En el Palacio Chigi, ambos líderes abordaron el combate al crimen organizado, cárceles y las medidas de control fronterizo implementadas por Roma.
Presidente Kast junto a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Créditos: Mediabanco.
En el marco de su gira express por Europa, este martes el presidente José Antonio Kast arribó a Italia, para dirigirse al Palacio Chigi —ubicado en Roma— y concretar una reunión bilateral con la primera ministra Giorgia Meloni, instancia en la que abordaron temas de seguridad, crimen organizado e inmigración ilegal.
Con apretón de manos y un beso en cada mejilla fue la bienvenida que dio la líder conservadora al jefe de Estado chileno, quien además recibió honores del Regimiento de Lanceros de Montebello.
Al encuentro también asistieron la presienta del Senado, Paulina Núñez (RN), el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), y el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, entre otras autoridades.
Durante el encuentro bilateral, ambos líderes dialogaron en torno a temas de seguridad, profundizando en aristas como el combate del crimen organizado, el sistema de cárceles y la inmigración irregular.
Según datos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), este año Italia ha registrado la entrada, por vía marítima o cruces no autorizados, de más de 16 mil ciudadanos extranjeros. Esto equivale a un 55% menos que en 2025 y a cerca de un 80% menos respecto a 2023.
En esa línea, y desde que asumió Meloni en 2022, Italia ha implementado una serie de medidas para frenar la inmigración ilegal como el pactado acuerdo con Albania que permite la detención extraterritorial, un modelo de externalización que consiste en rescatar a migrantes de países considerados "seguros" (como Bangladesh o Egipto) para ser trasladados a centros en territorio albanés, pero que son administrados por la guardia italiana.
Un modelo que desde Amnistía Internacional tachan de "calamitoso" ya que pondría en peligro "la seguridad, libertad y derechos humanos de esta población".
En cuanto al crimen organizado, el mandatario reconoció a través de sus redes sociales el posicionamiento de Italia como un "referente en el combate al crimen organizado y al narcotráfico".
Desde la década de los 80, Italia ha combatido el crimen organizado con herramientas específicas, a partir de la tipificación del delito de asociación de tipo mafioso en 1982 (art. 416 bis del Código Penal).
Esta figura permitió sancionar conductas propias de la mafia, como el uso de la intimidación, el vínculo asociativo y la ley del silencio u omertà, que antes quedaban impunes bajo el delito general de asociación para delinquir.
A ella se sumaron en 1991 los beneficios para los colaboradores de justicia o pentiti, clave para romper el silencio de las organizaciones, y en 1992 el delito de intercambio electoral político-mafioso, orientado a cortar los vínculos entre la mafia y la política.
Ese mismo período vio nacer la Dirección Investigativa Antimafia y la Dirección Nacional Antimafia, que especializaron y centralizaron la persecución penal. En 2011 todas estas normas se unificaron en el Código Antimafia, que incorporó medidas preventivas como la vigilancia especial y el embargo y confiscación de bienes de origen injustificado.
