Milei promulga la reforma laboral en Argentina pese a impugnaciones sindicales por inconstitucionalidad
El presidente de Argentina, Javier Milei, promulgó este viernes la ley de reforma laboral aprobada hace una semana por el Congreso, norma que implica drásticos cambios en las relaciones laborales y que los sindicatos han reclamado a la Justicia que sea declarada inconstitucional.
El decreto de promulgación de la llamada Ley de Modernización Laboral fue publicado este viernes en el Boletín Oficial, acto con el que la norma entra en vigencia.
Polémica ley laboral
La nueva ley cambia el cálculo de las indemnizaciones por despido, reduciendo las mismas; crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir eventuales despidos; introduce modificaciones en el sistema de vacaciones y horas extras; y restringe el derecho a huelga, entre otros puntos que, según los sindicatos, perjudican al trabajador.
El Gobierno ha basado su impulso a esta ley en la necesidad de incentivar la creación de empleo registrado, en momentos en que la tasa de informalidad laboral ronda el 40%.
"La ley de modernización laboral viene a barrer con un delirio sancionado hace 50 años, inspirado en ideas cavernícolas de hace 80 años, y que dejó a la mitad de los trabajadores en el mercado informal", afirmó Milei el pasado domingo, en su discurso de apertura del año legislativo.
La ley es rechazada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina, que realizó una huelga general el 19 de febrero último y que el lunes pasado hizo una presentación ante la Justicia para reclamar que la reforma sea declara inconstitucional.
Además de la presentación realizada por la CGT, la Asociación Gremial de la Abogacía del Estado (AGAE) también presentó ante la Justicia una demanda colectiva en contra de la reforma laboral.
Entre los argumentos para esta solicitud está la vulneración del artículo 14 bis de la Constitución argentina, que protege al trabajador contra el despido arbitrario y garantiza condiciones dignas de trabajo, entre otros derechos.
Además, según los sindicatos, la nueva ley contradice tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional en Argentina y disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo.
