La historia de la TENS que cuidó a otros en pandemia y hoy clama por ayuda y atención médica: INDH denuncia abandono estatal
En enero de 2022, cuando el sistema hospitalario aún intentaba sostenerse ante la ola de contagios, una técnico en enfermería del Hospital Regional de Iquique contrajo COVID-19 mientras atendía en la urgencia a pacientes graves.
Su caso fue reconocido como enfermedad profesional por el Instituto de Seguridad Laboral (ISL), bajo la Ley 16.744, pero lo que siguió fue una sucesión de diagnósticos erráticos, licencias rechazadas y atenciones médicas incompletas que, tres años después, todavía no se resuelven.
“Yo estaba trabajando en el sector COVID cuando me contagié”, relató en entrevista con El Desconcierto.
“A los pocos días empecé con fiebre y una cefalea insoportable. Me dieron el reposo, pero después de eso nunca más volví a ser la misma. Perdí fuerza, equilibrio y memoria. Desde entonces no puedo caminar bien ni hablar como antes”.
Su cuadro fue empeorando a medida que el ISL interrumpía sus controles médicos y demoraba la autorización de exámenes básicos.
“El doctor pidió un escáner y no lo pagaron. Cuando el especialista enfermó, nunca me designaron otro. Me dejaron sola, sin tratamiento y sin seguimiento”, explicó.
Una sentencia que parecía un alivio
En marzo de 2025, la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales y Mario Carroza, junto a la abogada integrante María Angélica Benavides, acogió el recurso de protección presentado contra el ISL.
El máximo tribunal determinó que la institución actuó de manera arbitraria e ilegal al cerrar su cobertura médica sin descartar, con evidencia científica, que los síntomas fueran secuelas del COVID-19 laboral.
El fallo revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique y ordenó el reingreso de la trabajadora a las prestaciones médicas, además de una nueva evaluación clínica enfocada en cuatro diagnósticos: trastorno funcional de la marcha, trastorno cognitivo multidominio, trastorno somatomorfo severo y parkinsonismo post COVID.
La sentencia recordó que el artículo 29 de la Ley 16.744 obliga a mantener las prestaciones “hasta la curación completa o mientras subsistan los síntomas derivados de la enfermedad profesional”.
Para la Corte, el ISL no cumplió con ese deber. “Los informes psiquiátricos y neurológicos omitieron descartar si los síntomas residuales eran consecuencia del long COVID diagnosticado, sin justificar la exclusión de dicha hipótesis”, señala el fallo redactado por Benavides Casals.
Pero lo que debía ser un punto de inflexión no se materializó.
“El fallo no se ha cumplido”
En los meses siguientes, el ISL no reabrió efectivamente la cobertura ni realizó los nuevos exámenes ordenados por la Corte.
Por el contrario, dictó la Resolución 404 del 1 de septiembre de 2025, donde ratificó su alta médica y fijó en 0% su incapacidad permanente.
La decisión motivó la reacción del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Tarapacá, que intervino en defensa de la trabajadora y ofició a la Seremi de Salud para exigir una revisión completa del caso.
“Nos parece que aquí hay una vulneración grave a los derechos humanos”, afirmó la abogada Lorena de Ferrari, del INDH, en conversación con El Desconcierto.
“La Corte Suprema ordenó reevaluar a la trabajadora y el ISL respondió con la misma conclusión anterior, sin nuevos exámenes y sin considerar las secuelas neurológicas que ella presenta. Eso no es cumplir un fallo”.
En su oficio, el INDH pidió que se revisara la resolución de incapacidad permanente a la luz de los informes médicos acompañados, solicitando expresamente una nueva evaluación bajo la Ley 16.744.
Entre las observaciones incluidas, la abogada destacó la contradicción entre el 70% de discapacidad que el Compin reconoció por la Ley de Discapacidad y el 0% de incapacidad laboral fijado por el ISL.
“Esa diferencia no resiste análisis”, dijo De Ferrari. “Una persona con discapacidad severa, que no puede trabajar ni caminar sin ayuda, no puede tener simultáneamente un 0% de incapacidad”.
