Trabajó toda su vida y un error de la PDI lo dejó sin PGU tras jubilarse por un infarto a los 64 años: “Nadie se hace cargo”
Durante más de cuatro décadas, Alfonso Torres construyó su vida en Chile. Trabajó de forma ininterrumpida, cotizó en el sistema previsional, votó en elecciones, se atendió en el sistema público de salud y formó una familia.
Todo eso ocurrió sin sobresaltos hasta 2023, cuando, con 64 años, un infarto al miocardio lo obligó a dejar de trabajar y a iniciar los trámites de jubilación, a la espera de cumplir la edad legal para acceder a la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Fue en ese proceso cuando se encontró con una respuesta que nadie en su entorno logró comprender: según los registros oficiales, no cumplía con el requisito de residencia en el país porque figuraba como si hubiese estado fuera de Chile desde el año 2000.
El problema se originó en un certificado de viajes emitido por la Policía de Investigaciones (PDI), documento clave para acreditar el cumplimiento del requisito de residencia exigido por la ley que regula la PGU.
En ese certificado aparecía una salida del país en diciembre del año 2000 hacia Argentina, sin un registro posterior de reingreso.
Esa sola omisión bastó para que el Instituto de Previsión Social (IPS) rechazara su solicitud, pese a que Torres presentó contratos de trabajo, cotizaciones previsionales, certificados de residencia, antecedentes médicos y otros documentos que daban cuenta de su permanencia efectiva en Chile durante más de 20 años.
El error administrativo que bloqueó la PGU
Según relata la familia, Alfonso Torres realizó varios viajes breves a Argentina a fines de la década de los noventa, todos por el Paso Los Libertadores.
En dos de esos cruces, la salida y la entrada quedaron correctamente registradas. El problema se produjo en el viaje de diciembre del año 2000: la salida sí aparece en los registros, pero no así el ingreso posterior a Chile.
Esa ausencia es la que, hasta hoy, arrastra consecuencias directas en su acceso a la PGU.
“El primer golpe fue cuando no pagaron la PGU junto con la jubilación. Ahí me dijeron en ChileAtiende que yo no cumplía con el requisito de residencia”, relató el propio Alfonso Torres en conversación con El Desconcierto.
“Cuando revisé el certificado de viajes, me di cuenta de que no estaba registrada la entrada al país. Yo pensé que era un error pequeño, algo fácil de corregir”, agregó.
Desde entonces, el trámite se transformó en un recorrido circular entre distintas instituciones públicas.
En ChileAtiende le indicaron que debía corregir el certificado de viajes. En la PDI le señalaron que ellos no podían modificar el registro, pese a reconocer que se trataba de un error administrativo común en los años en que los controles migratorios se realizaban de forma manual.
En la Superintendencia de Pensiones le informaron que no tenían atribuciones para intervenir mientras el certificado de la PDI no fuera rectificado.
“Fuimos varias veces a la PDI. Incluso hablaron con el jefe de Migraciones. Todos reconocen que es un error, pero nadie lo corrige”, explicó Catalina Torres, hija del afectado, en conversación con El Desconcierto.
“En un certificado incluso agregaron una observación donde dicen que dan fe de que mi papá está en Chile, pero el registro oficial sigue igual, sin ingreso”, complementó.
Esa situación quedó reflejada en un certificado de viajes emitido en agosto de 2024, donde la PDI dejó constancia de que se habían agotado las instancias para determinar la fecha exacta de ingreso, pero que, aun así, la persona se encontraba en el territorio nacional, sin poder precisar desde cuándo.
Documentos que acreditan una vida en Chile
Frente al rechazo de la PGU, Alfonso Torres reunió y presentó una serie de antecedentes que dan cuenta de su residencia efectiva en el país.
Entre ellos se encuentran certificados de cotizaciones previsionales que se extienden desde la década de los ochenta hasta el año 2023, contratos de trabajo vigentes por más de 17 años con un mismo empleador, finiquitos, certificados de residencia emitidos por juntas de vecinos y registros de atención en el sistema público de salud desde al menos el año 2005.
“Yo tengo todo. Contratos, imposiciones, certificados médicos, incluso un certificado del Servel que acredita que voté en Chile durante todos estos años”, señaló Alfonso Torres. “Pero nadie lee los papeles. Ese es el problema. Se remiten solo a un documento”.
La familia también presentó antecedentes médicos que dan cuenta del infarto al miocardio sufrido en 2023, su posterior hospitalización y cirugía, y las licencias médicas que lo llevaron a dejar definitivamente su trabajo a los 64 años.
Esa situación fue determinante para iniciar el trámite de jubilación y proyectar la PGU como complemento a una pensión que, bajo la modalidad de retiro programado, ha ido disminuyendo con el tiempo.
“Mi papá trabajó hasta el día del infarto. Después de eso ya no pudo seguir. Él calculó que con la PGU podría tener un pasar más estable cuando cumpliera la edad, pero eso nunca ocurrió”, explicó Catalina Torres. “Hoy depende de una pensión baja y del apoyo familiar”.
