A fines de 2024, tras el cambio de administración en la Municipalidad de Hualqui, un funcionario dejó de ser renovado en su cargo pese a años trabajando como electricista. El caso llegó al Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, donde se revisaron las razones de su desvinculación.
Electricista municipal fue desvinculado por razones políticas tras apoyar a exalcalde: Tribunal ordena pagarle $6,9 millones
El Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción acogió la denuncia y ordenó pagar $6,9 millones por despido vinculado a razones políticas.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el trabajador prestó servicios primero a honorarios desde 2021 y luego como funcionario a contrata desde 2023, desempeñándose en la Dirección de Obras Municipales.
Su vínculo terminó el 31 de marzo de 2025, luego de que la nueva administración decidiera no renovar su contrato.
El municipio justificó la medida en un ajuste presupuestario, señalando que el gasto en personal a contrata superaba el límite legal, por lo que optaron por reducir contratos y mantener personal a honorarios.
Sin embargo, en el juicio se presentaron testimonios que apuntaban a otra causa. Tres testigos sostuvieron que la decisión se relacionó con el apoyo del funcionario a la campaña del alcalde anterior, lo que habría motivado su salida.
¿Qué decidió el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción?
La jueza Valeria Garrido Cabrera concluyó que esta versión era consistente. “Tres testigos mantuvieron un relato coherente de que el motivo real fue la participación del actor en la campaña del alcalde anterior”, señala el fallo.
El tribunal también cuestionó que, pese al supuesto ajuste, la municipalidad reconociera nuevas contrataciones sin explicar el ahorro real. Además, destacó que la no renovación ocurrió poco después del cambio de autoridad.
Con estos antecedentes, se acogió la denuncia por vulneración de derechos fundamentales por discriminación política. Se ordenó pagar $6.911.226, equivalente a nueve remuneraciones, más reajustes e intereses.
También se dispuso que el alcalde envíe una carta de disculpas y otra de recomendación laboral en un plazo de diez días. El tribunal rechazó otras acciones, como la nulidad del despido y el daño moral, por falta de prueba.
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