Una analista de laboratorio sufrió vigilancia constante, gritos, cuestionamientos y hostigamiento en su trabajo hasta desarrollar un trastorno adaptativo mixto de origen laboral. El Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción estableció que su empleador no adoptó medidas eficaces para proteger su salud y lo condenó a pagarle $2 millones por daño moral.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, la trabajadora había ingresado a Intertek Caleb Brett Chile S.A. el 12 de junio de 2024, con una jornada de 44 horas semanales y una remuneración mensual de $995.887.
Según estableció el tribunal, desde fines de enero de 2025 comenzó a sufrir presión laboral y una vigilancia “excesiva e invasiva”: era interrumpida constantemente, revisaban sus insumos y documentos y le tomaban fotografías y grabaciones para atribuirle supuestos errores.
La situación se intensificó durante mayo y junio, cuando, según la demanda, hubo gritos, descalificaciones y cuestionamientos públicos sobre su capacidad profesional.
La trabajadora comenzó a presentar náuseas al llegar al trabajo y crisis de ansiedad. El 6 de junio expuso la situación ante la jefatura y gerencia y posteriormente debió recibir atención médica.
La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) calificó su padecimiento psíquico como una enfermedad de origen laboral. El tribunal determinó que el ambiente hostil y las situaciones de acoso de sus jefaturas directas provocaron un trastorno adaptativo mixto, por el cual recibió atención médica y psicológica.
El fallo sostuvo que la empresa no presentó pruebas para demostrar que hubiera cumplido su obligación de proteger a la trabajadora ni que adoptara medidas para terminar con el ambiente hostil. Tras un periodo prolongado de tratamiento psicológico, ella recibió el alta y posteriormente fue despedida.
¿Qué decidió el Juzgado de Letras del Trabajo?
El juez Eliécer Alfonso Cayul Gallegos concluyó que existió un “comportamiento negligente” del empleador y que el daño afectó tanto el desempeño laboral como la vida familiar y personal de la trabajadora.
Aunque la demanda solicitaba $10 millones por daño moral, el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción fijó la indemnización en $2 millones, más reajustes e intereses legales. Además, condenó a la empresa a pagar $500.000 en costas.