34 vecinos denunciaron a ambulantes que ocupaban veredas y generaban riñas en Viña: Suprema ordena impedir su instalación
En el corazón de Viña del Mar, la avenida Valparaíso se ha convertido en un escenario de disputa entre comerciantes establecidos, vecinos y autoridades.
Lo que en algún momento fue un espacio de paseo comercial tradicional, con locales reconocidos y edificios de valor histórico, en los últimos años se ha visto copado por el comercio ambulante ilegal, una situación que terminó escalando hasta llegar a la Corte Suprema.
Un grupo de 34 locatarios y residentes del plan de Viña del Mar presentó un recurso de protección para exigir a las autoridades locales y regionales medidas concretas que impidan la instalación de vendedores informales.
Según relataron en el fallo judicial, el problema no solo generaba pérdidas económicas y riesgo de cierre de negocios, sino también un deterioro profundo en la seguridad, el libre tránsito y la salubridad del entorno.
El caso primero fue resuelto por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que acogió el recurso, y posteriormente confirmado por la Corte Suprema.
Los recurrentes señalaron que la situación había alcanzado niveles críticos. Muchos de ellos son propietarios de inmuebles de alto valor cultural en la avenida Valparaíso y destacaron que sus locales generan empleos directos e indirectos.
Sin embargo, explicaron que las veredas se encontraban invadidas por comerciantes ambulantes que instalaban sus puestos desde tempranas horas, dificultando el ingreso a tiendas y viviendas, obstruyendo estacionamientos y transformando el lugar en un foco de inseguridad.
La Corte Suprema ratificó lo resuelto por la Corte de Apelaciones, ordenando a la Municipalidad de Viña del Mar, la Delegación Presidencial Regional, la SEREMI de Seguridad Pública y la SEREMI de Salud adoptar “medidas concretas, suficientes y eficaces tendientes a evitar la futura instalación de comercio ilegal” en esa zona.
Los comerciantes y vecinos: la denuncia de una crisis prolongada
Los testimonios presentados en el recurso de protección coincidieron en que la avenida Valparaíso había dejado de ser un espacio seguro y ordenado para transformarse en un pasillo improvisado de ventas ilegales.
Describieron situaciones diarias: venta de alimentos sin control sanitario, uso de muros de establecimientos como percheros, música y ruidos a alto volumen desde temprano, suciedad acumulada tras la retirada de los puestos, ausencia de baños públicos y riñas frecuentes que aumentaban la sensación de inseguridad.
Incluso, denunciaron que algunos de esos puestos encubrían microtráfico de drogas, robos y hurtos, lo que configuraba un panorama de riesgo para toda la comunidad.
Las consecuencias económicas también fueron detalladas: reducción drástica de ventas, cierre de locales por falta de clientes y competencia desleal, ya que los vendedores ambulantes no pagan impuestos ni cumplen con normativas municipales.
“Este escenario no solo amenaza el orden público, la salud y el libre tránsito, sino también el derecho a desarrollar actividades lícitas en igualdad de condiciones”, planteaba el recurso.
Los comerciantes recordaron que habían invertido sumas importantes en sus negocios, en algunos casos por décadas, y que el avance del comercio ilegal ponía en riesgo esas inversiones.
Se trataba, además, de locales que daban vida al patrimonio arquitectónico de la ciudad, que hoy se veían perjudicados por la falta de fiscalización.
En la acción judicial se alegó la vulneración de múltiples derechos constitucionales: la integridad física y psíquica de los vecinos, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a desarrollar actividades económicas, el trato igualitario en el ámbito económico, el derecho de propiedad y la esencia misma de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
Las defensas de las instituciones
La Municipalidad de Viña del Mar sostuvo ante la Corte que había desplegado una estrategia integral contra el comercio informal.
Aseguró que entre 2022 y mayo de 2025 se realizaron 1.153 operativos de fiscalización y se decomisaron más de 276 mil productos, de los cuales un 41% se concentró en la avenida Valparaíso.
También expuso la creación de la Dirección de Seguridad Pública, la dictación de ordenanzas municipales específicas, el aumento en la dotación de personal de seguridad de 80 a 161 funcionarios, la adquisición de vehículos, drones y sistemas de televigilancia, además de la coordinación con Carabineros, PDI y otros organismos estatales.
