Sigue flexibilización para inversiones: Otras leyes buscan facilitar intervención de costas y bosque nativo

Desazón generó en el mundo ambiental e incluso entre varios diputados y senadores del oficialismo la aprobación del proyecto que acelera los permisos sectoriales para proyectos de inversión, al que se tilda de grave regresión ambiental, flexibilizando el camino para decenas de proyectos al modificar más de 40 leyes.

Pero no se trata de un único caso, sino que es parte de una batería de proyectos que impulsa el gobierno para acelerar inversiones y que están encendiendo alertas en el mundo ambiental, que en un inicio veía las iniciativas como una oportunidad para fortalecer los organismos del estado que revisan los proyectos.

Simplificación normativa

Un proyecto que ya está ad portas de aprobarse es el de simplificación normativa asociada a inversiones, que modifica cerca de 30 leyes del Estado para acelerar la tramitación de proyectos.

Según explica el coordinador de seguimiento legislativo de Chile Sustentable, Felipe Moreno, esta iniciativa generó polémica ya que, a pesar de ser presentada por el gobierno, algunos de sus artículos fueron vetados por el presidente Gabriel Boric. Uno de ellos debilitaba el instrumento que permite a la DGA decretar zonas de no extracción, donde ya no se pueden otorgar nuevos derechos de agua. También se vetó un artículo que establecía excepciones para eximir de permisos a quien quisiera intervenir un humedal.

“Una de las críticas que se le puede hacer a la agenda para acelerar inversiones, y que se ve en el caso de esta ley, es que se han tramitado proyectos de ley forzadamente rápido en el Congreso. Este proyecto solo lo revisó la Comisión de Hacienda a pesar de que modifica 30 leyes. El proyecto entró en enero y terminó su tramitación en mayo”, explica Moreno.

A pesar de los artículos vetados, el especialista también declara que el proyecto sí genera varias modificaciones que ve como regresiones ambientales. Entre ellas, una que restringe y debilita la categoría de bosque nativo de conservación, que sirve para limitar la intervención en bosques con especies en estado de amenaza.

Reforma a la evaluación ambiental

Otro proyecto que genera preocupación es la reforma al Sistema de Evaluación Ambiental, que avanza en su primer trámite en el Congreso. Esta reforma introduce mecanismos similares a los criticados en la ley de Permisos Sectoriales, pero para el permiso ambiental de aquellos proyectos que deben someterse a evaluación.

Según Moreno, el proyecto ha ido perdiendo en su tramitación los artículos que apuntaban a fortalecer la evaluación ambiental y la institucionalidad, y sumó otros que desregulan y debilitan el control sobre proyectos que tendrán impacto ambiental.

“El proyecto ahora es mucho más regresivo que cuando se presentó. Por ejemplo, desde el Partido Republicano se ingresó una indicación que exime de evaluación ambiental a cualquier modificación que se haga a un proyecto ya aprobado. Esto es grave porque se puede presentar un proyecto pequeño, obtener el permiso y luego triplicar su tamaño o ampliar su actividad generando mucho más impacto, sin evaluar eso. Es una forma evidente de eludir la evaluación.  

Borde costero

Otro proyecto presentado por el gobierno y criticado es el de la administración del borde costero, que habilita la entrega de concesiones marítimas para usar el borde costero, donde ya se han visto consecuencias del mal manejo, como los socavones en campos dunares y la pérdida de playas por la erosión.

Incluso el reconocido geógrafo Marcelo Lagos ha salido a criticar este proyecto, declarando que promueve una privatización encubierta de la costa, introduciendo títulos privativos de hasta 50 años que se pueden transferir entre privados, y se debilita la participación de los gobiernos regionales y locales en la toma de decisiones.

Reglamento del SEA

Otra modificación que ya fue aprobada por el Consejo de Ministros y está a la espera de su paso por la Contraloría es una modificación del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aumentando los umbrales para que un proyecto deba entrar a evaluación ambiental.

Una investigación del medio LaBot develó que este cambio deja fuera de evaluación a los data centers, ya que hasta ahora no se les evaluaba por su intensivo uso de agua o energía sino por la cantidad de diésel que deben acopiar.

Hasta ahora, los proyectos que almacenan más de 80 mil litros de sustancias inflamables como combustibles, debían ingresar a evaluación ambiental. Con la reforma que está casi aprobada, este umbral se multiplica por 12: se puede acopiar hasta 1 millón de litros sin evaluar el impacto ambiental de ello.

Así, la reforma aumenta el tamaño e impacto de los proyectos que quedarán eximidos de evaluar sus impactos ambientales, y por ende de tomar medidas para mitigar o compensar esos impactos.