El pasado 9 de julio, el Comité Científico Asesor de Cambio Climático de Chile, cuya función es asesorar al gobierno, publicó el informe sobre Cambio Climático y Salud, cuyo análisis advierte cómo el calentamiento global exacerba los impactos de la contaminación atmosférica local sobre nuestra salud. El Comité Científico hace un llamado urgente a aplicar estándares más estrictos ante la contaminación y la mala calidad de aire para prevenir enfermedades cardiovasculares, respiratorias y altos índices de mortalidad prematura.
La evidencia presentada por los científicos es contundente. En Chile, la contaminación del aire por Material Particulado Fino 2,5 causa cerca de 4.500 muertes y 3.000 hospitalizaciones al año, siendo uno de los países con mayor mortalidad prematura atribuible a la contaminación del aire por MP 2,5. Además, advierte que los días de calor intenso agravan el riesgo, siendo la población mayor a 65 años la más vulnerable.
Pese a esta evidencia y la recomendación del Comite Científico, el país no avanza en mejorar los estándares de calidad ambiental, sino que retrocede exponiendo a la población a enfermedades y muertes prematuras. Una muestra de ello es la acción del nuevo gobierno, que durante su primer día de mandato, el 12 de marzo, el Ministerio del Medio Ambiente retiró de Contraloría 43 reglamentos ambientales, entre ellos el Decreto N°3, que actualiza la norma de calidad del aire para MP2,5, y el Decreto N°8, que actualiza la norma de emisión para centrales termoeléctricas, que regula MP2,5, dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx).
Cinco meses después, ambas normas aún no han sido reingresadas, pese a que su formulación y discusión como política pública, acumula más de una década de retraso respecto del plazo legal que obliga a revisarlas cada cinco años, y a los enormes beneficios ambientales, sociales y económicos que significan para el país.
Los propios Análisis Generales de Impacto Económico y Social (AGIES) realizados por el Estado, estimaron que la reducción de enfermedades, hospitalizaciones y muertes derivadas de la nuevas normativas, generarían beneficios sociales de US$8.873 millones entre 2026 y 2035 en el caso de la Norma de Calidad de Aire para MP2,5 (Decreto Nº 3 retirado), que propone reducir el límite anual de emisiones desde 20 a 15 microgramos por metro cúbico (μg/m3) y el límite diario desde 50 a 38 μg/m3. Dicho límite propuesto, permite acercar gradualmente la regulación chilena al estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Por su parte, la Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas (Decreto Nº8 retirado) incorpora mejoras en los límites de emisión para material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y metales pesados, los que generarían beneficios estimados en US$91 millones adicionales.
Los AGIES que fundamentan y respaldan la mejora de dichas normas, estiman la prevención de 1.600 muertes prematuras cada año producto de la contaminación del aire, representando una medida concreta para mitigar y prevenir los altos índices de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y muertes atribuibles a la contaminación del aire en Chile.
La evidencia científica contenida en los AGIES y generada durante años por los Comités Públicos Ampliados para fundamentar el avance de ambas normas, sumado a las evidencias y recomendaciones realizadas el mes pasado por el Comité Científico Asesor de Cambio Climático, constituyen un fundamento ineludible para poner en vigencia, en forma urgente, estándares más exigentes para contaminantes locales, situando la prevención de enfermedades en el centro de la política climática, como ha recomendado el Comité Científico en su informe sobre “Cambio Climático y Salud”.
La decisión de seguir postergando la dictación de los Decretos N°3 y N°8 hacen lo contrario. Significa perpetuar los niveles de contaminación, enfermedades y muertes evitables.
La Constitución Política de nuestro país, en su artículo 19 número 8, garantiza a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Con evidencia científica, respaldo técnico y beneficios económicos cercanos a US $9.000 millones de dólares, no existe justificación para seguir postergando el reingreso a Contraloría y la publicación de estas normas.
