Está ad portas de aprobarse un proyecto de ley para acelerar la obtención de permisos sectoriales para proyectos de inversión en Chile. Abogados ambientalistas y congresistas alertan que la ley tal como se ha tramitado supone un retroceso en la protección del medio ambiente en el país, en el marco de un álgido debate sobre la “permisología”.

En entrevista con El Desconcierto, el abogado ambiental Ezio Costa ejemplifica el rol que cumplen los permisos para proteger la salud de las personas y de sus entornos, y acusa una presión del empresariado para acelerar inversiones debilitando los permisos, requisitos y fiscalizaciones a la actividad económica, en vez de fortalecer el proceso para que sea más eficiente.

En el debate sobre la perisología se apunta a los permisos sectoriales y ambientales como un obstáculo para la inversión económica. ¿Para qué sirven estos permisos?

Todos los permisos existen porque en algún minuto nos sentamos a discutir cómo evitar que una actividad produzca daños a algo valioso que le pertenece y afecta a toda la comunidad. Un ejemplo son las líneas de transmisión de electricidad que abastecen a casi todo el país. Para poder intervenirlas y realizar trabajos sobre ellas se requiere de un permiso, y el Coordinador Nacional Eléctrico ha confirmado que el corte de luz masivo se produjo porque se hicieron trabajos sobre las líneas sin pedir un permiso que era necesario, por lo que la autoridad no pudo supervisar estos trabajos ni tomar medidas de resguardo para evitar afectaciones a la población. Algo similar pasa con los vendedores ambulantes de comida, que las personas protestan porque al no tener permisos, nadie supervisa que la comida que sirven no los vaya a enfermar. En ese caso, los permisos, que sí tienen los locales de comida establecidos, están resguardando la salud de las personas. Los permisos existen para evitar que una actividad dañe el bien común y la salud.

¿Hay problemas en la forma en que se obtienen permisos para proyectos de inversión en Chile?

La obtención de permisos es lenta en todo ámbito, y siempre se pueden hacer cosas para hacerla más eficiente. Eso era lo que esperábamos de este proyecto de ley. Pero finalmente lo que vemos es que se están debilitando los permisos o reemplazándolos por otras técnicas más fáciles como declaraciones juradas. Esto puede ser beneficioso para actividades simples. Pero cuando se puede dañar un bien común como un ecosistema cuya salud también afecta la salud de la población, entonces es más complejo. Está muy bien acelerar los permisos para las inversiones, pero eso no puede sacrificar la seguridad de las personas y sus entornos.

¿De qué formas crees que el proyecto de permisos sectoriales menoscaba la protección ambiental?

En primer lugar, se crea una oficina del Estado que va a monitorear y acelerar la obtención de permisos para grandes proyectos de inversión. Estamos destinando recursos fiscales para acelerar grandes inversiones, y el proyecto ha intentado agregar actividades de menor envergadura pero no se ha logrado. Esto significa que en vamos a tener una presión desde el Ministerio de Economía para que grandes proyectos obtengan sus permisos de forma acelerada. El segundo problema es que se entrega mucho poder a los órganos de la administración para modificar cómo otorgan ciertos permisos, y para reemplazar esos permisos por declaraciones juradas. Es aquí donde queremos impulsar un cambio en el proyecto, para establecer sanciones graves a quienes entreguen información falsa en esas declaraciones, y que no dependa solo de que una ONG o una comunidad se dé cuenta de que hubo información falsa y haga una demanda y esté años peleando. En la reforma a la ley ambiental también se está integrando algo similar a las declaraciones juradas, con los mismos riesgos. El proyecto de permisos sectoriales está avanzado y hay un amplio acuerdo entre el gobierno y la oposición para aprobarlo la próxima semana, pero aún queda tiempo para integrar este cambio y también el principio de no regresión, que es un principio jurídico establecido en tratados internacionales desde 1970 para que una normativa no pueda degradar la protección ambiental que ya se ha alcanzado. En el Senado votaron en contra de agregar este principio en el proyecto de ley.  

¿Las preocupaciones del mundo ambientalista sobre este proyecto fueron escuchadas por el oficialismo antes de llegar a un acuerdo para aprobarlo?

Creo que estamos en un contexto político y económico complejo y hay una tendencia global a remover las protecciones ambientales, por el poder y la posición que ha adquirido una parte del empresariado, que está llamando a acelerar sus inversiones sin interés en proteger el bienestar de las personas. Esto viene acompañado con discursos agresivos y eso es visible en la política nacional, donde por ejemplo el ex presidente de la CPC Juan Sutil dijo hace algunos días que la protección ambiental es un cáncer para el país. Este tipo de posiciones, además de ser poco constructivas solo incitan al odio y la división contra personas que tienen distintos valores que él, en un momento en que la violencia contra defensores ambientales va creciendo en el país. Estos discursos son el primer escalón de esa violencia y vemos con preocupación que desde la política no hay un interés por frenar o responder a ese discurso, que pasa colado en el debate público. Hay un cambio de posición de una parte del empresariado que hace algunos años admitía que había que proteger el medio ambiente, y hoy están obstinados en aumentar el flujo de capital y mejorar sus ganancias reduciendo el resguardo a los ecosistemas y hábitat de las personas. En Estados Unidos se está viendo lo mismo y en Argentina también, y ante este avance nos parece que desde el mundo progresista no debería haber una negociación amistosa con estas visiones sino una respuesta fuerte, porque lo que hacen sino es aumentar la presión que hay sobre las personas y los territorios.

¿Estos proyectos de ley fortalecen los procesos de obtención de permisos con recursos, personal o capacitaciones para que sean más eficientes?

Nada de eso es parte de las medidas propuestas. También hay una crítica del empresariado contra la fiscalización ambiental y se ha visto en los últimos meses en El Mercurio con críticas hacia las sanciones de la Superintendencia de Medio Ambiente cuando se violan las normas de ruido de la construcción o de la actividad salmonera. Están diciendo en simple: no me pidas tantos permisos para aprobar mi actividad, y luego no me fiscalices tanto. Que es lo mismo que decir: no quiero cumplir la ley. Quiero hacer lo que yo quiera sin que se supervisen las consecuencias que tendrá mi actividad para otras personas y lugares. También es un discurso para acelerar la inversión porque sí, y el flujo de dinero sin pensar en si esas inversiones son beneficiosas para la sociedad. Obviamente queremos más inversiones, pero de calidad y seguras. Cuando los permisos se debilitan se obtienen inversiones como los edificios sobre las dunas de Concón. Finalmente, no es un discurso para hacer mejor las cosas sino una erosión a la democracia para aumentar su poderío económico.