El gobierno mantiene su respaldo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, pero este jueves dejó abierta la posibilidad de modificar esa posición ante la evolución de la crisis política provocada por las rebajas de condenas.
En conversación con Duna, Arenas sostuvo que "hoy día la postura del gobierno es respaldar al ministro Rabat", aunque inmediatamente agregó que esa determinación "no es una decisión marcada en piedra".
La autoridad también reconoció que el Ejecutivo enfrenta dificultades para reunir respaldo entre sus parlamentarios frente a la acusación constitucional anunciada por la oposición.
Arenas reconoce dificultades para alinear al oficialismo
El vocero del Ejecutivo admitió que el escenario dentro del oficialismo es complejo. "No tenemos todavía alineados a todos los nuestros. Esperamos sí alinearlos", señaló, al explicar las gestiones que está realizando el gobierno para abordar la acusación constitucional contra Rabat.
Arenas relató que, después de la sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados, conversó con Guillermo Ramírez, Arturo Squella y la senadora Balladares para conocer el ambiente entre los partidos oficialistas. Según explicó, la evaluación recibida fue que la situación estaba difícil y que era necesario conversar con los parlamentarios.
El subsecretario reconoció además que el Ejecutivo atraviesa "una crisis, una crisis grande", aunque sostuvo que el presidente José Antonio Kast busca enfrentarla directamente.
La acusación constitucional fue anunciada por la oposición luego de la sesión especial en que Rabat abordó los 56 casos de rebaja de penas por condenas de delitos sexuales. Arenas sostuvo que el Ejecutivo considera injusto el libelo y defendió que Rabat cumplió sus obligaciones constitucionales, legales y administrativas.
Kast mantiene su respaldo, pero Arenas deja abierta la continuidad
La postura expresada por Arenas combina el respaldo actual a Rabat con la posibilidad de que ese escenario evolucione. El subsecretario descartó que la permanencia del ministro responda a una relación personal con Kast y sostuvo que la decisión responde a una evaluación política.
Sin embargo, el vocero fue explícito al dejar abierta la situación. "Ahora, no es una decisión marcada en piedra, ni mucho menos", afirmó. Luego sostuvo que el escenario corresponde a una situación en desarrollo y calificó la determinación como una "decisión política razonada".
Arenas también afirmó que el caso, a su juicio, no compromete constitucional, legal ni administrativamente las funciones del ministro. En paralelo, cuestionó que el Ejecutivo deba modificar su composición cada vez que el Congreso presenta una acusación constitucional.
"Uno no puede someterse al Congreso y a los cambios ministeriales cada vez que el Congreso presenta una acusación constitucional". "Uno no puede someterse al Congreso y a los cambios ministeriales cada vez que el Congreso presenta una acusación constitucional".
La posición del gobierno, por ahora, sigue siendo respaldar a Rabat. Pero las declaraciones de Arenas incorporaron un matiz que no estaba presente en una defensa cerrada del ministro: su permanencia no está definida de manera irreversible y dependerá de cómo evolucione el conflicto político.