El Juzgado de Letras de Colina concluyó que una trabajadora contratada a honorarios mantuvo una relación laboral y ordenó pagar indemnizaciones.
Juzgado de Letras de Colina / Poder Judicial
La Municipalidad de Colina deberá pagar indemnizaciones a una trabajadora luego de que el Juzgado de Letras de Colina concluyera que, pese a haber sido contratada durante años a honorarios, en los hechos mantuvo una relación laboral. El tribunal además calificó como injustificado el término de sus funciones.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, la demandante comenzó a prestar servicios en agosto de 2016 y permaneció vinculada al municipio hasta septiembre de 2025.
Durante ese período trabajó primero en la Oficina Municipal de Chicureo y luego en la unidad Colina Emprende, donde realizaba labores de apoyo administrativo, organización de reuniones vecinales, coordinación de talleres, planificación de ferias y bazares, además de mantener contacto permanente con emprendedores de la comuna.
Aunque formalmente emitía boletas de honorarios, aseguró que cumplía jornadas habituales, seguía instrucciones de sus jefaturas y desarrollaba funciones permanentes dentro de la estructura municipal.
La Municipalidad de Colina sostuvo que la relación era exclusivamente civil, mediante contratos para cometidos específicos, y afirmó que el vínculo terminó simplemente por el vencimiento del plazo pactado.
También negó que existiera subordinación y dependencia, argumentando que la trabajadora actuaba con autonomía y que no correspondía aplicar las normas del Código del Trabajo.
Sin embargo, la jueza Ximena Carolina Marzal Núñez concluyó que la realidad era distinta a la forma en que fue contratada.
La sentencia estableció que las labores se extendieron de manera ininterrumpida durante cerca de nueve años y que correspondían a funciones habituales y permanentes del municipio, desarrolladas bajo supervisión directa, con oficina, correo institucional y coordinación constante con superiores.
El fallo también determinó que el municipio puso fin a la relación sin cumplir las formalidades exigidas por la legislación laboral, por lo que declaró injustificado el despido.
En consecuencia, ordenó pagar $1.545.000 por indemnización sustitutiva del aviso previo, $13.905.000 por indemnización por años de servicio y un recargo legal de $6.952.000, además de enterar las cotizaciones previsionales pendientes en AFP Capital y las del seguro de cesantía en AFC Chile por los períodos establecidos en la sentencia.
No obstante, el tribunal rechazó las solicitudes de indemnización por daño moral, lucro cesante, nulidad del despido y feriado legal y proporcional, al estimar que esos perjuicios no fueron acreditados en el juicio con antecedentes suficientes.
