Esta semana, el Ministerio de Ciencias dirigido por Ximena Lincolao, inició una ofensiva contra deudores de Becas Chile, pero ahora se denuncia la cifra real sería menor.
La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao - Agencia Uno
La polémica en torno a las deudas asociadas al programa Becas Chile sumó un nuevo capítulo luego que organizaciones de investigadores y exbecarios cuestionaran la cifra de $100 mil millones informada por el Gobierno como monto adeudado por beneficiarios que incumplieron sus obligaciones.
La controversia surge pocos días después que el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación anunciara el inicio de acciones de cobro contra quienes mantienen compromisos pendientes con el Estado y confirmara la suspensión de nuevas convocatorias internacionales para 2026 mientras se revisa el sistema. Según la auditoría oficial, cerca de 1.800 beneficiarios acumularían una deuda cercana a los $100.000 millones.
Sin embargo, la Sociedad Internacional de Investigadores de Chile (SICh) aseguró que el cálculo presentado por las autoridades incluiría a personas que sí han cumplido con las exigencias del programa o que se encuentran con procesos administrativos aún abiertos.
Desde SICh, de acuerdo a Biobío, sostienen que la cifra difundida por el Ejecutivo estaría sobredimensionada debido a problemas históricos en los sistemas de registro y seguimiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).
La organización afirma que numerosos becarios aparecen como incumplidores pese a haber entregado la documentación requerida o encontrarse dentro de plazos legales para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones de retorno, permanencia o retribución al país.
Según los investigadores, antes de iniciar una ofensiva de cobro masiva debería realizarse una revisión individual de los casos para determinar cuántas personas efectivamente mantienen deudas exigibles.
El informe conocido reveló que aproximadamente el 70% de la deuda identificada corresponde a beneficiarios que no habrían acreditado su retorno a Chile tras finalizar estudios financiados en el extranjero, una de las principales condiciones del programa.
La auditoría también concluyó que existe una alta concentración de beneficiarios en comunas de mayores ingresos y que cerca de 1.800 personas presentarían algún grado de incumplimiento contractual.
Estos antecedentes llevaron al Gobierno a anunciar medidas de recuperación de recursos fiscales y a congelar temporalmente nuevas convocatorias internaciqonales mientras se revisan los mecanismos de control y seguimiento.
La controversia comenzó a escalar luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señalara ante el Senado que los incumplimientos en Becas Chile podrían representar entre US$100 millones y US$150 millones para el Estado, adelantando que esos recursos también serían objeto de cobranza.
Posteriormente, la auditoría del Ministerio de Ciencia dirigido por Ximena Lincolao cifró los incumplimientos en alrededor de $100 mil millones, monto que ahora es cuestionado por las organizaciones de investigadores.
La discusión ocurre en momentos en que el Ejecutivo enfrenta cuestionamientos por la suspensión de las convocatorias internacionales del programa para 2026 y por los recortes presupuestarios aplicados al sector científico.
Mientras el Gobierno insiste en que los recursos públicos deben recuperarse cuando existen incumplimientos contractuales, los investigadores exigen depurar las bases de datos y diferenciar entre deudores efectivos y beneficiarios que mantienen procesos administrativos pendientes o que ya acreditaron sus obligaciones.
