Falta de presupuesto pone en riesgo la protección de parques y reservas naturales de Chile, advierte informe
El Balance Ambiental 2025 de Fundación Terram, titulado “Ambientalmente fuera de servicio”, dedica uno de sus capítulos al estado de las áreas protegidas en Chile, poniendo el foco de atención en las persistentes deficiencias presupuestarias que afectan a la conservación de estos espacios y que comprometen su correcta gestión.
En el caso de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) administradas por CONAF, el proyecto de Ley de Presupuestos 2026 asigna $23.100 millones, lo que representa un aumento marginal de solo 0,8% respecto de 2025. Este incremento se explica principalmente por un alza en los ingresos operacionales —que provendrían mayoritariamente de la venta de entradas— que alcanzan $12.677 millones, mientras que el aporte fiscal disminuye un 3,9%, llegando a $10.423 millones. En la práctica, el financiamiento estatal directo representa apenas el 45% del presupuesto total y cubre solo el 56,5% del gasto en personal.
El capítulo del informe advierte que esta estructura profundiza las brechas históricas de un sistema hasta ahora administrado por CONAF y que resguarda 18,8 millones de hectáreas, distribuidas en 46 parques nacionales, 45 reservas nacionales y 19 monumentos naturales. Una de las señales más claras de esta precariedad es la caída sostenida del presupuesto por hectárea protegida, que pasó de US$ 2,26 en 2017 a solo US$ 1,26 en la actualidad.
Estas limitaciones se evidencian en situaciones críticas como la ocurrida en el Parque Nacional Torres del Paine, donde una combinación de condiciones climáticas extremas, deficiencias preventivas y problemas de coordinación institucional derivaron en la muerte de cinco turistas extranjeros, hecho que aún se encuentra en investigación y que, según el capítulo, refuerza la urgencia de revisar protocolos y capacidades del Estado en la administración de áreas protegidas.
SBAP: más recursos, pero aún insuficientes
El capítulo también analiza el financiamiento del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), cuya entrada en operación está programada para el 1 de febrero de 2026. Para esta fecha, el presupuesto asignado asciende a $17.393 millones, un aumento de 37% respecto del vigente, explicado principalmente por el incremento del gasto en personal, que permitiría alcanzar una dotación máxima de 380 funcionarios y funcionarias.
Sin embargo, el Balance Ambiental de Terram subraya que estos recursos siguen siendo muy inferiores a las estimaciones realizadas por la propia Dirección de Presupuestos (DIPRES), que proyectó para el tercer año de funcionamiento del SBAP necesidades adicionales por $35.831 millones (valores 2026). Esta brecha plantea serias dudas sobre la capacidad real del nuevo servicio para cumplir su mandato legal de conservación de la biodiversidad y gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Áreas marinas y humedales
En el ámbito marino, la situación resulta igualmente preocupante. El presupuesto propuesto para las Áreas Marinas Protegidas (AMP) alcanza $313.503 millones para 2026, lo que implica una reducción del 18% respecto del año anterior. En tanto, los recursos destinados a la gestión de humedales se mantienen sin variaciones, en $127.869 millones. Para Fundación Terram, esta reducción y estancamiento reflejan la persistencia de brechas estructurales en la conservación de ecosistemas marinos y humedales, justo cuando se espera el traspaso definitivo de estas competencias al SBAP, esta situación plantea serias dudas sobre el compromiso real del gobierno de Boric para fortalecer la capacidad de este servicio.
Avances y tensiones en nuevas áreas protegidas
Durante 2025 se declararon bajo protección oficial 11 nuevas unidades, todas correspondientes a humedales urbanos, que en conjunto suman 3.592 hectáreas. A esto se suma la reciente declaración de la cuenca del Río Mapocho y la Laguna Aculeo, dos nuevos humedales urbanos declarados en 2026.
Asimismo, se mantiene la controversia en torno al Parque Nacional Desierto Florido, creado en 2023 con más de 57 mil hectáreas, y que actualmente enfrenta reclamaciones judiciales por parte de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), la cual presentó ante el Ministerio de Bienes Nacionales una solicitud formal para invalidar la creación del parque nacional.
Sitios prioritarios
En abril de 2024, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) inició el proceso de actualización de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, en cumplimiento del artículo octavo transitorio de la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). En este procedimiento se seleccionaron 99 sitios de un total de 330 identificados en la Estrategia Nacional y las Estrategias Regionales de Biodiversidad.
A comienzos de septiembre de 2025, el MMA publicó los decretos que definían la selección de sitios para tres macrozonas —norte, centro y sur—, los que debían ser sometidos a consulta pública. No obstante, el proceso generó cuestionamientos por la exclusión de sitios considerados emblemáticos, la fragmentación de los efectos jurídicos en distintos instrumentos de conservación y la escasa información técnica disponible.
En este contexto, el proceso fue suspendido por el Ministerio del Medio Ambiente, sin que se aclararan públicamente los criterios de selección ni los efectos jurídicos asociados a los Sitios Prioritarios, pese a tratarse de un mandato establecido en la Ley SBAP.
Según Pablo Madrid, investigador de Fundación Terram, “La falta de información pública sobre los criterios de selección y la escasa claridad sobre los efectos jurídicos que establece la selección de los Sitios Prioritarios dejaron el flanco abierto para que gremios empresariales, como SONAMI, instalaran una narrativa de amenaza económica durante este proceso. Ante la tensión, el MMA prefirió suspender el procedimiento antes que defender la base técnica y jurídica del mandato establecido en la Ley SBAP."
El capítulo dedicado a Áreas Protegidas concluye que, pese a los avances puntuales, el principal desafío sigue siendo asegurar un financiamiento estable, suficiente y coherente con la magnitud del patrimonio natural que el Estado busca proteger.
