La diputada exigió una comisión especial por los recortes que afectan a 3.000 mujeres rurales y acusa al triunvirato Kast-Quiroz-Irarrázaval de gobernar sin ver el impacto social de sus decisiones.
El 1 de junio, INDAP notificó a la Fundación PRODEMU que no habrá cobertura para el ingreso de nuevas usuarias al Programa Mujeres Rurales durante 2026, una iniciativa que lleva 34 años ininterrumpidos apoyando a pequeñas productoras campesinas y agricultoras en las 15 regiones del país.
Según una evaluación de resultados 2022–2024 encargada por INDAP, el 68,1% de las participantes aumentó sus ingresos brutos por ventas, la proporción de mujeres con producción activa pasó de 33,4% al 89,6% entre el ingreso y el egreso, y el programa registró una tasa de permanencia del 88%.
La medida se enmarca en los recortes del gobierno de José Antonio Kast, que redujeron en más de 800 millones de pesos el convenio entre PRODEMU y SERNAMEG. La diputada Carolina Cucumides (IND-PS), representante del Distrito 16 en la Región de O’Higgins, ha sido una de las voces más críticas: ha presentado oficios, expuesto el caso en la Comisión de Mujeres y solicitó una sesión especial para revisar los convenios del Estado con la fundación.
-¿Cómo evalúa la decisión de INDAP de suspender el ingreso de nuevas usuarias al Programa Mujeres Rurales y qué señal envía a las mujeres, especialmente en zonas rurales como las de su región?
Primero hay que separar dos cosas. PRODEMU es una fundación privada sobre la cual no tenemos jurisdicción directa para fiscalizar. Pero funciona con dos grandes convenios: el convenio con INDAP y el convenio con SERNAMEG. Este último tuvo una rebaja de más de 800 millones de pesos, lo que genera una inestabilidad en el sistema.
A partir de eso, INDAP envió un oficio a la dirección regional y un correo a las oficinas provinciales informando que se discontinúan los nuevos ingresos, que el programa sigue solo para quienes ya están en segundo y tercer año, y que el personal debe buscar un lugar donde seguir funcionando porque a fin de mes se terminan los recursos para las oficinas provinciales.
Eso me parece una irresponsabilidad. Una fundación con oficina regional y oficina central no puede pedirle a sus propias funcionarias que busquen dónde funcionar. Es una falta de la dirección, que tiene responsabilidad jerárquica sobre las personas que trabajan ahí: profesionales, administrativos, personal de aseo, todos contratados por código del trabajo o por honorario.
Cuando conoces la realidad del mundo rural —las distancias, los accesos, lo que cuesta llegar— entiendes que esto refleja un desconocimiento del país y del foco en que está puesto este programa. El Programa Mujeres Rurales, desde la recuperación de la democracia, ha traído tantos beneficios a mujeres que ya de por sí enfrentan inequidades y brechas que hay que superar.
-¿Cuál cree que es la principal afectación para las mujeres? El programa lleva 34 años ininterrumpidos: en 2025 casi 3.000 mujeres participaron de él en todo el país y alrededor del 30% pertenece a pueblos originarios.
Mi gran crítica a este gobierno es que, en función del Excel, están dispuestos a no ver la realidad ni el impacto de este tipo de programas. Quizás no generan un rédito económico directo ni inmediato, pero sí lo tienen en el largo plazo.
Cuando a una mujer le das una oportunidad, la sacas de su condición de dueña de casa sin que ella se dé cuenta de todo lo que tiene, esa persona quizás no va a ser una gran emprendedora de inmediato, pero le muestras un camino distinto. Llevas un proceso que lleva más de 34 años: ha generado un despertar, una oportunidad para el mundo rural, para los pueblos originarios.
Si no hacemos eso, el mensaje que mandamos es: “váyanse a la ciudad, porque el mundo rural va a terminar como pueblo fantasma”. Estamos matando las economías locales y las oportunidades de miles de familias. Aquí no es solo subsistencia, sino el despertar de oportunidades para distintas mujeres.
¿Podemos evaluar el programa? ¿Podemos evaluar el rol de la fundación? Sin duda, todo puede evaluarse. Pero llegar y quitar recursos, decir que no se continúa, dejar en régimen solo a las de segundo y tercer año, quitarle el espacio a las funcionarias: eso es un desatinó no solo político, sino humano. Es una insensibilidad tremenda, y el mensaje a las mujeres rurales es brutal.
-¿Cómo lee esta lógica de rentabilidad como criterio para los programas sociales, en el marco general de los recortes del gobierno?
Este gobierno no sabe lo que es un Estado. Hoy solo hay una proyección hacia la inversión privada, bajo la idea de que si le va bien al gran empresario eso va a generar empleo. Lo dice la megarreforma tributaria, lo dicen los recortes en cada uno de los servicios públicos y ministerios, lo dice el endeudamiento fiscal que nos están imponiendo —más de 620.000 millones de pesos adicionales—.
La lógica que hay detrás es achicar el Estado y esperar que llegue la inversión privada. Eso es un desconocimiento de nuestra realidad. En provincias tan alejadas como las mías —donde el Cardenal Caro está tan cerca y tan lejos a la vez— lo único que llega son los programas del Estado. Cuando quitas esos recursos, ahogas a las comunidades. Y cuando ahogas a las comunidades, el mensaje es que solo valen las grandes capitales.
No escuchamos ninguna palabra, ningún diseño específico para los agricultores ni para la agricultura familiar campesina —y menos para las mujeres— en la cuenta pública. Cuando un gobierno solo quiere entregarle beneficios, a través de una megarreforma tributaria, al 1% más rico, cuando no redistribuyes y no inviertes en servicios básicos, le tienes que decir con fuerza: estás gobernando un país, no administrando una empresa privada.
