Con el fin de la tramitación de la nueva Ley de Pesca, dirigentes de la pesca artesanal y expertos analizaron los desafíos pendientes para el sector.
Pesca artesanal de la Región de Valparaíso.
Dirigentes y especialistas de la pesca artesanal se citaron para abordar urgencias operativas, vacíos de protección social y el impacto directo del cambio climático en los recursos, luego de que en abril el gobierno de José Antonio Kast decidiera retirar el proyecto de Ley de Pesca del Congreso.
El encuentro, llevado a cabo en las instalaciones del Club Alemán de la ciudad puerto, convocó a 22 delegados de bases pertenecientes a la Federación de Pescadores Artesanales Nuevo Amanecer.
La cita formó parte de un ciclo formativo financiado mediante el INDESPA, ejecutado conjuntamente por la ONG Pesca Sustentable y conducido en su debate por Miguel Espíndola, director del Centro de Pesca Sustentable, con la asistencia de la parlamentaria Carolina Tello, miembro de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
Esta revisión del panorama ocurre luego de que en abril de 2026 el Ejecutivo desistiera de continuar la tramitación del megaproyecto —ingresado a comienzos de 2024 con 375 artículos y 28 disposiciones transitorias— que prometía abordar equidad de género, trazabilidad, sustentabilidad y resguardo laboral.
De acuerdo con lo expresado por el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, el gobierno descartó impulsar reformas estructurales de gran escala, inclinándose por iniciativas acotadas sujetas a consensos previos. Sobre este viraje, Elizabeth Soto previno a las dirigencias sobre los desafíos del nuevo escenario.
“Es probable que durante este periodo existan pocas modificaciones o tramitaciones a nivel legislativo, pero que sí vengan cambios a nivel administrativo y esos de repente son un poco más difíciles de monitorear. Tanto para quienes trabajamos en esta área, como para las organizaciones de pesca artesanal es importante estar atentos, hacer seguimiento y tener conversaciones con las autoridades”, expresó.
Uno de los perjuicios inmediatos provocados por el estancamiento de la iniciativa legal radica en la postergación de la denominada Plataforma Social.
Dicha propuesta procuraba establecer un marco de resguardo para más de 100 mil familias dependientes del mar, considerando cobertura de salud, previsión e indudable protección frente a accidentes y decesos en faena.
Frente al vacío normativo en una labor de alta peligrosidad que carece de contratos formales, Espíndola rescató las vías alternativas discutidas durante la jornada:
“En la conversación surgió el ejemplo del mundo agrícola, que cuenta con un seguro subsidiado por el Estado para proteger a los agricultores frente a pérdidas por eventos climáticos, lo que podría ser un buen modelo para replicar. La pesca artesanal no tiene nada parecido y no existe ningún mecanismo de respaldo”.
A la indefensión social se suma el déficit en el monitoreo del océano. Las organizaciones advierten que la falta de financiamiento en investigación impide respaldar decisiones ante el evidente trastorno ecológico que azota las costas. Luis Gómez, trabajador de la mar y administrador de Caleta Portales, graficó la gravedad del problema:
“La falta de presupuesto para investigar perjudica mucho, sobre todo con esto del cambio climático. Nosotros lo vemos a diario en la pesca, que han cambiado las cosas, por ejemplo, la temperatura del agua. Que no se esté poniendo el foco en eso es catastrófico para el tema de la pesca artesanal”.
La investigadora de Fundación Terram, Elizabeth Soto, profundizó en esta advertencia señalando que fenómenos como las alteraciones en las surgencias, el alza térmica y la acidificación provocan estrés y frenan la reproducción de las especies.
Asimismo, enfatizó que estas perturbaciones no constituyen una amenaza futura, sino una realidad inmediata que no se debate con la urgencia requerida.
