Chile gasta casi el presupuesto de salud o educación en importar combustibles que podrían ser reemplazados por energía renovable, apunta el fundador y director de Uno Punto Cinco.
Benjamín Carvajal, director y fundador de Uno Punto Cinco
Benjamín Carvajal, director y fundador de Uno Punto Cinco
Benjamín Carvajal, director y fundador de Uno Punto Cinco
A 200 años del inicio de la era de los combustibles fósiles, Chile sigue siendo uno de los países más vulnerables y dependientes a ellos: importa el 98 por ciento de los combustibles que consume y cada conflicto geopolítico —en Ucrania, en Irán, etc.— se traduce directamente en alzas que golpean el bolsillo de las familias.
Este año, y con una dependencia creciente a estos combustibles, el país se prepara para participar en la Primera Conferencia Internacional sobre la Transición Justa y la Eliminación de los Combustibles Fósiles, que se realizará el 28 y 29 de abril de 2026 en Santa Marta, Colombia.
Benjamín Carvajal, fundador y director de Uno Punto Cinco, organización chilena de sociedad civil dedicada a la transición energética, conversa con El Desconcierto sobre los desafíos de la época y también las alternativas para avanzar en soberanía, en reducción del impacto medioambiental y -por si fuera poco- en una reducción del gasto en energía de todas las personas.
—El tema de los combustibles fósiles suele asociarse principalmente a lo ambiental. Pero hay una dimensión económica y de soberanía también. ¿Qué tan grande es el problema para Chile?
Me encanta hablar de los combustibles fósiles. Si vemos la historia de la humanidad, todo partió hace aproximadamente 200 años, con la máquina de vapor en el Reino Unido en los años 1850, donde se genera la revolución industrial. Después vino el petróleo y luego el gas.
Hoy nuestro día a día gira en torno a los combustibles fósiles: cómo nos calentamos o enfriamos, cómo nos transportamos, cómo generamos electricidad, cómo se alimenta nuestra economía. Y hay una relación directa, al menos hasta los años 2010: a mayor prosperidad de un país, mayor consumo energético. Chile no fue la excepción. Nuestro consumo energético fue de la mano con el crecimiento del país, con reducir la pobreza, con darle más posibilidades a la familia chilena.
—¿Cuánto le cuesta concretamente esa dependencia al país?
El año 2024 gastamos 12 mil millones de dólares en combustibles fósiles. Una cifra difícil de dimensionar, pero si la traducimos en términos del PIB, hablamos cerca del 5 por ciento. Si la comparamos con otros gastos del Estado, es muy similar a lo que destinamos a salud —unos 16 o 17 mil millones de dólares— o a educación. O sea: lo que gastamos en importar combustibles fósiles equivale prácticamente a lo que gastamos en salud.
Y eso en un año "normal". Cuando estalló el conflicto en Ucrania en 2022, ese gasto llegó a cerca del 7 por ciento del PIB. El gobierno de Boric activó el mecanismo MEPCO e inyectó cerca de 2.400 millones de dólares para regular los precios. ¿Cuánto es eso? Aproximadamente lo que costaría construir siete hospitales de alta complejidad. Pusimos esa plata a los combustibles fósiles no porque consumiéramos más, sino para controlar su precio.
—¿Cuál es el problema central de esa dependencia?
Chile no tiene combustibles fósiles, o casi no tiene. Contamos con una pequeña reserva en la Región de Magallanes, pero el 98 por ciento de los combustibles que necesitamos los importamos. Eso nos genera tres problemas simultáneos: soberanía, porque dependemos de decisiones de otros países; economía, porque los precios son volátiles; y salud y medio ambiente, porque los combustibles fósiles son dañinos.
Los precios subieron por la guerra en Ucrania; ahora suben por el conflicto con Irán. La pregunta es si vamos a seguir queriendo depender de conflictos geopolíticos que no son nuestros solo porque no queremos dejar atrás los combustibles fósiles.
—Al hablar de combustibles fósiles, la mayoría piensa en el petróleo y el carbón. Pero el gas natural parece estar en otra categoría. ¿Lo es realmente?
El gas natural ha buscado posicionarse como el combustible de transición. Incluso la Política Energética Nacional así lo define, aunque con matices dependiendo del contexto. Pero el gas no es limpio. Hagamos una comparación: si el gas natural contamina "uno" por cada unidad de energía que genera, el petróleo contamina 1,8 y el carbón casi 2. El gas contamina menos, sí, pero contamina igual. Y esa es una verdad con la cual tenemos que vivir.
Y hay un dato que llama mucho la atención: un estudio establece que tener un galón de gas licuado de petróleo dentro de tu hogar y consumirlo es como si tuviésemos un fumador dentro de la casa. Aparte de ser costoso —el precio del galón ha subido sostenidamente—, ese gas es altamente dañino para el aire del hogar.
—Chile además no produce gas. ¿Qué tan expuestos estamos a lo que pase afuera?
Gran parte del gas que consumimos viene de Argentina o de Trinidad y Tobago. Quienes tienen más años recordarán que alrededor de 2007 Argentina nos cortó el gas. Nuestro consumo cayó casi un 90 por ciento: necesitábamos 100 y nos dejaron solo 12, de un año al otro. Tuvimos una crisis energética.
Ese riesgo no ha desaparecido. ¿Qué pasa si en el futuro algún gobierno argentino decide no darnos más gas? Argentina es un país con cambios políticos abruptos; de un gobierno a otro puede pasar cualquier cosa. En 2022, cuando el valor del gas subió por la guerra en Ucrania, parte del suministro fue redirigido. La dependencia nos hace muy vulnerables. No hay soberanía energética, no hay seguridad, y el impacto en la economía es enorme.
