Con el tratado binacional se impulsan mega proyectos mineros como el distrito Vicuña en la frontera con Atacama donde ya se ha visto el daño en glaciares.
Minería y glaciares en la Cordillera de los Andes.
Foto: CodelcoMás minería en la Cordillera de los Andes es lo que promete el reimpulso de un tratado binacional entre Chile y Argentina, que fue firmado por Eduardo Frei y Carlos Menem en 1997. Los gobiernos de José Antonio Kast y Javier Milei acordaron retomar las sesiones de la comisión administradora del tratado en julio.
Al alero de este tratado, que establece reglas distintas a las regulaciones nacionales para facilitar el aprovechamiento conjunto de recursos, se están impulsando grandes proyectos en yacimientos de frontera concentrados sobre todo en la provincia de San Juan, en los límites con las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso.
Esto viene de la mano con la reforma a la ley de glaciares argentina impulsada por Milei para facilitar los proyectos mineros en estas provincias, despertando un amplio rechazo ciudadano por el impacto que puede tener este avance en los glaciares y por ende en la disponibilidad de agua para un futuro con proyecciones climáticas de sequía y aumento en las temperaturas.
Uno de los principales activos de esta aspiración conjunta es uno de los depósitos de oro, cobre y plata sin explotar más grandes del mundo, descubierto en la provincia de San Juan y la región de Atacama. Las mineras BHP y Lundin Mining formaron la empresa conjunta Vicuña Corp, para explotar este yacimiento a través de distintas faenas, bajo el nombre de Distrito Vicuña.
Los primeros proyectos presentados para esto son en Argentina, y ya han generado una disputa entre las provincias de San Juan (que tiene los yacimientos) y de La Rioja (que reclama por los impactos ambientales en su territorio).
Pero las empresas ya han declarado preliminarmente el interés por extender este desarrollo a territorio chileno, en la región de Atacama donde ya tienen participación en las minas de Caserones y Candelaria.
El tratado minero contempla una franja entre los 3 mil y 5 mil metros de altura a ambos lados de la cordillera, en una zona que no solo alberga yacimientos minerales sino también valiosos glaciares que son vitales reservas de agua potable para ambos países.
En efecto, el primer proyecto minero binacional entre ambos países, es un claro ejemplo del riesgo que corren los glaciares con este avance. Se trata del proyecto Pascua Lama, de Barrick Gold, que terminó clausurado por la justicia chilena por su grave impacto ambiental en glaciares y contaminación de las aguas.
Los coletazos de este proyecto fallido siguen generando conflictos con las comunidades indígenas de la cordillera atacameña: mientras reclaman irregularidades en el plan de cierre de Pascua Lama, lamentan y reclaman contra la aprobación ambiental obtenida por otro proyecto minero, también de Barrick Gold, para explotar el mismo yacimiento.
“Cabe recordar que han pasado más de 25 años desde la entrada en vigor de este tratado y el mundo ha cambiado fuertemente. Si bien las empresas mineras pueden decir que han mejorado su tecnología, también es cierto que cada día sentimos con más fuerza los efectos de la crisis climática, entre ellos el cambio en el régimen de precipitaciones”, declara la directora de la fundación Terram, Flavia Liberona.
La especialista en política ambiental recuerda el rol vital que tienen los glaciares en la alta cordillera sobre todo para Chile, donde las zonas más pobladas del país se abastecen de esta fuente hídrica que ha ido en reducción por la actividad humana y la crisis climática.
Además, esta propuesta llega en un momento de avance de proyectos de ley que han sido señalados por sus regresiones ambientales al reducir exigencias ambientales y limitar la capacidad de comunidades para reclamar contra proyectos contaminantes, buscando acelerar la inversión, como es el caso de la Ley Miscelánea ingresada por el gobierno al Congreso.