Las preguntas del INDH a la Seremi de Salud
En su oficio del 1 de septiembre, el INDH dirigió una batería de preguntas al Ministerio de Salud, evidenciando las omisiones en el tratamiento del caso. Entre ellas:
Si se "evaluaron las secuelas psicológicas" derivadas del contagio y del contexto de trabajo en pandemia.
Si se analizó la posibilidad de un "trastorno de estrés postraumático", considerando la exposición a la muerte constante y al miedo al contagio.
Cuáles fueron las "pruebas clínicas" que el ISL utilizó para concluir que la trabajadora no tenía secuelas de long COVID ni parkinsonismo.
Cómo es posible asignar "0% de incapacidad" a una persona con diagnóstico de daño neurológico y cognitivo persistente.
Si la usuaria "tuvo que costear tratamientos y exámenes de manera particular", y cuántos de ellos quedaron fuera de cobertura.
El documento también adjuntó un extracto de un artículo científico internacional que advierte sobre la alta prevalencia de estrés postraumático y depresión entre trabajadores de salud que estuvieron en primera línea.
“Los ‘long haulers’ o pacientes de COVID prolongado tienen más probabilidades de desarrollar trastornos neurológicos o psicológicos, pero muchos no buscan ayuda por miedo al estigma o por falta de acceso a servicios”, cita el oficio.
De Ferrari explicó que el objetivo del INDH no es solo lograr que se cumpla el fallo judicial, sino visibilizar una falla estructural: “Después de la pandemia, hay decenas de trabajadores del sistema público con secuelas físicas y mentales que quedaron abandonados. Este caso demuestra cómo el Estado los desprotege incluso después de reconocer oficialmente su enfermedad laboral”.
“Estoy cansada de pelear sola”
Para la afectada, la situación es desesperante. “Yo sigo enferma y no tengo ayuda. Perdí movilidad, me cuesta hablar, me olvido de las cosas”, dijo.
“He presentado más de treinta reclamos a Suseso y nadie responde. El hospital está obligado a asesorarme, pero no ha hecho nada. Me dejan sola, como si no existiera”.
Según relató, el ISL no ha reembolsado los gastos médicos de los tratamientos particulares que ha debido pagar.
“He gastado más de diez millones de pesos. Ni siquiera me devolvieron los exámenes que la Corte ordenó repetir. Me dicen que mi enfermedad es psiquiátrica, otros que es neurológica, y así se pasan la pelota”, afirmó.
La trabajadora cuenta que, incluso tras el fallo de marzo, un psiquiatra del ISL le sugirió “volver a trabajar y quedarse en un rinconcito hasta que el director vea que no puede”.
“Cuando me dijo eso me sentí una bolsa de basura”, recordó. “Tengo 62 años, vivo sola, no puedo trabajar y no tengo pensión. Ya no me queda más que esperar que el INDH logre algo”.
Un nuevo recurso en la Corte Suprema
Ante el incumplimiento, se presentó en julio de 2025 un nuevo recurso de protección contra la Superintendencia de Seguridad Social y la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Tarapacá, buscando que se obligue al ISL a ejecutar la sentencia de marzo.
“El problema es que la Corte de Apelaciones consideró cumplida la sentencia con el simple informe del ISL, y eso es inaceptable”, explicó Lorena de Ferrari.
“Para el tribunal bastó con que el ISL dijera ‘ya reevaluamos’, aunque no haya hecho exámenes nuevos ni considerado el long COVID. Por eso insistimos: no se ha cumplido el fallo”.
Una deuda con quienes enfrentaron la pandemia
El caso refleja una contradicción profunda entre el reconocimiento legal de los derechos de los trabajadores de la salud y la realidad de su ejecución.
“Durante la pandemia todos los aplaudían, pero ahora, cuando enferman, el Estado les da la espalda”, sostuvo De Ferrari.
“La ley es clara: el ISL debe atenderlos hasta su total restablecimiento. No basta con declarar que se encuentran bien cuando las secuelas siguen afectando su vida cotidiana”.
Mientras el nuevo recurso sigue en trámite ante la Corte Suprema, la situación permanece sin solución. La trabajadora sobrevive con tratamientos particulares y sin apoyo institucional.
“Solo quiero que cumplan la ley”, expresó. “Dediqué mi vida a cuidar a otros, ahora solo pido que el sistema no me abandone”.
