Agrupaciones y dirigentas acusan a Rabat de quebrar la protección a la niñez tras conceder rebajas de penas a 56 agresores sexuales.
Ministro de Justicia, Fernando Rabat. Créditos: Agencia UNO.
Una articulación ciudadana transversal que ya congrega a más de setecientas agrupaciones territoriales, dirigentas feministas y personas comprometidas con los derechos humanos levantó la voz para demandar la destitución inmediata de Fernando Rabat al mando del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El emplazamiento se enmarca luego de que se revelaran los 56 decretos firmados por el secretario de Estado que autorizaban la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.
Nicole Morales, dirigenta del Frente Feminista del Frente Amplio, apunta al quiebre de las garantías de protección social y al doble estándar de la administración gubernamental:
“En campaña prometieron la seguridad para ganar votos, hoy benefician a 56 abusadores y violadores de niños y niñas. El Gobierno le debe explicaciones al país, pero sobre todo a las víctimas y a sus familias, a quienes prometieron proteger y finalmente traicionaron. Por eso más de 700 organizaciones y dirigencias lo decimos con claridad: quien no protege a la infancia no puede seguir en su cargo. Exigimos la renuncia del ministro Rabat”.
Las organizaciones firmantes tacharon además las justificaciones de la cartera como "insostenibles" y fueron enmarcadas como un "intento de eludir su responsabilidad política", señalando que el amparo en supuestos lineamientos de la Corte Suprema ha sido expresamente desmentido por el propio tribunal, eludiendo la legislación vigente de 2022 que prohíbe estos beneficios administrativos.
Desde las bases sociales insisten en que revictimizar a las familias que buscaron justicia en tribunales fractura la confianza ciudadana, por lo que llaman a toda la comunidad a sumarse activamente a las convocatorias para frenar la impunidad institucional.
El emplazamiento también se extiende al jefe de Estado: "Hacemos un llamado urgente al Presidente de la República para que aparte de su cargo al ministro, revierta de inmediato estos beneficios inmerecidos y promueva las reformas necesarias para garantizar que nunca más un agresor sexual de menores, violador ni criminal de lesa humanidad reciba el perdón administrativos del Estado".
