La Corte de Apelaciones confirmó indemnización y Corte Suprema rechazó recursos, dejando firme pago de $12.670.000 por daño emergente y moral.
Corte Suprema / Agencia Uno
El 11 de septiembre de 2016, un grupo de personas ingresó a una vivienda en Curepto y robó más de $16 millones en efectivo. Años después, la Corte Suprema dejó firme la condena civil que ordena indemnizar a la víctima con $12.670.000, tras rechazar los recursos presentados por los responsables del delito.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el caso se originó en la justicia penal, donde los involucrados fueron condenados por robo con fuerza en lugar habitado.
A partir de ese antecedente, la víctima inició una demanda civil ante el Segundo Juzgado de Letras de Talca, donde se acreditó que el delito provocó perjuicios económicos y también afectaciones en el ámbito emocional.
En ese proceso, el tribunal estableció que del total sustraído —$16.200.000— solo una parte fue recuperada posteriormente. Por ello, fijó una indemnización de $8.670.000 por daño emergente, correspondiente al dinero que no fue restituido.
Además, reconoció daño moral, considerando el impacto psicológico del hecho, fijando por este concepto $4.000.000.
El fallo también tuvo en cuenta que el robo ocurrió en el propio domicilio del afectado y que entre los responsables había personas cercanas (una cuñada y un vecino), lo que intensificó la afectación emocional derivada del delito.
La sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Talca, integrada por los ministros Hernán González G., Gerardo Bernales R. y la abogada integrante Carolina Araya L., manteniendo íntegramente la decisión del tribunal de primera instancia.
Frente a ello, la parte demandada recurrió a la Corte Suprema mediante recursos de casación en la forma y en el fondo. En el primero, alegó falta de fundamentación y que se habría otorgado una indemnización distinta a lo pedido.
Sin embargo, el máximo tribunal lo declaró inadmisible, señalando que no fue correctamente preparado y que los supuestos vicios no fueron reclamados en las etapas previas del juicio.
Además, la Corte descartó que existiera ultra petita, afirmando que los jueces “se pronunciaron exactamente sobre lo solicitado”, es decir, la indemnización del daño moral derivado del robo.
Respecto del recurso de casación en el fondo, la Corte Suprema concluyó que no cumplía con los requisitos legales, ya que no identificaba correctamente las normas decisorias que se estimaban infringidas. Por ello, lo rechazó.
Con esta decisión, la Primera Sala del máximo tribunal —integrada por los ministros Mauricio Silva Cancino, María Angélica Repetto y el abogado integrante Eduardo Morales— dejó firme la condena civil, cerrando definitivamente el caso.
