Hoy, 27 de febrero, se cumplen 50 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), un hito histórico que simboliza la voluntad del pueblo saharaui de construir su estado, ejercer su derecho a la autodeterminación y culminar el proceso de descolonización del Sáhara Occidental conforme al derecho internacional.
Medio siglo después, el conflicto del Sáhara Occidental no es solo una cuestión política sin resolver: es, ante todo, el reflejo de un prolongado incumplimiento del derecho internacional y de la incapacidad -o falta de voluntad- de la comunidad internacional para hacer valer sus propios principios.
Medio siglo debería ser tiempo suficiente para cerrar cualquier proceso de descolonización. Sin embargo, el caso del Sáhara Occidental sigue siendo, a día de hoy, una de las asignaturas pendientes más largas y olvidadas de la comunidad internacional.
El Sáhara Occidental sigue inscrito, desde 1963, en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas, pendiente de un proceso de descolonización que nunca se ha completado. El derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación no es una reivindicación política discutible, sino una obligación jurídica reconocida reiteradamente por resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad.
Cinco décadas después, miles de saharauis continúan viviendo en campamentos de refugiados en el suroeste de Argelia. Allí, en condiciones climáticas extremas y con recursos limitados. El pueblo saharaui, bajo el liderazgo del Frente Polisario como su legítimo representante, ha levantado estructuras educativas, sanitarias y administrativas que reflejan una notable capacidad de organización y resiliencia.
Al mismo tiempo, otra parte de la población permanece en el territorio del Sáhara Occidental bajo ocupación militar marroquí, en un contexto marcado por tensiones políticas y denuncias recurrentes sobre las flagrantes y sistemáticas violaciones de derechos humanos que se comenten contra la población civil saharaui.
A lo largo de estos años, la República Saharaui ha consolidado instituciones estables, ha sido reconocida por numerosos Estados y es miembro fundador y activo de la Unión Africana, lo que refleja su presencia en el ámbito diplomático internacional. Sin embargo, el referéndum de autodeterminación previsto en el marco del proceso auspiciado por Naciones Unidas desde 1991 sigue sin celebrarse por la intransigencia del régimen de ocupación marroquí.
El 50 aniversario de la proclamación de la República Saharaui, no es solo una efeméride simbólica. Representa también una llamada a la comunidad internacional para reactivar los esfuerzos en favor de una solución justa, duradera y conforme al derecho internacional, así como un reconocimiento a la perseverancia del pueblo saharaui, que ha mantenido su identidad, su organización política y su reivindicación pacífica a lo largo de medio siglo.
Medio siglo después de aquella proclamación en el desierto, la conmemoración invita a la reflexión y al compromiso. La resolución definitiva del conflicto del Sáhara Occidental sigue siendo una tarea pendiente para la comunidad internacional y un objetivo central para un pueblo que continúa esperando ejercer su derecho a decidir su futuro.
El caso del Sáhara Occidental plantea una pregunta incómoda: ¿qué valor tienen los principios del derecho internacional si su aplicación depende del peso político de las partes implicadas? La autodeterminación, la integridad del proceso de descolonización y la protección de los derechos humanos no pueden ser principios selectivos.
Cincuenta años después de la proclamación de la RASD, el pueblo saharaui sigue esperando algo más que declaraciones y renovaciones de mandato. La persistencia del conflicto no es el resultado inevitable de su complejidad, sino de la falta de decisiones políticas coherentes con las obligaciones jurídicas existentes.
Si el derecho internacional pretende seguir siendo un marco efectivo y no una referencia retórica, el Sáhara Occidental no puede continuar siendo una excepción permanente. Porque medio siglo de espera no es solo una injusticia histórica: es también una prueba de la distancia creciente entre la legalidad proclamada y la legalidad aplicada.
El pueblo saharaui ha demostrado, durante medio siglo, una notable perseverancia política y social. Ha mantenido sus instituciones, su identidad colectiva y su apuesta, en distintos momentos, por vías diplomáticas y negociadas. Pero ninguna sociedad puede permanecer indefinidamente en la provisionalidad.
El aniversario debería servir no solo para recordar una historia de resistencia, sino para exigir voluntad política real. Porque el República Saharaui es la piedra angular en la estabilidad regional, la credibilidad del derecho internacional está en juego y, sobre todo, las dignidades de un pueblo dependen de que la espera no se convierta en permanente.
