Juzgado de Letras del Trabajo condenó a municipio por cotizaciones impagas y ordenó pagar más de $26 millones a trabajadora que se autodespidió.
Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción / Poder Judicial
Una trabajadora que llevaba casi 12 años prestando servicios para la Municipalidad de Talcahuano decidió autodespedirse luego de que se mantuvieran impagas parte de sus cotizaciones previsionales, pese a existir una sentencia anterior que ordenaba regularizarlas. El Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción consideró grave el incumplimiento y condenó al municipio a pagar indemnizaciones.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, la mujer comenzó a trabajar el 20 de agosto de 2013 como asistente de la educación en la Escuela San Francisco de Talcahuano.
Tenía contrato indefinido, una jornada de 44 horas semanales y al momento de terminar la relación laboral recibía una remuneración mensual de $1.512.108.
El conflicto tenía un antecedente judicial. El 20 de septiembre de 2023 el mismo Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción había condenado a la Municipalidad de Talcahuano a pagar las cotizaciones de seguridad social que se acreditaran como adeudadas.
La sentencia quedó firme, pero la deuda no fue completamente regularizada.
Por ello, el 17 de junio de 2025 la trabajadora puso término al contrato mediante un autodespido. El tribunal constató que para esa fecha permanecían impagas cotizaciones de AFP Capital, Fonasa y AFC correspondientes a distintos periodos entre 2013 y 2017 y entre febrero y mayo de 2025.
La Municipalidad argumentó que atravesaba una grave crisis financiera, marcada por problemas de liquidez y falta de recursos. Sin embargo, el juez José Gabriel Hernández Silva descartó que esa situación justificara el incumplimiento, señalando que los riesgos económicos del empleador no pueden ser trasladados a sus trabajadores.
El fallo sostuvo además que retener esos montos implica “apropiarse de ingresos del trabajador” y destacó que las cotizaciones son fundamentales para mantener la cobertura de salud, acumular fondos para la pensión y enfrentar otras contingencias.
Finalmente, el Juzgado condenó al municipio a pagar $1.512.108 por falta de aviso previo, $16.633.188 por 11 años de servicio y $8.316.594 por el recargo legal del 50%, totalizando $26.461.890, más reajustes e intereses.
También deberá pagar las remuneraciones y prestaciones correspondientes entre el 17 de junio y el 18 de agosto de 2025, a razón de $1.512.108 mensuales, debido a la nulidad del autodespido.
