Y aunque, hasta ahora, no existen antecedentes que vinculen a la empresa tras el proyecto minero Dominga con hechos corruptos, la Fiscalía abrió una investigación reservada para indagar los pagos a esos abogados.
En Mongabay Latam accedimos a documentación interna de la empresa, donde figuran listados de asesores que hasta ahora se habían mantenido bajo reserva. Varios de ellos comparten la misma característica: un alto poder de influencia en las instituciones.
El equipo periodístico confirmó con fuentes internas de la empresa la validez de ese documento y luego comprobó, mediante entrevistas, el vínculo legal entre los asesores allí mencionados con Andes Iron. Correa confirmó que ha sido asesor de la minera, pero evitó explicar en qué han consistido sus asesorías.
En los listados no solo aparecen operadores judiciales como José Ramón Correa, sino también dirigentes políticos: excongresistas chilenos figuran en las planillas de pago de Andes Iron. La mayoría de ellos se ha escudado en la confidencialidad de sus contratos para no explicar en detalle cuál es el servicio específico que le prestan a la empresa.
El mismo argumento entregó el abogado José Ramón Correa a Mongabay Latam para no entregar detalles sobre su trabajo para Andes Iron. Al menos en 2022, la empresa tenía pronosticado que él fuera el asesor mejor pagado de la compañía, a pesar de que no aparece litigando en representación de Dominga en ninguna de las múltiples contiendas en los tribunales que ha enfrentado el proyecto.
Los tribunales son un campo de acción clave para los dueños de Dominga. El proyecto ha sido rechazado tres veces por las instancias formales de evaluación, pero ha logrado seguir con vida gracias a que judicializa cada rechazo. Fallos de los tribunales ambientales y de la Corte Suprema permiten que hoy Dominga esté más cerca de concretarse.
Eso a pesar de la férrea oposición que ejercen grupos ambientalistas, científicos y organizaciones de la sociedad civil, quienes advierten que su puesta en marcha podría ser letal para el delicado ecosistema marino que existe en el área donde Dominga pretende funcionar.
Como parte de esta investigación, se enviaron varios sets de preguntas a Andes Iron para conocer la labor específica que han prestado a la empresa los asesores identificados en los documentos a los que tuvimos acceso. Las preguntas se enviaron inicialmente en enero y volvimos a enviarlas el pasado 28 de septiembre, pero hasta la publicación de este reportaje no recibimos respuestas (ver aquí el set de preguntas).
Un proyecto polémico
El proyecto Dominga ingresó a tramitación ambiental en 2013 buscando luz verde para iniciar su construcción, pero 13 años después sigue paralizado. Los dueños del negocio —entre los que estuvo la familia del expresidente Sebastián Piñera, quien enfrentó una acusación constitucional del Congreso cuando se descubrió que había vendido su parte en las Islas Vírgenes Británicas—, han protagonizado un duro enfrentamiento con autoridades y organizaciones locales y ambientalistas que se oponen a su construcción.
Actualmente, la familia Délano —que ha forjado su fortuna en mercados como el de la salud y la educación privadas, la venta de seguros, la administración de fondos de pensiones y los bancos— es la controladora del proyecto (con más del 80 % de la propiedad). Hace 10 años el patriarca de la familia, Carlos Délano, estuvo en la cárcel cuando la Fiscalía descubrió que sus empresas habían financiado ilegalmente a partidos políticos. Su proceso judicial terminó con una condena simbólica que incluyó su asistencia a clases de ética.
Los opositores a Dominga, entre los que se cuentan científicos, ambientalistas de distintas organizaciones de la sociedad civil, pescadores y habitantes de la zona, argumentan que la iniciativa pone en riesgo ecosistemas marinos y especies en peligro de extinción que habitan el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Archipiélago de Humboldt (creada en 2023), que es precisamente donde se ubicaría el puerto de Dominga.
Esa área protegida, reconocida a nivel mundial como un hotspot de biodiversidad, abarca a su vez la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y las reservas marinas Isla Chañaral e Isla Choro y Damas, creadas con anterioridad. Ellas son el principal hogar en el mundo para el pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), pero también son hábitat de 21 especies de mamíferos marinos, entre ellos 14 especies de cetáceos y más de 100 especies de aves. Además, la riqueza marina de esta área es tal que sostiene las pesquerías artesanales más productivas de la región centro y norte de Chile.
La empresa ha dicho que su proyecto generará miles de empleos, que buscan invertir cerca de 3000 millones de dólares y que la construcción y la operación del puerto no afectará ni a los pescadores ni a la biodiversidad del lugar.
