Una mujer de 31 años se preparaba para cumplir su sueño de viajar al extranjero por primera vez. Había comprado pasajes a Punta Cana, en República Dominicana, reservado el hotel y organizado que sus familiares cuidaran de sus hijas durante su ausencia.
Todo estaba listo hasta que, al acudir al Registro Civil de Villa Alemana para tramitar su pasaporte, un funcionario le informó que no podía obtenerlo porque figuraba en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
El impacto fue inmediato. La mujer, que tiene la tuición legal de sus hijas, no podía comprender cómo era posible aparecer en dicho registro.
Junto a su abogada, descubrieron que su RUT había sido ingresado por error en una causa judicial de un hombre que efectivamente debe pensión de alimentos.
“En una causa del Poder Judicial aparece por error el RUT de ella en vez del del verdadero deudor”, explicó la abogada a Las Últimas Noticias (LUN).
La situación resultó aún más grave cuando la afectada recibió un correo electrónico que advertía que ese hombre tenía medidas de apremio, lo que significa que existía una orden de arresto en su contra.
“Yo podría haber comprado un pasaje para Brasil, que no requiere pasaporte, y me habrían arrestado en el aeropuerto”, relató la mujer en conversación con LUN.
La abogada cuestionó la cadena de errores cometidos en el proceso: “Un juez aprobó la mediación, después aprobó las liquidaciones y culminó con el envío al registro de deudores. O sea, pasó por tres jueces, tres jueces que revisaron y no notaron que el RUT no coincidía con los documentos”, dijo a LUN.
Según lo indicado por la defensa, el error se originó en la mediación realizada en Viña del Mar, donde un funcionario judicial confundió el RUT de la mujer con el del deudor real.
Como ese hombre acumuló tres meses de deuda y fue liquidado, además de que la madre de la niña acreedora pidió apremios, la afectada terminó inscrita en el registro como si fuera ella la morosa.
La abogada presentó un recurso de queja ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, acusando falta de prolijidad en el actuar judicial.
“No es un caso aislado. A nivel nacional estamos viendo errores, confusiones y situaciones que afectan gravemente la vida de las personas. El Poder Judicial no valora la importancia que tienen sus actos”, señaló en LUN.
“Un juez aprobó la mediación, después aprobó las liquidaciones y culminó con el envío al registro de deudores. O sea, pasó por tres jueces, tres jueces que revisaron y no notaron que el RUT no coincidía con los documentos”, dijo a LUN.
