Esperamos reacciones lineales frente a experiencias que, por definición, alteran la manera en que una persona comprende, recuerda y comunica lo que le ocurrió.
Cada vez que se conoce una denuncia por abuso sexual contra un niño, una niña o un adolescente, las primeras preguntas rara vez apuntan al agresor. En cambio, suelen dirigirse a la víctima. ¿Por qué habló tantos años después? ¿Por qué no lo contó antes? ¿Por qué guardó silencio? Como si la credibilidad dependiera del momento en que una persona encuentra la fuerza para denunciar y no de la capacidad del sistema para investigar lo ocurrido.
Detrás de esas preguntas, hay una premisa que damos por cierta sin detenernos demasiado a pensarla; que una víctima auténtica “denuncia de inmediato”. Sin embargo, esa expectativa dice mucho más sobre la forma en que los adultos imaginamos el trauma, que sobre la forma en que realmente se vive. Esperamos reacciones lineales frente a experiencias que, por definición, alteran la manera en que una persona comprende, recuerda y comunica lo que le ocurrió.
El abuso sexual infantil, no solo vulnera la integridad de una víctima. También afecta su capacidad para entender aquello que está viviendo. Cuando quien agrede es una persona cercana (un familiar, un vecino, un adulto de confianza), el daño suele instalarse en un espacio donde el afecto, el miedo, la dependencia y la manipulación, conviven durante años. Pretender que un niño sea capaz de identificar esa experiencia como un delito, y denunciarla con la claridad que exigiríamos a un adulto, es desconocer la propia naturaleza del fenómeno.
No es casual que el derecho haya ido modificando la forma en que aborda estos casos. La legislación chilena dejó atrás una lógica que, en los hechos, terminaba castigando los tiempos de las víctimas. Entendió que, el paso de los años no necesariamente debilita una denuncia, y que el silencio puede ser una expresión y una consecuencia del daño, no de su ausencia.
Lo preocupante, es que ese aprendizaje institucional todavía no parece trasladarse con la misma fuerza al debate público. Seguimos interpretando las denuncias tardías como una “anomalía”, cuando, en muchos casos, forman parte del recorrido habitual de quienes han vivido un abuso sexual durante su infancia. Seguimos preguntando por qué alguien demoró veinte años en hablar, pero, rara vez nos preguntamos qué ocurrió durante esos veinte años, para que no pudiera hacerlo.
Esa diferencia de enfoque no es menor. Cuando una sociedad instala la sospecha sobre quien denuncia, en lugar de enfocarse en los hechos denunciados, termina elevando el estándar de credibilidad precisamente para quienes enfrentan mayores dificultades para cumplirlo. En la práctica, se exige a las víctimas una reacción perfecta frente a una experiencia que, justamente, destruye esa posibilidad.
El verdadero cambio pendiente es cultural, y, no consiste en convencer a las personas de “creer cualquier denuncia” o “dar por sentada la culpabilidad del denunciado” antes de ser juzgado, sino que, se trata de abandonar la idea de que la víctima tiene una “única manera correcta” de reaccionar frente al abuso.
Mientras sigamos midiendo el comportamiento de las víctimas con expectativas que desconocen cómo opera el trauma, continuaremos evaluando estos casos desde nuestras intuiciones adultas, y no desde el conocimiento que hoy tenemos sobre ellos. Y esa distancia, más que cualquier vacío legal, sigue siendo uno de los principales obstáculos para avanzar hacia una protección efectiva de niños, niñas y adolescentes.