Además de la fuerte oposición, el proyecto ha sido rechazado tres veces por el Comité de Ministros, una instancia de Gobierno encargada de definir el futuro de iniciativas que no logran su aprobación por el mecanismo regular de evaluación ambiental. A eso se suma que la empresa ha enfrentado varias otras batallas tanto en los tribunales ambientales como en la Corte Suprema.
Un asesor en problemas
Uno de los informes internos de Andes Iron, a los que accedimos para este reportaje, detalla el presupuesto contemplado para 2022. Solo en el área corporativa, ítem en el que aparecen, por ejemplo, los pagos a José Ramón Correa, la empresa tenía planeado gastar 1405 millones de pesos (aproximadamente 1.5 millones de dólares). El mismo documento señala que el año anterior se destinaron a esa categoría otros 1017 millones de pesos (1.35 millones de dólares).
Hasta ahora no existe un cálculo cabal de cuánto dinero le ha destinado Andes Iron a sus asesores. Tampoco un listado completo de quienes han prestado algún tipo de servicio para el proyecto minero. Para esta investigación solo accedimos a información parcial que, sin embargo, es llamativa porque muestra que un porcentaje significativo de quienes integran las nóminas de pago de la empresa son personas con un alto poder de influencia en el Poder Judicial, La Moneda y el Congreso.
Uno de los más relevantes es, precisamente, José Ramón Correa, quien es un influyente abogado chileno que ha representado a la familia del dictador Augusto Pinochet ante los tribunales, y que también ha construido redes con dirigentes de los gobiernos de centro izquierda de la Concertación, la coalición que gobernó Chile durante 20 años. Medios chilenos han revelado también su cercanía con la actual Contralora General de la República, Dorothy Pérez.
Los chats entre Luis Hermosilla y José Ramón Correa que reveló Reportea, muestran el nivel de llegada del abogado entre los jueces de las cortes superiores en Chile. Por ejemplo, una conversación de 2018 da cuenta de que el abogado Hermosilla —quien actualmente enfrenta la acusación formal del Ministerio Público que exige en su contra una condena de 17 años de cárcel por soborno, lavado de activos y delitos tributarios— le pidió a Correa interceder ante Manuel Valderrama, ministro de la Corte Suprema, para evitar la anulación de un juicio. En esa conversación Correa definió al ministro como su “amigo”.
Tras la publicación, una abogada de comuneros mapuche que habrían sido perjudicados por el accionar de Hermosilla y Correa presentó una querella por cohecho, tráfico de influencias y obstrucción de la justicia, la que ya está bajo investigación de la Fiscalía.
Los chats de Correa también revelan la influencia que ha tenido para ayudar a instalar al menos una jueza en los tribunales superiores. Se trata de Ángela Vivanco, quien fue destituida de su cargo en la Corte Suprema en 2024, luego de que sus respectivos chats con Hermosilla dejaran al descubierto filtraciones de información reservada, operaciones políticas y disposición a saltarse las reglas. Luego de eso, la Fiscalía comenzó a investigarla y encontró pruebas de que Vivanco recibía coimas a cambio de sus fallos judiciales. La ahora exministra estuvo cuatro meses en la cárcel cumpliendo prisión preventiva y ahora enfrenta la prohibición de salir de su casa durante todo el día.
Sobre su relación con José Ramón Correa declaró en la Fiscalía Sergio Yáber, quien es un conservador de bienes raíces [registrador público] que está bajo investigación por supuestamente participar en la compra y venta de cargos judiciales. “Entiendo que Ángela Vivanco era muy amiga con José Ramón Correa”, declaró Yáber, y agregó que Correa le habría dicho que la entonces ministra Vivanco lo habría ayudado a lograr su cargo como conservador de bienes raíces.
Correa, además, está siendo investigado en el caso de corrupción “Sartor”, en el que se indagan los movimientos de dinero que le habrían permitido comprar el 21 % de las acciones de Azul Azul, la concesionaria que administra el club de fútbol Universidad de Chile, uno de los más populares del país. En mayo pasado la Fiscalía incautó su celular y otros equipos electrónicos.
Correa, quien según los documentos internos de Andes iron a los que accedimos es el asesor mejor pagado de Dominga, reconoció ante Mongabay Latam que asesora al proyecto desde hace años:
“Me permito señalar que sigo siendo asesor jurídico de Andes Iron en materias estratégicas y jurídicas relacionadas con el proyecto minero Dominga, cumpliendo la contratación con las exigencias de compliance establecidas por la compañía. Por motivos de secreto profesional, no me pronunciaré respecto de las consultas que me formula, ya que corresponden a materias respecto de las cuales me encuentro bajo reserva”, respondió por escrito a inicios de 2026.