—Chile tiene cerca del 70% de su electricidad generada por renovables. ¿No es eso una señal de que estamos bien encaminados?
Es un gran logro. En el año 2015 proyectamos esa meta para el año 2030 o incluso más adelante; la logramos en 2024 sin grandes incentivos económicos, solo gracias a una buena regulación y a la baja del costo de la energía renovable.
Pero la electricidad no es todo lo que consumimos. El sector energético es mucho más amplio. El petróleo va principalmente al transporte. El carbón fue hacia la generación eléctrica, pero estamos a la baja: desde 2019 Chile ha retirado o reconvertido varias termoeléctricas a carbón, con una política pública clara que viene desde el gobierno de Piñera y que tuvo continuidad.
El gas, en cambio, no tiene un retiro claro. Lo que hemos bajado en carbón ha sido reemplazado en parte por gas. No tenemos un retiro efectivo de los combustibles fósiles.
—Hay una aparente contradicción: para que las familias adopten la electrificación, necesitan tarifas baratas, pero la cuenta de la luz está cara. ¿Cómo se sale de ese círculo?
El problema no es que la energía renovable sea cara: es más barata y más estable que los combustibles fósiles. El problema son los contratos vigentes, algunos de los cuales están indexados al precio de los combustibles fósiles.
Pero hay algo que no se dice suficiente: la energía renovable en la tarifa de la luz ha hecho que no suba más. Si no tuviésemos casi el 70 por ciento de generación eléctrica por renovables, de seguro la tarifa sería mucho más cara. Hoy el desafío es que baje.
Y para eso existe una solución: Chile puede, si es que quiere, tener la tarifa eléctrica más barata de toda Latinoamérica, incluso del mundo. El 75 por ciento de la cuenta de la luz corresponde a generación. Si esa generación es renovable, es barata y segura. Con la tecnología de almacenamiento disponible hoy, ya no es un desafío técnico: es una decisión política.
—¿Cómo podría el Estado ayudar concretamente a que las familias dejen los combustibles fósiles en el hogar?
Todos los consumos domiciliarios de combustibles fósiles pueden ser reemplazados por electricidad: el calefón a gas puede ser un termo eléctrico; la cocina a gas puede ser eléctrica —que además es más eficiente, porque el calor llega directamente a la olla en vez de escaparse por el costado—; la calefacción y el aire acondicionado también pueden funcionar con electricidad. El problema es que eso no es la realidad de la familia chilena promedio. Ahí el Estado tiene que jugar un rol.
Y nunca hablamos de hacer esto de la noche a la mañana, porque tendría un enorme impacto social. Hablamos de una transición responsable, sobre todo para la población más vulnerable. Igual que con las termoeléctricas a carbón: se tomó la decisión de retirarlas hacia el año 2040, se fijó una fecha, y las empresas adoptaron ese compromiso voluntario. Lo mismo hay que hacer con el petróleo y el gas. Hablemos del gas y el petróleo como hablamos del carbón.
—A días de la conferencia de Santa Marta, ¿cuál es la importancia de este espacio?
Lo interesante es que este contexto muestra que dejar los combustibles fósiles no es solamente un asunto climático. El 70 por ciento de la población mundial depende de importar combustibles fósiles. En otras palabras, el 70 por ciento de la humanidad depende de otro país para abastecerse de energía en su día a día. Eso no es soberanía energética. Eso genera vulnerabilidad económica, y lo estamos viendo ahora mismo.
Importar combustibles fósiles genera cerca de 1,8 billones de dólares en costos a nivel mundial. Ya no es solo un tema ambiental: es un tema de geopolítica, de seguridad de suministro y de economía. Bajo ese paraguas, unos 40 o 45 países van a ir a Santa Marta para empezar a trazar una ruta.
—¿Por qué fue necesario crear este espacio fuera de las COP?
En la COP28 del año 2023, 196 países prácticamente decidieron, firmaron y adoptaron un documento que dice que debemos dejar atrás los combustibles fósiles. El problema es que en la última COP, la COP30, no se logró consenso para establecer una hoja de ruta, porque están los petroestados —liderados en este caso por Arabia Saudita—, que no quieren abandonar los combustibles fósiles porque afecta su economía.
Es un poco como si en Chile se propusiera una ruta para dejar atrás los minerales: probablemente el gobierno estaría en contra, porque gran parte de la economía está alimentada por el cobre y el litio. No sería una discusión fácil.
Entonces se crea esta conferencia de manera paralela. Tiene una ventaja respecto a las COP: no funciona con las reglas de la ONU, que requieren consenso; funciona por mayoría, lo que impide que un puñado de países sabotee el proceso.
—¿Qué logro concreto esperarías de Santa Marta para que valiera la pena?
El primer logro es que ocurra, y que los países digan que se viene una segunda y una tercera conferencia. Los grandes acuerdos globales necesitan un inicio. Las COP se crearon después de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, y desde ahí hasta el Acuerdo de París pasaron más de veinte años. Pero sin la Cumbre de Río no tendríamos el Acuerdo de París.
La cumbre de Santa Marta puede ser ese hito inicial, no va a ser el final, sino que va a ser el principio del fin. Tenemos que ir con toda la ambición. Imagínate un país que pudiera ahorrarse 12 mil millones de dólares y destinar esa plata a salud, a seguridad, a educación. De seguro seríamos un país mucho más próspero y con electricidad más barata.
Cuando la electricidad es más barata, es más fácil generar empleo porque también reduce los costos para las empresas y las pymes. A todos nos conviene. Lo que necesitamos es que haya políticos que tomen la decisión de decir: partamos, y dejemos atrás los combustibles fósiles.