Directora de Evaluación Ambiental: “El SEA entrega datos transparentes que nos muestran que la inversión no está estancada”
En medio del debate sobre la “permisología”, a través de la cual se han criticado los procesos de evaluación ambiental por retrasar proyectos de inversión en el país, la directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, devela cifras que contradicen esta narrativa.
En entrevista con El Desconcierto, Durán explica cómo ha aumentado la inversión que ingresa a evaluación ambiental, recuerda el bajo porcentaje de proyectos que se rechazan y describe las buenas prácticas y características de proyectos que logran tramitaciones ambientales ágiles.
En ciertos ámbitos del debate público se habla de la evaluación ambiental como un obstáculo a la inversión. ¿Cómo ha evolucionado la inversión sometida a evaluación ambiental en los últimos años?
El Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) tiene una plataforma transparente con datos que muestran que la inversión no está estancada. En el primer semestre de 2025 ingresaron proyectos a evaluación por US$ 36 mil millones; la cifra más alta en un primer semestre desde 2016. En 2024 ingresaron proyectos por US$ 70 mil millones al sistema. En cuanto a la aprobación de proyectos, en el primer semestre de 2025 se aprobaron casi US$ 13 mil millones en inversiones. Entonces si miramos el SEIA como un termómetro de la expectativa de inversión, tenemos que hay mucho movimiento.
También hay un reconocimiento a este instrumento de gestión ambiental que se ha ido construyendo con consensos políticos y de Estado. El sistema es de prestigio en el resto del mundo porque permite conocer en tiempo real y de forma transparente la evaluación de los proyectos y los recursos de reclamación que se presentan. Además hemos ido avanzando en un sistema más técnico y mejorando la participación ciudadana a raíz de las recomendaciones que nos han hecho cada año desde la OCDE. Hoy, tener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) emanada del SEIA chileno es un activo para cualquier empresa porque da un reconocimiento de seriedad.
En relación con el debate sobre los permisos y la inversión, sin lugar a dudas hay mejoras necesarias que hacer, tanto en el permiso ambiental como en los permisos sectoriales. Apuntando a aquello se han tomado medidas reglamentarias, de gestión y también de ley con el proyecto que lideró el ministro Grau para los permisos sectoriales y el que está liderando la ministra Maisa Rojas para reformar el SEIA, que volvió a estar en agenda en el Senado. Después de años de diagnóstico este gobierno le está poniendo el cascabel al gato para tener permisos más eficientes en términos de protección ambiental y en términos de plazos.
El centro de pensamiento Pivotes publicó un indicador que mide la probabilidad de que un proyecto sea evaluado y aprobado en plazos razonables en el SEIA. El análisis concluye que la eficiencia del SEIA ha caído de 95% en 2006 a menos de 20% en los últimos años. ¿Qué piensas de este indicador y sus resultados?
Lo que está mostrando este indicador es que, más allá de las distintas administraciones que ha tenido este país desde que se creó el SEA, los tiempos para aprobar proyectos en término de días corridos ha tendido a aumentar y eso es un fenómeno multi factorial. En primer lugar, me parece importante recordar que el SEA cumple con los plazos legales de evaluación en 100% de los casos. No es posible afirmar que haya retrasos en los proyectos de inversión atribuibles a la institucionalidad pública. Otro punto a tener en cuenta es que 95% de los proyectos que entran a evaluación se aprueban.
Las demoras se dan porque los titulares de los proyectos tienen que solicitar extensiones de plazo para responder las observaciones y preguntas que hacen a través del SEA los distintos organismos públicos con competencia ambiental. Nosotros hemos hecho un análisis y vemos que los proyectos que ingresan con información completa, bien preparados y con buenas consultorías tienen una tramitación más ágil. Es necesario un esfuerzo del sector público y del privado en conjunto para mejorar los proyectos.
Además, hay que entender que estamos atravesando una triple crisis planetaria por el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, por la que la ciudadanía necesita garantías de que los proyectos resguarden su salud y medio ambiente además de generar empleo. Las exigencias se van elevando y necesitamos que los actores públicos y privados trabajemos juntos. Desde nuestra parte estamos haciendo esfuerzos para unificar criterios de evaluación y estamos automatizando procesos usando tecnología. También hemos reducido los plazos que requiere el Comité de Ministros para evaluar los recursos de reclamación que llegan. Antes teníamos espera de 2 o 3 años y hoy en día ya no hay proyectos que esperen más de 13 meses para ser atendidos en esta instancia.
¿Cuáles son las características de los proyectos que logran tramitaciones más ágiles en el SEIA?
Los proyectos tienen que presentar una descripción de línea de base para luego poder comparar los impactos, y un área de influencia donde el proyecto va a tener un impacto. Cuando esa información es incompleta o mal caracterizada, eso genera ineficiencia. Hoy en día tenemos un sistema donde los titulares conocen de antemano los requerimientos, para que puedan presentar estudios y declaraciones de impacto ambiental que cumplan y que caractericen bien las líneas de base y las áreas de influencia. Caracterizar adecuadamente el medio humano y las comunidades afectadas también es importante, así como iniciar procesos de participación temprana. Estas prácticas aseguran una tramitación más fluida.
Se está tramitando la reforma al SEIA y desde el ambientalismo hay preocupación por algunas indicaciones que reemplazan autorizaciones por declaraciones juradas o que permiten modificar los proyectos después de aprobados sin someterse a una nueva evaluación. ¿Cuál es tu percepción sobre estas alertas que se han levantado desde la sociedad civil?
Yo diría que en la tramitación de este proyecto de ley hubo consensos, pero también muchas diferencias y hay que recordar que había una mayoría de oposición y hay indicaciones que se aprobaron en contra de la voluntad del Ejecutivo. Uno puede entender que hay materias no resueltas y estamos todavía en una fase intermedia de la tramitación. Es importante que el proyecto salga de la Comisión de Hacienda del Senado y continúe su tramitación, debiendo pasar también por la Cámara de Diputados, por lo que aún quedan etapas para hacerse cargo de las materias que preocupan a los distintos sectores.
¿Qué aspectos destacarías del proyecto de ley?
Destaco los esfuerzos para reforzar la rectoría técnica del Sistema de Evaluación Ambiental para seguir avanzando en las recomendaciones de la OCDE y por eso celebro que se apruebe la eliminación del Comité de Ministros y la sustitución de las Comisiones de Evaluación Ambiental (COEVA) por las direcciones regionales del servicio. También es importante que se están sumando herramientas para unificar criterios y también para crear un recurso de reposición más amplio, para evitar la judicialización posterior de los proyectos.