Luego, en junio, desde Andes Iron también confirmaron la calidad de asesor que mantiene José Ramón Correa: “Puedo confirmarte que el estudio Correa Alemparte presta servicio de asesoría legal a Andes Iron hace años para materias corporativas. No temas medioambientales”, indicaron desde la empresa en una respuesta por escrito enviada a través de la agencia de comunicaciones Azerta.
Asesores influyentes
Entre los asesores de la empresa, que durante años no fueron conocidos por la opinión pública, aparece también el exsenador Patricio Walker (2010 y 2018), quien según los documentos internos de Andes Iron recibe unos 5 millones de pesos mensuales (poco más de 5 000 dólares) por sus servicios. Ese pago aparece como un tipo de gasto “estratégico” en el archivo Excel manejado internamente en la compañía. Walker es amigo y excompañero de militancia en el partido Democracia Cristiana de dos de los ministros ambientales que han mantenido a Dominga con vida.
En enero pasado, cuando en el medio Reportea le preguntaron por la asesoría a Dominga, Walker indicó que “Andes Iron es uno de los clientes a los cuales me ha correspondido prestar asesoría profesional en materia de derecho ambiental, labor que sigue vigente hasta el día de hoy”. Y sobre su cercanía con los ministros del Tribunal Ambiental, respondió que “naturalmente jamás les he planteado ningún tema de carácter profesional”. Según Walker, ha coincidido con ellos en actividades “estrictamente académicas”.
Uno de los hermanos de Patricio Walker, Matías, actualmente ejerce como senador en la Región de Coquimbo, la misma donde Andes Iron busca desarrollar su proyecto. Él es uno de los defensores más entusiastas de Dominga. Ya en 2017, cuando era diputado, desplegó una ofensiva que incluyó reuniones con los dueños de la empresa, y reclamos públicos a las instancias formales de evaluación que habían rechazado por primera vez el proyecto. Su posición se ha mantenido inalterable en el tiempo. En 2023, en una entrevista concedida a El Líbero, volvió a criticar un nuevo rechazo a Dominga y dijo que la evaluación había sido “política” y no “técnica”. En 2023, su hermano Patricio ya era un asesor pagado por Dominga, pero el parlamentario no lo hizo público.
Mongabay Latam le envió preguntas a Matías Walker pero no respondió.
Otro exparlamentario que tuvo algún vínculo con Andes Iron es el exdiputado Osvaldo Andrade (2010-2018), quien también ha sido presidente del Partido Socialista, Ministro del Trabajo bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet y presidente de la Cámara de Diputados.
En 2025 concedió entrevistas en representación de un sindicato de trabajadores faeneros que apoyaban el desarrollo de Dominga (Sindicato Nacional Interempresas de Faeneros de Chile – Fadechi). A The Clinic le dijo que su apoyo era independiente y que no recibía ningún tipo de pago de Andes Iron. Pero ahora, cuando le consultamos por su relación con la empresa, su respuesta fue distinta:
“Ya terminé mi pega [trabajo] allí hace rato”, indicó. Cuando insistimos y le preguntamos por las labores específicas que prestó para Andes Iron, respondió que “tengo deber de confidencialidad en mi ejercicio profesional. Soy abogado”.
Justamente en su rol de abogado de Fadechi presentó recursos ante el Primer Tribunal Ambiental, buscando obstaculizar el tercer rechazo del Comité de Ministros del gobierno de Gabriel Boric, del que su partido formaba parte. Cuando el rechazo se concretó, Andrade acusó a los ministros de “desacato”.
En Mongabay Latam no tuvimos acceso a registros de pagos para Osvaldo Andrade, y él no estuvo disponible a seguir conversando del tema.
De acuerdo con medios chilenos, otros dos exdiputados prestaron servicios a Andes Iron a través del estudio de Lagos y Vargas, los dos abogados que están acusados por la Fiscalía de pagar coimas a ministros del Poder Judicial.
Pero los asesores ocultos de Dominga que participan del debate público sobre el proyecto sin transparentar los pagos que reciben, no se limitan a exautoridades políticas. Otra persona que hasta ahora permanecía en las sombras es Alejandro Ruiz Fabres, quien ejerció como ministro del Segundo Tribunal Ambiental en dos periodos entre 2016 y 2022. Él ha concedido entrevistas en radios y diarios en condición de experto ambiental, en las que ha defendido a Dominga sin comunicar que es un asesor pagado por la empresa. Y aunque en esas entrevistas no lo transparentó, consultado para este reportaje reconoció el vínculo: que es un asesor pagado por Andes Iron.
