Senador de Urresti por permisología: “Se está rebajando el estándar ambiental para facilitar la inversión”
Cientos de organizaciones e incluso la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, han manifestado su preocupación por algunas indicaciones agregadas en los proyectos de ley, que buscan terminar con la llamada “permisología” y acelerar los trámites para aprobar proyectos de inversión en el país.
A estas voces, se suma la del senador por el Partido Socialista, Alfonso de Urresti, que en entrevista con El Desconcierto levanta la alerta sobre un debilitamiento de los estándares ambientales de los proyectos, en la reforma al SEIA y en la ley de permisos sectoriales que avanzan en el Congreso.
-¿Estás de acuerdo con el discurso que se ha instalado en el país sobre la permisología?
Creo que se ha cometido un error en la utilización del término. Somos conscientes de que hay que mejorar procesos y avanzar en transparencia, además de actualizar leyes que llevan un largo tiempo aplicándose. Eso no puede ser a costa de evitar la obtención de autorizaciones o de evitar la participación ciudadana o de la institucionalidad ambiental. Acá hay un uso abusivo por parte de aquellos que quieren saltarse las restricciones y que no entienden la responsabilidad ambiental que promovemos como sociedad.
-¿Qué es lo que debe mejorar en la evaluación de proyectos de inversión?
Yo creo que es importante, después de varios años de funcionamiento, saber que hay servicios que tienen una tardanza excesiva y que a veces no hay interoperatividad. El Estado es uno solo y esa mirada integrad siempre es buena y se debería fortalecer en la aplicación de estas leyes. Eso no puede llevarnos a rebajar los estándares ambientales y vulnerar el principio de no regresión, que es fundamental para proteger el medio ambiente.
-¿Pueden tener un impacto negativo estos proyectos de ley, tal como se están planteando hasta el momento?
Se está abusando y rebajando el estándar ambiental, so pretexto de facilitar la inversión y simplificarla. Se está afectando por ejemplo el registro público de consultores, que es importante para garantizar el estándar en la evaluación de proyectos. Ha habido un terrible error en la forma de tramitar las leyes, y vemos a la derecha de este país muy contenta con la legislación que se está planteando, lo que refleja que están alcanzando sus objetivos. No hay un equilibrio adecuado y la tramitación debe mejorar para no debilitar la protección ambiental del país.
-¿Cuáles son las principales mejoras que plantean estos proyectos, para hacer más eficiente la evaluación de inversiones?
Yo creo que hay algunos aspectos como la eliminación del Comité de Ministros para determinadas iniciativas, la reducción en los plazos para algunos servicios que demoran mucho en las respuestas, o hacer la diferencia entre proyectos extractivistas e inversiones de interés público, son mejoras importantes. Pero existe un desequilibrio hacia rebajar los estándares y hay que tener especial cuidado, porque cuando se pone solo el énfasis en el crecimiento, en la producción, sin considerar aspectos ambientales, se cometen errores que después el propio Estado y el propio medio ambiente terminarán pagando.
-¿Crees que el caso Dominga es un ejemplo de ineficiencia en la evaluación ambiental de proyectos?
Creo que siempre hay cosas que se pueden mejorar, y que se ha dilatado una decisión con gran desgaste institucional. Pero el tema de fondo y más relevante es que tenemos la porfía de una empresa que quiere llevar la instalación de su proyecto hasta las últimas condiciones, en uno de los lugares más importantes para la biodiversidad marina en Chile. Esta actitud de los inversionistas es no entender el siglo XXI y el problema en que nos encontramos por la fragilidad de los ecosistemas y la crisis climática.
-¿Se pueden potenciar alternativas de desarrollo en el país, para que las personas no dependan de empleos que destruyen ecosistemas?
Hay que avanzar en economías locales y procesos productivos descentralizados, para que los lugares no sean mono-dependientes de una determinada actividad industrial y que no deban condicionar la protección del medio ambiente por necesidad de empleo. Hay que diversificar la matriz productiva para que en los territorios no existan estas capturas empresariales para un determinado sector.