En medio de las acusaciones por la reducción de recorridos del transporte público y el aumento de los tiempos de espera para los usuarios, el gobierno tendría en la mira al Ministerio de Transportes para dejar eliminarlo con la intensión de integrar sus materias al Ministerio de Obras Públicas.
Según sostuvo a Contrapoder el experto en Transportes de la Universidad de Chile, Ariel López, la reciente designación de Louis de Grange a cargo del MOP que lo convierte en biministro, habría sido la primera señal de que el gobierno avanzaría en esa dirección, precisamente por que fue el mismo ministro quien sostuvo a Radio Infinita que su cartera “no tiene razón de ser”.
El tema cobró fuerza luego de que diversos dirigentes de la UDI emplazaran al presidente José Antonio Kast a incluir en su Cuenta Pública del 1 de junio la anunciada reforma para modernizar el Estado, que entre otras cosas, contemplaría la reducción y reorganización de ministerios, incluyendo a Transportes.
De hecho, el senador Luciano Cruz-Coke (Evopoli) propuso fusionar Transportes y el MOP, con Vivienda y Bienes Nacionales, para crear el Ministerio de la Ciudad.
Cómo impactaría la eliminación del Ministerio de Transportes
Si bien el Ministerio de Transportes cuenta con un presupuesto considerablemente menor que el de Obras Públicas y cumple principalmente una función reguladora, las principales críticas frente a una eventual fusión apuntan al riesgo de relegar las políticas de transporte a un segundo plano dentro de una cartera enfocada prioritariamente en la ejecución de infraestructura.
En un contexto país en donde el parque automotriz ha aumentado durante los últimos años, registrando más de 6,7 millones de vehículos en circulación según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el sistema de transportes de Chile enfrenta nuevos desafíos en materia conectividad y sostenibilidad.
La discusión se centraría en el debilitamiento de la autonomía política y técnica dentro de una cartera cuyo foco histórico ha sido la construcción de infraestructura, por lo que materias como transporte público, seguridad vial, electromovilidad, regulación tecnológica, conectividad territorial y planificación urbana podrían quedar subordinadas a prioridades asociadas a carreteras, concesiones y obras públicas.
En relación al punto de la seguridad vial, actualmente Chile registra más de 75 mil siniestros de tránsito al año y cerca de dos mil fallecidos. En ese contexto, expertos sostienen que la prevención de accidentes y la coordinación de políticas públicas requieren una institucionalidad especializada y con capacidad de liderazgo propio.