“Presto asesoría externa a Andes Iron desde agosto de 2023. Fundamentalmente ha tenido como objeto apoyar técnicamente al equipo judicial ambiental en la estrategia del juicio, la definición de pasos procesales y la elaboración de informes jurídico ambientales; también los he asesorado en materias regulatorias, de permisos y de cumplimiento de las obligaciones de la RCA [el permiso ambiental que en Chile recibe el nombre de Resolución de Calificación Ambiental]. La asesoría sigue vigente aunque su intensidad varía dependiendo de las materias que se me pide estudiar”, aseguró Ruiz cuando le consultamos por su vínculo con Andes Iron en diciembre de 2025.
Alejandro Ruiz ha intervenido en el debate público sobre la minera Dominga en calidad de experto, sin transparentar que es asesor del proyecto: en diciembre de 2024 publicó una columna en El Mostrador argumentando que si el gobierno insistía en su rechazo a Dominga, podía caer en desacato; en el mismo mes envió una carta a El Mercurio indicando que el caso “ya no da para más”; en mayo de 2025 defendió al proyecto en radio Duna y Mi Radio (La Serena), y publicó otra columna en El Mostrador asegurando que “el estado de derecho” estaba a prueba.
Los abogados de Andes Iron
Durante las últimas semanas ha habido novedades en torno a Dominga. El 1 de septiembre la empresa anunció que, luego de 13 años, había comenzado la construcción del proyecto, aunque formalmente aún quedaban recursos en trámite en los tribunales que podían bloquear su construcción. Un mes después, marcó otro hito al hacer público su cambio de estrategia en los tribunales: retiró los recursos que había presentado en la Corte Suprema para invalidar una decisión que mantenía frenado el avance del proyecto. Los opositores a Dominga creen que la empresa estaría apostando a una decisión administrativa que depende del gobierno del Presidente José Antonio Kast.
Si bien Dominga ha sido rechazada tres veces por el Comité de Ministros, el proyecto se ha mantenido con vida gracias a recursos judiciales que se tramitan en el Tribunal Ambiental y que luego escalan a la corte de apelaciones respectiva, y finalmente llegan a la Corte Suprema.
La agresiva estrategia legal de Andes Iron podría explicar el gasto que mensualmente desembolsa en abogados y asesores influyentes. Los documentos internos de la empresa a los que Mongabay Latam tuvo acceso, muestran que son varias las oficinas de abogados que asesoran el proyecto.
A pesar de que José Ramón Correa no ha litigado en tribunales en representación de Dominga, al menos en 2022 la empresa tenía planeado hacerle el pago más cuantioso de entre su lista de abogados asesores.
Quien secundaba a Correa en la lista de pagos de 2022 era el estudio Ferrada Nehme, con 405 millones de pesos (450 000 dólares) seguido de Vergara Galindo Correa Abogados, con un pago de 35 millones de pesos (unos 40 000 dólares).
A diferencia de José Ramón Correa, ambos estudios, Ferrada Nehme y Vergara Galindo Correa Abogados, sí han representado a la empresa en los tribunales.
Hasta ahora nadie sabe a ciencia cierta cuántos han sido los asesores que han prestado servicios para el proyecto minero Dominga. Para esta investigación solo tuvimos a la vista un informe de pagos proyectados para 2022 y hay prestadores de servicios que no aparecen en ese listado.
Mientras Andes Iron ensaya una nueva estrategia para echar a andar su proyecto, se enfrenta a una contingencia judicial extremadamente delicada. Hasta ahora, nunca había sido investigada directamente por delitos de corrupción. El único antecedente es la indagatoria que se abrió a raíz de la venta de la participación de la familia del expresidente Piñera, pero allí el investigado era el mandatario y no la empresa.
Ahora, con la Fiscalía investigando los detalles de los millonarios pagos realizados a abogados que están procesados por graves delitos de corrupción, como pago de coimas a ministros de la Corte Suprema (Lagos y Vargas), la situación podría escalar a otro nivel.
Desde Andes Iron indicaron que a Lagos y a Vargas se les pagó por la “elaboración de análisis jurídicos y evaluaciones de contexto legal”, aunque los documentos que exhibieron para justificar los pagos solo contenían información copiada y pegada de bases de datos públicas de internet.
La indagatoria de los fiscales es reservada y no se han conocido en detalle las diligencias que están desarrollando. Pero en Chile la Fiscalía tiene la facultad de, por ejemplo, revisar a fondo la contabilidad de la empresa e indagar si los contratos con asesores del mundo judicial y político que, hasta ahora permanecían en las sombras, se apegaron a las normas.
Nota original de Mongabay.