El municipio destacó que había ejecutado proyectos por más de 3.500 millones de pesos para la recuperación de espacios urbanos y patrimoniales, incluyendo el mejoramiento del paseo Valparaíso, y que promovía alternativas formales de comercio para organizaciones de emprendedores.
A su juicio, no había existido omisión ilegal ni arbitraria, sino que un esfuerzo constante aunque insuficiente para erradicar por completo el fenómeno.
Por su parte, la Delegación Presidencial y la SEREMI de Seguridad Pública argumentaron que sus competencias son de carácter estratégico y coordinador, sin jefatura operativa sobre Carabineros ni la PDI.
Detallaron que habían desarrollado planes como “Recuperando Calle Valparaíso” y “Turismo Seguro”, además de operativos con drones, rondas de impacto y decomisos.
Presentaron cifras que daban cuenta de un aumento de detenciones por delitos de mayor connotación social y una reducción de casos policiales vinculados al comercio ilegal entre 2022 y 2025.
La SEREMI de Salud, en tanto, señaló que había emitido oficios alertando al municipio sobre la presencia de comercio informal y que sus atribuciones se limitaban a materias sanitarias específicas.
Reconoció haber participado en reuniones de coordinación, pero explicó que el control directo de vendedores callejeros corresponde a la municipalidad.
Carabineros también entregó información, indicando que durante 2025 no se habían recibido denuncias formales en la comisaría respecto al comercio ilegal en ese sector, aunque reconoció la implementación de patrullajes preventivos y planes operativos focalizados en la avenida Valparaíso, con un aumento del 126% en fiscalizaciones y un 147% en controles de identidad.
El fallo judicial y la confirmación de la Corte Suprema
Tras analizar los antecedentes, la Corte de Apelaciones de Valparaíso concluyó que, pese a las acciones desplegadas por las autoridades, estas habían resultado insuficientes e ineficaces.
“Es posible constatar que este escenario se mantiene y que las acciones que describen las recurridas han resultado insuficientes e ineficaces para controlar el orden público en el sector aludido, sin que las autoridades puedan excusarse en una supuesta falta de recursos”, estableció el tribunal.
El fallo ordenó a todas las entidades recurridas a “proceder a adoptar medidas concretas, suficientes y eficaces tendientes a evitar la futura instalación de comercio ilegal en el sector mencionado, por sí y/o en colaboración o coordinación con las distintas instituciones que deban participar en la prevención y erradicación de esta clase de comercio ilegal en la zona”.
La sentencia fue pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por la ministra suplente Leonor Alicia Cohen y la abogada integrante Pamela Viviana Prado.
En su decisión, la Corte citó jurisprudencia previa, como los fallos sobre el Mercado El Cardonal (2019) y la Plaza Aníbal Pinto (2022), donde se había resuelto en sentido similar frente a problemáticas de comercio informal.
Además, recordó que la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades imponen a las autoridades la obligación de actuar coordinadamente y velar por el orden público y la seguridad de la población.
La ministra Figueroa, sin embargo, estuvo por rechazar el recurso. En su voto disidente sostuvo que las instituciones sí habían desplegado medidas de control —reuniones de coordinación, patrullajes, detenciones e infracciones— y que no podía exigirse la eliminación definitiva del comercio ambulante ilegal, dado que eso depende de recursos y políticas públicas a nivel general.
“Si bien ello no resulta suficiente para eliminar definitivamente, como al parecer lo pretende quien recurre, las faltas y delitos en calle Valparaíso de Viña del Mar, dan cuenta de que en dicha área se han adoptado medidas para controlarlos y disminuirlos”, argumentó.
El caso llegó finalmente a la Corte Suprema. La Tercera Sala, compuesta por la ministra Adelita Ravanales, el ministro Jean Pierre Matus, la ministra suplente Eliana Quezada y las abogadas integrantes María Angélica Benavides y Andrea Paola Ruiz, confirmó íntegramente el fallo.
Con esta decisión, el máximo tribunal dejó en claro que la Municipalidad de Viña del Mar, junto a la Delegación Presidencial y las SEREMI de Salud y Seguridad Pública, deben trabajar en conjunto para garantizar el orden en una de las principales arterias comerciales de la ciudad, protegiendo los derechos de comerciantes y vecinos afectados por una problemática que, de acuerdo con los jueces, no puede seguir siendo tolerada bajo la excusa de falta de recursos o competencias.
