Revelan tala ilegal de 162 árboles en predio fiscal y transporte de madera en barcaza municipal sin autorización en Tortel
Una inspección en terreno realizada por la Contraloría Regional de Aysén reveló graves irregularidades ambientales y administrativas en un predio fiscal ubicado en la comuna de Tortel, donde se identificó la tala no autorizada de al menos 162 árboles vivos.
La indagación, desarrollada en coordinación con la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y con apoyo logístico de la Armada de Chile, permitió acceder a sectores de difícil conectividad en el fiordo Steele para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
Entre las especies afectadas se registra el Coihue, Mañío y Canelo, las cuales están protegidas bajo la Ley de Bosque Nativo (Ley 20.283).
El operativo estuvo encabezado por el contralor regional, Ricardo Hevia, y se centró en un terreno ubicado en Caleta Buzeta, arrendado a un particular.
Allí se confirmó la tala ilegal. Además, la inspección evidenció que la Seremi de Bienes Nacionales de Aysén no comunicó a Conaf la extracción de madera de Ciprés muerto desde el mismo predio, hecho catalogado como una omisión administrativa significativa.
Irregularidades del municipio
Durante la fiscalización se detectaron también irregularidades vinculadas a la Municipalidad de Tortel. La Contraloría constató que la barcaza Aiheloc fue utilizada para transportar madera en un viaje autorizado por el entonces alcalde, sin contar con la reglamentación requerida ni una justificación de carácter funcional.
A ello se suma que la embarcación fue operada por el hermano del exedil, lo que vulnera el principio de probidad administrativa.
Las observaciones incluyeron además a las municipalidades de Tortel y Cochrane, que realizaron compras de madera sin Guías de Libre Tránsito, sin planes de manejo válidos y, en ciertos casos, mediante trato directo sin los contratos ni actos administrativos exigidos, superando incluso el límite de 100 UTM.
La Contraloría también identificó pagos sin respaldo documental y multas impagas a proveedores por incumplimientos contractuales.
Frente a estas irregularidades, la Contraloría Regional de Aysén instruyó un sumario para establecer eventuales responsabilidades administrativas y remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público, dando curso a posibles acciones legales.