Nuestras familias la están pasando mal. Primero, por el alza de los combustibles —que vino de eliminar un mecanismo técnico que establecía una banda de precios para las alzas externas—, lo que golpeó directamente el bolsillo de las familias y la productividad local. Y hoy vemos recortes en municipios, en servicios públicos, en hospitales. En nuestro distrito han sufrido fuertes bajas los hospitales de San Fernando, Santa Cruz y Rancagua: cifras que no les permiten proyectarse ni siquiera hasta julio. Ya está afectando las vidas de nuestra gente.
-¿Eso puede ser terreno fértil para el populismo?
Sin duda, ya lo tenemos. Le he hecho una crítica dura al sector que estuvo dispuesto a mirar una reforma tributaria de esta envergadura —que toca cuatro áreas profundas del quehacer nacional— y entregársela a los más ricos del país a cambio de una ley transitoria sobre los pañales. Bienvenido sea el beneficio, todos estamos de acuerdo con eso, pero cuando comparas una reforma a 25 años contra una aplicación transitoria de ese tipo, eso tiene mucho de populista.
Pero cuando hablas de tributación y de proyección de país, cuando revisas lo que falta en regulación del comercio digital, en los pequeños y medianos agricultores, te das cuenta de que es una reforma dirigida a un grupo muy específico. Por eso le hemos llamado “la ley de los súper ricos”. El propio ministro Quiroz ha dicho que no tiene certeza de si generará empleo ni de que de aquí al 2032 habrá estabilidad laboral. Es una megarreforma solo para un grupo acotado, en un momento acotado del tiempo.
-¿Siente que hay dos sectores dentro del gobierno con distintas sensibilidades? Se ha hablado de tensiones entre algunos ministros y la línea que baja desde el segundo piso.
Quien gobierna directamente —el triunvirato Kast, Quiroz e Irarrázaval— ha establecido una norma, y quien se sale de esa norma casi te sacan del gobierno. Frente a eso, muchos han tenido que callar y sucumbir. Hay una pauta, una ideología, la convicción de que solo esa mirada es la correcta y no se van a mover un ápice.
Lo que le hemos dicho al ministro Quiroz no lo dijo solo la oposición. Lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo, la Corte Suprema, el FMI, personas de renombre, incluso personas que votaron por este gobierno: la excandidata presidencial Evelyn Matthei, Longueira. Cuando todo el mundo te dice “cuidado, estás generando caldo de cultivo social”, es porque en un país como el nuestro —en vías de desarrollo, aún lejos de la OCDE— el Estado es muy necesario.
Lo he visto con la ministra Chomalí: cuando dijo que no haría el recorte del 3% y después la llamaron a terreno, es porque se dan cuenta de que la realidad del país es bien distinta a la planilla Excel que tiene en la cabeza el señor Quiroz.
Eso tiene un costo. Cuando generas reformas de esta envergadura sin consenso, en cuatro años viene el gobierno siguiente y las revierte. ¿Quién daña con eso? Primero, la credibilidad internacional. Los inversores que quieren atraer también miran eso. Y ni en el Senado ni en la Cámara estuvieron de verdad disponibles a discutir más allá de las 1.500 indicaciones que se presentaron. No hubo ningún espacio real para negociar. Para llegar a grandes acuerdos, tienes que sentarte, conversar, mejorar el proyecto. Hasta ahora, no se han visto luces de aquello.
-El sindicato de PRODEMU acusó a la ministra Judith Marín de “sabotaje” y de responsabilizar a las trabajadoras por la crisis. ¿Cómo evalúa su gestión?
La ministra de la Mujer ha establecido parámetros muy bajos respecto de la realidad y las necesidades de las mujeres en este país. En las dos veces que asistió a la Comisión de Mujeres nos mostró cómo funciona el ministerio —cosa que quienes hemos estado en el Estado ya sabíamos— y habló del “Programa 47” y del fortalecimiento de la familia. Es una política muy pequeña para la diversidad de necesidades que tienen las mujeres: en el mundo rural, en el mundo de la pesca, en el norte.
Prodemu puede ser una fundación que ha tenido problemas, pero esos problemas se resuelven mirándolos, no exterminando programas que han traído tanto beneficio. Puedes sentarte a mejorar, a rediseñar, pero no a quitarlo de una vez y menos con la crudeza de decirle al funcionario que él se encargue de buscar dónde recibir a la gente. Hoy andan buscando espacio en municipios y servicios públicos. Me parece una falta de respeto. Son ciudadanos, padres y madres de familia. No les han pagado los sueldos como corresponde durante meses.
Yo estuve con Mercedes, una gran dirigente de las ferias libres que partió desde el Programa Mujeres Rurales. Me decía que, como ella, hay tantas otras mujeres que han cambiado su realidad: son madres sostenedoras. Cuando ves el rendimiento de esos años, todas las mujeres que han pasado por esas escuelas de formación —recibiendo apoyo para la autoestima, el desarrollo personal y el emprendimiento productivo— te das cuenta de que la inversión social es mucho más grande que lo que mide la planilla Excel de este gobierno.
Hemos presentado oficios, pusimos el tema en la Comisión de Mujeres y pedimos una sesión especial para analizar los convenios de PRODEMU con el Estado —tanto con SERNAMEG como con INDAP—. Vamos a seguir usando todos los mecanismos de fiscalización que tenemos, porque aquí se está afectando a las usuarias, y eso no lo podemos permitir.