La respuesta del Estado y el callejón sin salida
El rechazo formal de la PGU quedó plasmado en una resolución del Instituto de Previsión Social, fechada en noviembre de 2025.
En ese oficio, el IPS señala que la solicitud fue correctamente rechazada porque, conforme a la información entregada por la PDI, Alfonso Torres no cumple con el requisito de acreditar cuatro años de residencia en los últimos cinco, al figurar con una salida del país sin registro de ingreso posterior.
El mismo documento recalca que el IPS carece de facultades para hacer excepciones y que la única vía para subsanar la situación es corregir el certificado de viajes ante la PDI.
Ese pronunciamiento cerró, en los hechos, cualquier alternativa administrativa distinta a la corrección del registro migratorio.
Sin embargo, cuando la familia acudió nuevamente a la PDI con ese oficio, no obtuvo una respuesta concreta sobre cómo avanzar.
“Nos dicen que es común, que pasó en muchos casos, pero no hay un procedimiento claro para solucionarlo”, relató Catalina Torres.
“Incluso, de manera informal, funcionarios de la PDI nos han sugerido que mi papá salga del país y vuelva a entrar. Pero eso sería un desastre, porque aparecería con un ingreso en 2025 y tendría que esperar cinco años más para postular a la PGU”, agregó.
Esa sugerencia, reiterada en más de una ocasión según la familia, fue calificada por el propio Alfonso Torres como un subterfugio.
“Eso sería saltarse la ley. Yo no voy a hacer eso. Yo hice las cosas bien toda mi vida”, afirmó en conversación con El Desconcierto.
Un antecedente judicial con puntos en común
Durante la investigación del caso, la familia también tuvo presente un antecedente judicial reciente que presenta similitudes evidentes.
Se trata de un fallo dictado por la Corte Suprema en septiembre de 2025, en el que el máximo tribunal ordenó reconocer la residencia en Chile desde 2005 de una mujer de la ciudad de Los Ángeles cuya entrada al país no fue registrada por la PDI tras regresar desde Argentina por el paso Cardenal Samoré.
En ese caso, al igual que en el de Alfonso Torres, el error en el certificado de viajes impidió acreditar residencia continua para postular a la PGU, pese a que existían contratos de trabajo, cotizaciones previsionales y otros documentos oficiales que demostraban su permanencia efectiva en el país.
Aunque la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó inicialmente el recurso de protección, la Tercera Sala de la Corte Suprema —integrada por los ministros Adelita Ravanales, Diego Simpértigue, la ministra suplente Inés Letelier y los abogados integrantes Pía Tavolari y José Miguel Valdivia— revirtió esa decisión y calificó la situación como “abiertamente arbitraria”.
El fallo sostuvo que el certificado de la PDI quedaba ampliamente desvirtuado por la documentación acompañada y que la omisión del registro de ingreso configuraba la arbitrariedad denunciada.
Además, el máximo tribunal aclaró que la recurrente no solicitaba el pago inmediato de la pensión, sino que se reconociera su residencia efectiva en Chile para poder postular en igualdad de condiciones.
Ese criterio es observado por la familia de Alfonso Torres como un punto central en común entre ambos casos: en los dos, un error administrativo persistente terminó prevaleciendo por años sobre antecedentes oficiales que acreditaban una vida desarrollada en Chile, impidiendo el acceso a un beneficio destinado precisamente a asegurar un piso mínimo de ingresos en la vejez.
El impacto en la vida cotidiana y la salud
Más allá del trámite administrativo, la familia subraya que el problema ha tenido efectos concretos en la vida diaria de Alfonso Torres.
La falta de la PGU ha significado postergar gastos, tratamientos y decisiones importantes. “Hemos tenido que dejar de hacer cosas básicas. Incluso se ha pensado en vender la casa”, contó Catalina Torres.
El propio afectado vincula directamente la situación con el deterioro de su salud. “Todo esto me altera. Yo tengo problemas cardíacos, diabetes, complicaciones renales. El estrés me ha llevado incluso a tener que consultar al médico”, señaló. “Si yo no tuviera el apoyo de mi familia, no sé qué habría pasado”.
Felipe Torres, hijo del afectado, coincidió en que el impacto ha sido profundo. “La calidad de vida cambió completamente. Antes podían salir, ahora dependen más de nosotros. Para el Estado, esto no debería pasarle a personas que trabajaron toda su vida”, dijo en conversación con El Desconcierto.
La familia también plantea que el caso revela una falla estructural en la coordinación entre instituciones públicas.
“Todos se pasan la responsabilidad. ChileAtiende dice que es la PDI, la PDI dice que ellos no pueden, la Superintendencia se remite a la norma. Nadie se hace cargo”, resumió Catalina Torres.
A más de un año y medio del inicio del problema, la situación sigue sin resolverse.
La PGU continúa rechazada y el certificado de viajes sin corrección. Mientras tanto, Alfonso Torres espera que, al menos, alguien revise en conjunto los antecedentes que ha reunido.
“Lo único que pido es que lean mis papeles. Que los revisen y comprueben que yo estuve en Chile todo este tiempo”, concluyó.
