Perros con ladridos constantes afectaron la salud de adulta mayor: Corte ordenó medidas y fiscalización municipal
El conflicto se originó en un sector residencial de Hualpén, donde una mujer adulta mayor comenzó a ver afectada su salud física y síquica por los ladridos constantes del perro de una vecina.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el ruido, que se repetía de forma permanente, le provocó problemas de descanso, ansiedad y un deterioro en su calidad de vida, situación que no logró resolverse por la vía vecinal y que terminó siendo llevada a tribunales mediante un recurso de protección.
El caso fue conocido por la Corte de Apelaciones de Concepción, que en fallo unánime acogió la acción constitucional.
La Quinta Sala, integrada por los ministros Claudio Gutiérrez Garrido, César Panés Ramírez y Rafael Andrade Díaz, calificó el actuar de la recurrida como una forma de “violencia sorda”, señalando que la exposición constante a ruidos molestos afecta el descanso, genera estrés y ansiedad y puede agravar patologías preexistentes, especialmente en personas de avanzada edad.
La resolución sostuvo que esta situación vulnera el derecho a la salud y a una vida digna, destacando que la recurrente pertenece a un grupo de especial protección constitucional.
El tribunal explicó que, si bien la Ley 21.020 protege a las mascotas, también exige una tenencia responsable, lo que implica adoptar medidas para evitar molestias o daños a terceros.
Al ponderar los derechos en conflicto, la Corte concluyó que debe prevalecer el derecho fundamental a la integridad y la vida digna de una persona adulta mayor por sobre la simple tenencia de un animal que está causando una afectación grave a su salud.
Por ello, declaró ilegal y arbitraria la conducta de la recurrida.
En lo resolutivo, se ordenó a la dueña del perro adoptar medidas necesarias y eficaces para que su mascota no continúe perturbando la tranquilidad y la salud de la vecina, incluyendo acciones para modificar su comportamiento y, si es necesario, aislamiento acústico.
Además, se dispuso que la Municipalidad de Hualpén fiscalice el cumplimiento de lo ordenado y remita un informe al tribunal.
