La empresa Fiat entregó un total de 30 vehículos eléctricos al Estado de la Ciudad del Vaticano para apoyar las labores diarias de sus funcionarios. La medida busca reducir el impacto ambiental de la flota oficial y avanzar hacia una movilidad más eficiente y de bajas emisiones, progresando en la transición energética.
¿Cómo se desarrolló la entrega de los vehículos?
La primera etapa del proyecto se concretó el 30 de junio, con la entrega de 20 unidades del modelo Topolino en la explanada frente al Palacio de la Gobernación. Al acto asistieron el arzobispo Emilio Nappa, Giuseppe Puglisi-Alibrandi y Olivier François, consejero delegado de Fiat y director de Marketing de Stellantis. La flota se completará con otros diez vehículos del modelo Tris, también eléctricos.
Con esta incorporación, el organismo suma un total de treinta unidades a su parque automotor, en el marco de un proceso que la propia administración vaticana enmarca dentro de una estrategia de mediano plazo.
El programa Conversión Ecológica 2030
La llegada de estos automóviles se enmarca en el programa Conversión Ecológica 2030, impulsado por la Gobernación en 2023. El plan contempla la descarbonización progresiva de la flota oficial, con la meta de alcanzar cero emisiones antes de 2030, además del uso responsable de recursos naturales, la mejora de la eficiencia energética y la modernización de infraestructuras tecnológicas.
El programa incluye asimismo el impulso de energías limpias para el transporte, políticas de gestión de residuos y proyectos de reforestación, orientados en conjunto hacia la neutralidad climática.
El Vaticano y la transición hacia la movilidad eléctrica
La Santa Sede busca posicionarse entre los Estados pioneros en sostenibilidad. La electrificación de su flota oficial se suma a un movimiento más amplio en el que gobiernos y organismos internacionales adoptan vehículos eléctricos para reducir emisiones de dióxido de carbono y disminuir la dependencia de combustibles fósiles.
Pese a su reducido tamaño territorial, el Vaticano se convierte así en un caso citado como ejemplo de cómo una institución estatal puede avanzar hacia la electromovilidad como parte de su gestión ambiental, en un contexto donde la reducción de emisiones y la eficiencia energética se han vuelto ejes centrales de las políticas públicas a nivel global.