La Corte de Apelaciones de San Miguel declaró admisible un recurso de protección presentado contra la Contraloría General de la República, luego que su titular, Dorothy Pérez, solicitara al Ministerio de Salud la entrega de antecedentes personales de niños, niñas y adolescentes que forman parte de programas vinculados a identidad de género.
La acción judicial fue interpuesta por un usuario de la Iniciativa de Apoyo a la Identidad de Género y del Programa Salud Trans del Minsal, quien argumentó que la exigencia vulnera la Ley de Protección de Datos Personales y afecta su vida privada.
En su presentación sostuvo que la entrega de listados con diagnósticos y tratamientos asociados a identidad de género constituye una intromisión desproporcionada en su esfera íntima y pidió que cualquier información que eventualmente se remita sea anonimizada y disociada.
El tribunal estimó que el recurso cumple con los requisitos formales para ser tramitado, aunque rechazó la orden de no innovar solicitada, que buscaba paralizar los efectos del oficio emitido por la contralora.
En consecuencia, notificó a la Contraloría y le ordenó evacuar un informe para fundamentar por qué considera necesarios datos como RUT, nombre social y registral, identidad de género, fecha de nacimiento, hospital tratante y vigencia del programa, con el fin de auditar el uso de recursos públicos.
La semana pasada, el organismo fiscalizador solicitó una ampliación de diez días para responder, lo que fue concedido por la Corte. Una vez evacuado el informe, el recurso será puesto en tabla para que se resuelva si la actuación cuestionada se ajusta o no a la Constitución.
El origen de la controversia se remonta a un oficio enviado en enero por la Contraloría al Ministerio de Salud, requiriendo información detallada sobre menores de edad que participan en estos programas.
Desde la cartera se decidió no entregar los datos solicitados, invocando normas nacionales e internacionales de protección de la infancia.
Tras esa negativa, Dorothy Pérez reiteró la solicitud y advirtió que, de no cumplirse, podría ejercer sus facultades para multar o suspender a la autoridad responsable.
En paralelo, la Defensoría de la Niñez remitió un documento reservado a la Contraloría, en el que llamó a ponderar no solo la finalidad fiscalizadora, sino también los eventuales riesgos y efectos adversos del tratamiento de información sensible tratándose de un grupo de especial protección.
Cabe recordar que en enero una acción similar presentada por la Corporación Be Yourself fue declarada inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago.
