Mientras la Defensoría de la Niñez advierte un retroceso en la protección, el gobierno aduce el cumplimiento de fallos de la Corte Suprema.
Ministro de Justicia, Fernando Rabat. Créditos: Agencia UNO.
Una dura reacción institucional generó la divulgación de 56 decretos ejecutivos emitidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante los cuales se rebajaron las penas a personas privadas de libertad por cometer delitos sexuales contra menores de edad.
Ante este escenario, la Defensoría de la Niñez manifestó un categórico rechazo y anunció acciones formales para fiscalizar los criterios adoptados por la administración actual.
El organismo encabezado por Anuar Quesille confirmó que oficiará a la cartera gubernamental para acceder a los expedientes técnicos que justificaron esta decisión, la cual quiebra la línea histórica del Estado en esta materia.
Según argumentaron desde la entidad autonómica, la determinación representa una inobservancia a las garantías fundamentales de la infancia, especialmente considerando la gravedad intrínseca de los abusos y violaciones hacia niños, niñas y adolescentes.
El defensor del organismo enfatizó la gravedad de la medida aprobada por el Ejecutivo al sostener que “estos antecedentes son preocupantes”, remarcando a su vez que el Ministerio de Justicia debe dar una respuesta transparente frente a la opinión pública.
Frente a la controversia pública, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, dio a conocer la postura del Ejecutivo para justificar las resoluciones dictadas.
La autoridad explicó que el procedimiento respondió a un acatamiento de resoluciones emanadas desde el máximo tribunal del país, afirmando que no se trató de una decisión discrecional de la cartera: “nada más que eso, es el cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema”.
Al responder por los 56 decretos dictados, Rabat expuso que “a partir del año 2022, se modificó la ley y se prohibieron beneficios a quienes cometen esos delitos. Con anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley, se rechazaban también esas solicitudes y la excelentísima Corte Suprema acogió recursos de amparo de todas esas personas“.
Ante la polémica, la bancada de diputados de Renovación Nacional, encabezada por Ximena Ossandón, ingresó una reforma constitucional para frenar de forma definitiva estos beneficios penitenciarios.
La iniciativa busca resolver las vacíos de la Ley 21.421 del año 2022 —la cual excluyó estos favorecimientos— y poner fin a los dispares criterios jurisprudenciales observados en la Corte Suprema sobre causas previas a su promulgación.
La propuesta legislativa incorporará una disposición al artículo 19 de la Carta Magna para exigir que toda solicitud de término anticipado de condena responda a la ley vigente al momento de ser resuelta, alcanzando tanto a causas en trámite como a ilícitos cometidos antes del cambio normativo.
De aprobarse el texto, las autoridades precisarían que no se alterarán las sentencias fijadas por los tribunales, sino únicamente las condiciones para acceder a reducciones en el cumplimiento de presidio efectivo.
Como medida inédita, el proyecto contempla una cláusula que dejaría sin efecto de manera automática todas las reducciones de pena concedidas mediante decretos administrativos durante los seis meses previos a la publicación de la reforma.
Esta disposición afectaría directamente las medidas dispuestas por el Ministerio de Justicia durante el mandato del Presidente José Antonio Kast.
