$65 millones: La querella por estafa contra el vicepresidente del Partido Republicano de la Región de Antofagasta
Los hechos
En el Juzgado de Garantía de Calama fue declarada admisible una querella criminal por estafa residual contra Juan Curiqueo Barraza, representante legal de Visual Pro Juan Curiqueo EIRL y, simultáneamente, vicepresidente regional del Partido Republicano en Antofagasta.
La acción fue interpuesta por el abogado Rafael Andrés Daviu Muñoz, en representación de Isabel Victoria Varas Álvarez, quien sostiene haber sufrido un perjuicio patrimonial cercano a $65 millones, además de un daño moral severo.
La resolución judicial no es menor, el tribunal estimó cumplidos los requisitos legales de los artículos 111 y 113 del Código Procesal Penal y ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público para su investigación.
La relación sentimental como contexto del supuesto engaño
La querella describe que la relación entre Varas Álvarez y Curiqueo Barraza no era comercial, sino sentimental y de confianza. Ese contexto habría sido determinante para que ella aceptara la propuesta de incorporarse como socia en una supuesta expansión del negocio hacia el rubro del transporte.
Bajo esa promesa, según se expone, la querellante habría entregado dinero destinado a compra de vehículos, arriendo de espacios comerciales y gastos asociados a la expansión empresarial prometida. No se trataba de una inversión especulativa. Se trataba de un proyecto que se le presentó como una incorporación real a la empresa.
Aquí aparece el elemento moral más delicado, la eventual utilización del vínculo afectivo como herramienta de persuasión económica.
Visual Pro Juan Curiqueo EIRL y la promesa societaria que nunca existió
El punto más crítico del relato es este: jamás se materializó ninguna incorporación societaria. No hubo modificación legal de la empresa. No hubo documentación que acreditara su ingreso como socia. No hubo cambios formales en Visual Pro Juan Curiqueo EIRL.
Pese a ello, el dinero —según la querella— sí fue entregado y cobrado.
Cada vez que la querellante solicitaba formalizar su participación, la respuesta habrían sido excusas reiteradas. Posteriormente, frente a la insistencia, se habría producido una negativa derechamente expresa a devolver el dinero. Este tránsito —de promesas, a excusas, a negativa— constituye el corazón fáctico de la querella.
Las diligencias solicitadas
La querella no se limita a una narración. Solicita diligencias concretas:
Declaración del imputado y de la querellante.
Oficios a bancos para levantar movimientos financieros.
Requerimientos al Servicio de Impuestos Internos.
Peritajes contables.
El objetivo es claro, reconstruir el destino de los fondos y verificar si existió o no el uso empresarial prometido.
El cargo político
Juan Curiqueo Barraza no es un particular anónimo. Es vicepresidente regional del Partido Republicano.
Y aquí emerge una contradicción política evidente. Una colectividad que ha construido su identidad pública sobre la superioridad moral frente al resto del sistema político enfrenta el silencio ante una querella donde se describe —si los hechos se acreditan— el uso de una relación sentimental para obtener $65 millones sin respaldo societario alguno.
Como advertía Max Weber, cuando la política se sostiene en un discurso ético fuerte, el estándar para sus dirigentes deja de ser solo legal y pasa a ser moralmente exigente.
Conclusión
Hasta ahora, el Partido Republicano no ha emitido declaración pública.
Michael Sandel advierte que la política contemporánea suele practicar una moral exigente hacia los adversarios y una prudencia incómoda hacia los propios. Cuando un partido levanta permanentemente la bandera de la probidad, cada caso interno de esta naturaleza produce un daño simbólico mucho mayor que en colectividades que no han construido su identidad sobre esa base. No se trata de responsabilidad penal del partido. Se trata de coherencia discursiva.
Zygmunt Bauman explicaba que la confianza es un capital invisible. Cuando alguien logra obtener grandes sumas de dinero sin contratos formales, ese capital fue decisivo.
La querella describe precisamente eso: no hubo contratos, pero sí dinero. No hubo sociedad, pero sí aportes. No hubo formalización, pero sí promesas. Esa asimetría es lo que vuelve el caso particularmente delicado.
Será el Ministerio Público quien determine si existe delito. Pero la credibilidad política ya está en juego.
Giovanni Sartori advertía que los partidos administran reputaciones. Y las reputaciones no se erosionan solo con condenas, sino con relatos verosímiles que contradicen el discurso que se proclama.
Aquí no está en juicio solo una eventual estafa. Está en juego la coherencia entre el relato moral republicano y la conducta atribuida a uno de sus dirigentes.
