rex Inversiones III, sociedad panameña constituida en 2009 y suspendida desde 2025, aunque no disuelta.
Bascuñán figura además como accionista, desde 2006, de Lawson Holdings, una de las 22 sociedades offshore que Batista usó para estructurar su patrimonio según los Panama Papers. El proyecto tiene su origen en Hacienda Castilla, iniciativa que Batista impulsó en Atacama desde 2006 y que nunca se concretó.
Entre 2025 y 2026, representantes de Copiaport-E sostuvieron 18 reuniones registradas por Ley de Lobby con autoridades. Una parte significativa se concentró después de que el Comité de Ministros ratificara la RCA, el 28 de mayo pasado.
Ese mismo día, Hendzel, Bascuñán y el abogado Felipe Leiva —en representación de Hidroeléctrica Dos Valles— acudieron al SEA en Copiapó para consultar por el proceso de reclamación. También se reunieron con el delegado presidencial de Atacama, Rodrigo Illanes, junto a Nicholas Winters y Todd Callender, quien también figura en los Panama Papers y comparte con ellos la sociedad Rex Inversiones III.
Las gestiones incluyeron además encuentros con el Ministerio de Transportes y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, por las concesiones marítimas, permiso aún en tramitación y necesario para construir el puerto.
